La congresista republicana por Florida María Elvira Salazar publicó este viernes un video en X en el que exige que los más de 500,000 venezolanos que se encuentran en un limbo migratorio en Estados Unidos puedan quedarse en el país con permiso de trabajo y protegidos de deportaciones mientras avanza la transición democrática en Venezuela.
"Mientras Venezuela se estabiliza, debemos permitir que se queden aquí, con permiso de trabajo y protegidos de deportaciones. La realidad es clara: Venezuela aún no es segura para regresar", afirmó Salazar en el video.
La legisladora reconoció que Nicolás Maduro está preso y "va a pasar el resto de sus días en una cárcel federal", pero advirtió que eso no significa que el país caribeño sea seguro para el retorno de sus ciudadanos.
"En el interim hay 500 mil venezolanos viviendo en el país que en este momento están en un limbo migratorio porque no tienen TPS", señaló Salazar, usando las siglas en inglés del Estatus de Protección Temporal.
El video se publicó dos días después de que la propia Salazar firmara una petición de descargo para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre la Ley TPS Venezuela (H.R. 3310), una iniciativa bipartidista que propone extender el programa por 18 meses adicionales.
El trasfondo de sus declaraciones es una crisis legal que arrastra a entre 500,000 y 600,000 venezolanos desde que la administración Trump canceló el TPS en enero de 2025, argumentando una mejora de condiciones en Venezuela.
La Corte Suprema autorizó en octubre de 2025 la implementación de esa cancelación para más de 300,000 venezolanos, suspendiendo fallos previos que la bloqueaban.
En enero de 2026, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito declaró ilegal la cancelación, pero la Corte Suprema mantiene su autorización de implementación, dejando el destino legal de estos migrantes en una montaña rusa judicial.
Las fechas de vencimiento del TPS son escalonadas: septiembre de 2025 para quienes obtuvieron el estatus en 2021, y abril de 2026 para los beneficiarios de 2023.
El Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin del TPS el 4 de enero de 2026, un día después de la captura de Maduro, argumentando que Venezuela ya era "estable" y que los migrantes podían regresar.
Sin embargo, analistas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) señalan en marzo de 2026 que, a dos meses de la salida de Maduro, persisten las estructuras autoritarias del chavismo y la transición democrática no está garantizada.
Salazar, que representa el distrito FL-27 donde residen más de 40,000 venezolanos, enmarcó su postura en la lógica de la transición y no en una defensa irrestricta de la inmigración, lo que le otorga cobertura política dentro del Partido Republicano.
El juicio contra Maduro avanza en paralelo: el pasado jueves, el juez Alvin Hellerstein rechazó en Nueva York la moción de la defensa para desestimar los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas, todos con posible cadena perpetua.
"Yo soy la primera que está defendiendo los derechos de esos venezolanos que quieren regresar al país pero que todavía no pueden, porque el proceso de recuperación y de transición está en el proceso. Por eso cuenten conmigo, que yo estoy con ustedes", concluyó Salazar.
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