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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó este viernes la Licencia General 134B de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que extiende hasta el 16 de mayo la autorización para completar transacciones de petróleo ruso ya cargado en buques antes de la entrada en vigor de las sanciones.
La medida, como sus versiones anteriores (134 y 134A), no levanta las sanciones contra Moscú, sino que establece una ventana técnica para evitar disrupciones en el mercado energético global.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, defendió la decisión señalando que el crudo ya estaba en tránsito y que su comercialización no generaría beneficios financieros relevantes para Rusia.
Desde el punto de vista legal, el mecanismo es preciso. Pero su aplicación reciente revela algo más profundo: las sanciones estadounidenses no funcionan como un sistema automático, sino como una herramienta flexible, sujeta a decisiones políticas de alto nivel.
La clave está en la versión 134A, emitida el 19 de marzo, que introdujo una cláusula explícita: la exclusión de Cuba. Esa disposición bloquea cualquier transacción bajo jurisdicción estadounidense —incluyendo bancos y aseguradoras— que involucre petróleo ruso con destino a la isla.
El impacto fue inmediato. El petrolero Sea Horse, con unos 200,000 barriles de diésel ruso, desvió su ruta hacia Trinidad y Tobago pocos días después, en lo que analistas interpretaron como un efecto directo del endurecimiento regulatorio.
Sin embargo, ese patrón se rompió apenas diez días después.
El 30 de marzo, el petrolero ruso Anatoli Kolodkin —propiedad de la naviera estatal Sovcomflot y sancionado por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido— atracó en Matanzas con aproximadamente 730,000 barriles de crudo. Fue el primer gran suministro de combustible a Cuba en más de tres meses.
El envío no se amparó en la licencia de OFAC. De hecho, esa licencia lo excluía explícitamente. Fue posible por una decisión política directa de la administración de Donald Trump, que optó por no impedir la operación.
“Si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba, no tengo problema con eso”, declaró el mandatario. La Casa Blanca confirmó después que se trató de una evaluación caso por caso, con argumentos humanitarios en medio de una crisis energética severa en la isla.
Esta secuencia expone una contradicción aparente: un marco legal que prohíbe y una decisión política que permite. Pero más que un fallo del sistema, el episodio ilustra cómo funcionan realmente las sanciones.
OFAC define lo que está permitido para actores bajo jurisdicción estadounidense, pero no determina por sí solo lo que ocurre en el terreno. La interdicción de buques, la presión diplomática o la decisión de bloquear un envío concreto pertenecen al ámbito político y estratégico.
En ese plano, Washington parece estar aplicando una lógica de presión controlada: restringir el suministro estructural al régimen cubano sin provocar un colapso abrupto que pueda derivar en una crisis humanitaria o migratoria.
El problema es que esa estrategia tiene costes.
Rusia ha capitalizado el episodio como una victoria política, presentando el envío como una ruptura del “cerco energético”. Y ese efecto podría amplificarse. El petrolero Universal, también de Sovcomflot y sancionado, navega actualmente hacia el Caribe, en lo que sería un segundo envío en menos de un mes.
Si se concreta, la lógica cambia. Un cargamento puede interpretarse como una excepción; dos empiezan a parecer un canal tolerado.
En ese punto, la flexibilidad que hoy permite gestionar la crisis podría convertirse en una grieta en la estrategia de presión. Porque las sanciones, por definición, pierden fuerza cuando dejan de ser predecibles.
En última instancia, el caso demuestra que la política energética de Estados Unidos hacia Cuba no se rige solo por normas, sino por decisiones. Y la pregunta que queda abierta no es si las sanciones pueden doblarse, sino hasta qué punto pueden hacerlo sin dejar de ser efectivas.
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