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La retirada de Sherritt International de Cuba tras las nuevas sanciones de Donald Trump no solo ha disparado las alarmas sobre el futuro de la inversión extranjera en la Isla. También abre una pregunta que hasta hace poco parecía improbable: ¿podrían las hoteleras españolas intentar redefinir su relación con Washington para sobrevivir al nuevo escenario?
La posibilidad empieza a ganar fuerza entre analistas y sectores financieros tras la designación formal de GAESA por parte de Estados Unidos bajo la Orden Ejecutiva 14404.
La medida convierte al conglomerado militar cubano en el centro de la ofensiva económica de la administración Trump y eleva significativamente los riesgos para empresas extranjeras asociadas al turismo cubano.
Hasta ahora, cadenas como Meliá, Iberostar o Barceló habían resistido décadas de tensiones políticas, sanciones estadounidenses y demandas bajo la Ley Helms-Burton. Pero la salida de Sherritt cambió la percepción del riesgo.
La minera canadiense concluyó que seguir operando en Cuba podía poner en peligro su relación con bancos internacionales y comprometer el acceso al sistema financiero global.
Para las hoteleras españolas, cuya actividad depende aún más de pagos internacionales, plataformas de reservas, aseguradoras y corresponsalías bancarias, el mensaje fue claro.
En ese contexto, empieza a emerger un escenario intermedio entre quedarse o abandonar Cuba: aumentar la colaboración y la transparencia ante Washington para intentar reducir exposición sancionatoria.
La estrategia pasaría por aclarar el alcance real de sus contratos con entidades cubanas, transparentar flujos financieros y demostrar una separación operativa respecto de estructuras directamente controladas por GAESA.
El problema es que durante años las operaciones turísticas extranjeras en Cuba han funcionado bajo una fuerte opacidad institucional. Los detalles de los contratos, mecanismos de administración, reparto de ingresos y estructuras societarias permanecen prácticamente fuera del escrutinio público e incluso alejados de auditorías independientes.
Esa falta de transparencia ha sido uno de los puntos más criticados por activistas, organizaciones de derechos humanos y expertos financieros, especialmente por el modelo laboral controlado por el Estado cubano, donde las empresas extranjeras pagan salarios en divisas a agencias estatales y los trabajadores reciben solo una parte mínima en pesos cubanos.
Las nuevas sanciones podrían cambiar parte de esa dinámica.
Si Washington mantiene la presión sobre GAESA y amplía la vigilancia sobre operaciones financieras vinculadas al turismo cubano, algunas cadenas extranjeras podrían verse obligadas a exigir mayores garantías jurídicas y contables para proteger su acceso al sistema bancario internacional.
Sin embargo, ese escenario también colocaría al régimen cubano ante un dilema delicado. Abrir completamente las cuentas y contratos del sector turístico implicaría exponer el funcionamiento interno de uno de los pilares económicos más sensibles controlados por el aparato militar.
Por ahora, ninguna cadena española ha insinuado públicamente un movimiento de ese tipo. Pero tras la salida de Sherritt, la discusión ya no parece imposible.
La pregunta de fondo es si el modelo turístico cubano, construido durante décadas sobre opacidad y control estatal, puede adaptarse a un escenario donde la supervivencia financiera de los socios extranjeros dependa precisamente de mostrar lo que hasta ahora permanecía oculto.
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