Vídeos relacionados:
La salida de Sherritt International de Cuba ha cambiado radicalmente la percepción de riesgo entre las empresas extranjeras que todavía operan en la Isla.
La minera canadiense, considerada durante más de tres décadas uno de los socios internacionales más sólidos del régimen cubano, suspendió esta semana su participación directa en empresas mixtas cubanas tras la nueva ofensiva de sanciones impulsada por el presidente Donald Trump.
El movimiento no solo golpea duramente a La Habana. También envía una señal inequívoca a las hoteleras españolas que continúan apostando por el turismo cubano: Washington parece dispuesto a elevar significativamente el costo financiero de hacer negocios con estructuras controladas por el régimen.
La pieza central de esta nueva estrategia es la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026.
La medida permite sancionar a entidades vinculadas a sectores estratégicos del aparato estatal cubano y, especialmente, introduce sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras que faciliten transacciones relevantes con actores bloqueados.
El paso decisivo llegó el 7 de mayo, cuando Estados Unidos designó formalmente a GAESA bajo esa orden ejecutiva y otorgó a empresas e instituciones financieras extranjeras un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar todas sus operaciones con el conglomerado militar cubano, bajo amenaza de sanciones secundarias.
La decisión convierte al conglomerado militar cubano en el principal objetivo económico de la administración Trump. Y eso afecta directamente al turismo.
GAESA controla buena parte de la infraestructura hotelera de Cuba a través de Gaviota S.A. y de su influencia sobre otras cadenas estatales. En la práctica, gran parte del turismo internacional que entra al país termina generando ingresos para una estructura económica administrada por las Fuerzas Armadas.
Durante años, cadenas españolas como Meliá, Iberostar o Barceló lograron mantener operaciones en Cuba pese al embargo estadounidense, las demandas bajo la Ley Helms-Burton y el progresivo deterioro económico de la Isla. Pero el caso Sherritt demuestra que el nuevo escenario puede ser diferente.
La minera canadiense llevaba décadas sobreviviendo a sanciones, impagos y dificultades operativas. Operaba junto al Estado cubano la mina de níquel y cobalto de Moa y participaba además en Energas S.A., vinculada a cerca del 10 % de la capacidad de generación eléctrica nacional.
Sin embargo, las nuevas medidas estadounidenses alteraron completamente su cálculo de riesgo.
La empresa concluyó que continuar operando en Cuba podía comprometer su acceso al sistema financiero internacional. Las sanciones secundarias contra bancos extranjeros y entidades que mantengan relaciones con empresas bloqueadas colocaron a Sherritt en una posición difícilmente sostenible para una corporación que depende de financiamiento, seguros y operaciones bancarias globales.
Ese precedente debería preocupar especialmente a las hoteleras españolas.
A diferencia de la minería, el turismo depende diariamente de pagos internacionales, reservas digitales, plataformas de viaje, corresponsalías bancarias, seguros y turoperadores internacionales.
Cualquier percepción de riesgo por parte de bancos o socios financieros puede afectar directamente la operatividad de las cadenas.
El problema para empresas como Meliá o Iberostar es que su exposición en Cuba no es marginal. Meliá opera una treintena de hoteles en la Isla y ha mantenido durante décadas una apuesta estratégica por el mercado cubano.
Iberostar también posee una presencia importante en destinos turísticos clave. Pero el negocio de ambas cadenas españolas llega debilitado a esta nueva fase de presión.
La crisis energética, los apagones, la escasez de combustible, el deterioro de servicios y la caída sostenida del turismo ya habían reducido drásticamente la rentabilidad del sector. Varias cadenas hoteleras cerraron instalaciones o consolidaron operaciones durante el último año ante los bajos niveles de ocupación.
Al mismo tiempo, aumenta la presión reputacional sobre las empresas extranjeras que operan en Cuba. Organizaciones de derechos humanos y activistas denuncian desde hace años que el modelo laboral impuesto por el régimen obliga a las cadenas a contratar trabajadores a través de agencias estatales que retienen gran parte de los salarios pagados en divisas.
La designación de GAESA amplifica ahora ese debate.
Las hoteleras españolas enfrentan así un escenario cada vez más estrecho. Permanecer en Cuba implica convivir con un entorno de creciente riesgo sancionatorio, financiero y reputacional. Salir, en cambio, supondría asumir pérdidas, romper contratos y abandonar inversiones construidas durante décadas.
Quedaría la opción de una hipotética colaboración de las hoteleras españolas con la administración Trump para aclarar el alcance de sus acuerdos con el régimen y transparentar una actividad que las autoridades cubanas han mantenido bajo llave y fuera del alcance de hasta las propias auditorías oficiales.
Por ahora, ninguna gran cadena europea ha anunciado una retirada similar a la de Sherritt. Pero el mensaje que deja la minera canadiense es contundente: incluso empresas acostumbradas durante años a operar bajo presión concluyen que el nuevo contexto estadounidense puede volver demasiado costoso seguir apostando por Cuba.
La gran incógnita es si Sherritt será un caso aislado o el primer síntoma de una retirada gradual de inversión extranjera de la Isla.
Para el régimen cubano, la amenaza es seria. El turismo representa una de las principales fuentes de divisas del país y GAESA ocupa el centro de esa estructura.
Si las sanciones logran aumentar el aislamiento financiero de las empresas extranjeras asociadas al conglomerado militar, el golpe económico sobre La Habana podría ser mucho más profundo que el provocado por las restricciones tradicionales del embargo.
Archivado en: