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El III Foro Internacional Antifascista, organizado por el Partido Comunista de la Federación Rusa y celebrado en Moscú entre el 23 y el 26 de mayo, exigió a Estados Unidos cesar sus sanciones contra Cuba y lo que consideró sus «acusaciones arbitrarias» contra Raúl Castro.
El texto -que califica el embargo estadounidense de «acto de terrorismo de Estado contra todo un pueblo»- fue difundido por el Partido Comunista de Cuba a través de su cuenta oficial en redes sociales, apenas días después de que Washington presentara cargos penales federales contra el exdictador cubano.
La declaración exige que las sanciones y las «acusaciones arbitrarias de Washington contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro Ruz, deben terminar de inmediato», y describe la política estadounidense como «el deseo patológico de castigar a países enteros por su elección de camino de desarrollo», calificándola de «irresponsable y criminal».
El foro reunió a representantes de más de 170 partidos y organizaciones de cerca de 100 países bajo la consigna «El imperialismo engendra el fascismo», y funciona como plataforma para articular una red internacional de partidos comunistas y organizaciones afines a Moscú.
La declaración llega como respuesta directa a una escalada sin precedentes de la presión estadounidense sobre Cuba durante mayo de 2026.
El 20 de mayo, el Departamento de Justicia presentó cargos penales federales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves y cuatro cargos de homicidio, y se apoyan en grabaciones de audio de 1996 en las que Castro supuestamente ordena el derribo, documentos desclasificados del FBI y material sobre la llamada «Operación Venecia».
Es la primera vez que un exjefe de Estado cubano enfrenta cargos penales en Estados Unidos.
El fiscal adjunto Todd Blanche anunció que se emitió una orden de arresto y esperaba que Castro compareciera «por su propia voluntad o de otra manera».
Las acciones judiciales se enmarcan en una campaña más amplia: el 1 de mayo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva de «máxima presión» contra La Habana; el 7 de mayo, el Departamento de Estado sancionó a GAESA —el conglomerado militar-económico que controla estimadamente el 40% del PIB cubano— junto a su directiva y a la empresa Moa Nickel S.A.; y el 18 de mayo, el Departamento del Tesoro amplió las sanciones a 11 personas y tres entidades del aparato policial, de inteligencia y político, incluyendo la Policía Nacional Revolucionaria, el Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia (G2).
El régimen cubano calificó la acusación penal de «ilegítima» y «moralmente infame», acusando a Washington de usarla como pretexto político para justificar la escalada, y el Parlamento cubano emitió su propia declaración el pasado miércoles en respuesta a las acciones estadounidenses.
Rusia, aliado histórico y uno de los principales sostenes diplomáticos y económicos de La Habana desde la era soviética, convirtió así su foro antifascista en una plataforma de respaldo explícito a Castro en el momento de mayor presión judicial que ha enfrentado el régimen cubano en décadas.
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