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Cuatro paneles del sistema fotovoltaico del Gabinete #3 del Reparto Micro 7, en Santiago de Cuba, fueron robados el viernes, en el tercer golpe de este tipo contra infraestructura de telecomunicaciones en la ciudad en poco más de un mes.
El hecho fue denunciado públicamente en Facebook por Luis Enrique Torres Almarales, ingeniero de la empresa estatal de telecomunicaciones ETECSA, quien publicó fotografías de la estructura metálica de soporte vacía y los números de serie de los equipos sustraídos.
«Otra vez los honorables delincuentes lo vuelven hacer, llevándose el esfuerzo y el sacrificio de nosotros los trabajadores que nos levantamos temprano todos los días para salir adelante y por el bienestar del pueblo», escribió Torres Almarales.
El ingeniero calificó el robo como «sabotaje que afecta los servicios telefónicos en el área y pérdidas económicas al país».
Es el tercer incidente de este tipo que Torres Almarales denuncia en Santiago de Cuba desde el 1 de mayo. El primero ocurrió ese día, cuando fue sustraído un panel del Gabinete Integral micro 9-2, dejando sin servicio de telefonía fija y Nauta Hogar a más de 560 usuarios durante más de 10 horas nocturnas.
El 30 de mayo, cuatro paneles fueron robados del gabinete #1 del Reparto Flores, junto a la escuela primaria Raúl Pujols Arencibia, dejando sin respaldo energético otro nodo de telecomunicaciones.
El patrón se repite en los tres casos: sustracción nocturna de los paneles completos, dejando únicamente la estructura metálica de soporte.
El fenómeno se extiende por toda la isla. En Holguín, cuatro personas golpearon y ataron al custodio de una estación de bombeo para robar 32 paneles solares. En Granma, fueron sustraídos más de 50 paneles y vigas del Parque Fotovoltaico Juan Pérez II en Niquero. En Las Tunas se acumulan 11 robos de transformadores reportados en lo que va de 2026.
La crisis energética que atraviesa Cuba —con apagones que superan las 20 horas diarias en algunas provincias— ha convertido los paneles solares en activos de alto valor en el mercado negro, donde se revenden para uso doméstico ante la imposibilidad de adquirirlos legalmente.
Torres Almarales apeló a la vigilancia ciudadana para identificar a los responsables: «Alguien debe haber visto algo, no son objetos pequeños que se pueden esconder bajo el brazo».
El ingeniero exigió el máximo rigor legal: «Hay que poner mano dura, meterle cadena perpetua al que cometa actos de este tipo, juicio ejemplarizante y sanciones que no les dé más deseos a ningún delincuente de hacer».
El marco legal existe. El Dictamen 475 del Tribunal Supremo Popular, emitido en mayo de 2025, tipifica estos robos como sabotaje bajo el artículo 125 del Código Penal, con penas de siete a 30 años, privación perpetua de libertad o pena de muerte en casos graves.
A pesar de ello, los robos no cesan. En Ciego de Ávila, tribunales aplicaron condenas de hasta 12 años por sabotaje eléctrico en juicios recientes, y según reportes oficiales, el 100% de los acusados por estos delitos entre enero de 2025 y el primer trimestre de 2026 recibieron penas superiores a 10 años.
«Considero que no se puede normalizar vivir así», concluyó Torres Almarales. «Estamos en economía de guerra y es mucho el esfuerzo que se hace por mantener los servicios vitales que se les brindan a la sociedad».
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