Hay algo profundamente revelador en la última transformación económica anunciada por el régimen cubano.
No es solamente que un gobierno comunista permita banca privada, sociedades por acciones, inversión extranjera en negocios privados, mayor autonomía empresarial y otros mecanismos propios de una economía de mercado.
La cuestión verdaderamente llamativa y que mejor retrata la naturaleza del poder en el sistema totalitario cubano es otra: ¿quién responde cuando las reformas fracasan?
En Cuba la respuesta parece ser siempre la misma: nadie abandona el poder. El Partido Comunista diagnostica el problema, diseña la solución, la aplica, reconoce después sus «distorsiones», diseña otra solución y vuelve a presentarse como la única fuerza capacitada para ejecutarla.
Y los ciudadanos observan el experimento sin disponer del instrumento elemental que tendría una sociedad democrática para juzgar sus resultados: votar por otro gobierno.
Quince años “actualizando” el modelo
Las 176 medidas anunciadas ahora no son el comienzo del giro cubano hacia el mercado. Ese giro lleva años incubándose.
En 2011, bajo la batuta de Raúl Castro, el VI Congreso del PCC aprobó los Lineamientos de la Política Económica y Social. En 2017, el régimen comunista decidió que tocaba una «actualización» de los mismos Lineamientos que habían fracasado en su implementación.
Había que introducir reformas, aceptar determinadas formas de gestión no estatal, conceder espacios al mercado y corregir problemas estructurales, pero sin poner en peligro el socialismo.
Apenas pasado un año de esa decisión, el entonces Castro gobernante y primer secretario del PCC designó a dedo a Díaz-Canel como su sucesor y dio comienzo la gestión de la desastrosa economía emprendida por el gobierno de la llamada «continuidad».
Transcurridos tres meses después de heredar la presidencia, Miguel el «continuador» quiso despejar cualquier duda: «En Cuba no hay, ni habrá, giros capitalistas».
Después vino la Tarea Ordenamiento. Después hubo que «ordenar el Ordenamiento». Después Díaz-Canel reconoció que debían analizar «en qué nos pudimos equivocar» y «qué pudimos haber hecho mal».
La cosa no para ahí. Después llegó la promesa de «rectificar». Después hubo que «corregir distorsiones y reimpulsar la economía». Y ahora tenemos 176 medidas que profundizan considerablemente el papel del mercado, la empresa privada y el capital extranjero.
Actualizar, ordenar, ordenar lo ordenado, rectificar, corregir, reimpulsar y volver a reformar.
Los nombres cambian. El Partido que decide nunca.
El privilegio de equivocarse sin perder el poder
Todo gobierno puede equivocarse. También puede modificar radicalmente su política económica. Rectificar no debería ser motivo de reproche cuando la alternativa consiste en perseverar en un error.
El problema cubano es otro. En una democracia, un gobierno que promete una política, obtiene malos resultados y termina aplicando prácticamente la contraria debe enfrentarse tarde o temprano al juicio de los ciudadanos.
Puede explicar qué salió mal. La oposición puede responsabilizarlo del fracaso y presentar una alternativa. Economistas con programas distintos pueden convertirse en candidatos. Los partidos pueden confrontar proyectos y los ciudadanos deciden cuál quieren probar.
El gobernante puede perder. Y esa última posibilidad cambia todo.
Porque la rendición de cuentas no consiste únicamente en que un presidente reconozca errores en televisión. Consiste también en que exista una consecuencia política posible por haberlos cometido.
En Cuba esa posibilidad está cerrada.
El Partido Comunista puede diseñar el modelo, administrar sus resultados, corregirlo y volver a diseñarlo porque ningún otro partido puede competir electoralmente para sustituirlo en el gobierno.
El PCC tiene así un privilegio extraordinario: puede fracasar sin arriesgar el poder.
Los mismos que crean las «distorsiones» prometen corregirlas
El lenguaje oficial cubano resulta particularmente revelador.
Durante años hemos escuchado hablar de «distorsiones» que deben ser corregidas como si hubieran aparecido espontáneamente en la economía. Pero ¿quién gobernaba cuando se produjeron?
¿Quién diseñó la Tarea Ordenamiento? ¿Quién estableció la tasa de cambio? ¿Quién administró durante décadas el sistema empresarial estatal? ¿Quién decidió qué podía importar un privado, qué podía vender, cuánto podía crecer o con quién podía asociarse?
No fue un gobierno liberal. No fueron empresarios privados. No fue un partido opositor que ganó unas elecciones y aplicó durante cuatro años un programa equivocado.
Fue el mismo Estado dirigido por el mismo Partido Comunista que ahora se presenta ante los cubanos con un nuevo programa para «corregir distorsiones».
La fórmula es extraordinaria: el poder se convierte simultáneamente en autor del problema, juez de sus resultados y responsable exclusivo de la próxima solución.
Capitalismo administrado por comunistas
Y llegamos así a la paradoja de 2026: el régimen necesita más mercado, pero no quiere llamarlo capitalismo.
Necesita capital privado. Necesita inversión extranjera. Necesita empresas no estatales. Necesita incentivos económicos. Necesita mecanismos financieros y empresariales que durante décadas fueron asociados por su propia propaganda con el capitalismo.
Díaz-Canel admite ahora que la recuperación será tarea «de la empresa estatal y la no estatal, junto a otras formas de gestión de la economía». Pero inmediatamente establece desde el poder cuál debe ser el destino de todas ellas: «Enfocados en un fin único: construir el socialismo próspero y sostenible».
Ahí está condensada toda la contradicción: puedes ser propietario privado, invertir capital y operar dentro del mercado, pero el Partido ya ha decidido por ti cuál es el «fin único» del sistema económico en el que participas.
Y por si quedaban dudas sobre quién administrará el experimento, Díaz-Canel lo deja todavía más claro: la actualización continuará «bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba» y «sin renunciar jamás a los principios del socialismo».
El capitalismo puede entrar por la economía. Lo que no puede entrar es la competencia política.
¿Por qué no dejar que los cubanos decidan?
Supongamos que Díaz-Canel tiene razón.
Supongamos que las 176 medidas son exactamente lo que necesita Cuba y que una combinación de mercado, empresa privada y dirección socialista conseguirá finalmente sacar al país de la crisis.
¿Por qué no permitir entonces que ese programa compita con otros? ¿Por qué un economista liberal no puede presentar a los cubanos un proyecto de economía de mercado más profundo? ¿Por qué un socialdemócrata no puede defender otro equilibrio entre Estado y sector privado? ¿Por qué un democristiano, un conservador o cualquier otra corriente política no puede organizarse, formar un partido, presentar candidatos y pedir el voto?
¿Por qué la única discusión permitida consiste en decidir cuánto mercado acepta el Partido Comunista dentro del socialismo? Eso es lo que convierte la cuestión económica en una cuestión esencialmente política.
No se trata de discutir si una sociedad debe tener más Estado o más mercado. Las democracias discuten eso constantemente. Se trata de quién tiene derecho a decidirlo.
En Cuba, el PCC se reserva ese derecho.
El mercado sí puede rectificar al socialismo; las urnas no
La contradicción llega hasta el lenguaje del propio Díaz-Canel.
En 2018 decía: «En Cuba no hay, ni habrá, giros capitalistas». En 2026 dice: «Es un proceso para dinamizar la economía, no para instaurar el capitalismo». Y añade: «No habrá privatización a ultranza».
Ya no estamos ante la negación absoluta del giro. Estamos ante la administración de sus límites: cuánto mercado, cuánta propiedad privada, cuánto capital extranjero, qué puede privatizarse y hasta dónde.
Todo puede discutirse. Excepto quién tiene derecho a tomar esas decisiones.
Díaz-Canel acaba de reafirmar en su propio discurso el «rol de Partido único» del PCC y ha asegurado que este continuará como «celoso guardián» de los intereses del pueblo.
Pero quizá después de tantos experimentos económicos haya llegado el momento de hacer una pregunta más elemental: ¿y quién guarda al pueblo de los errores de su “guardián”?
La rectificación que Cuba nunca puede intentar
Las 176 medidas pueden funcionar o pueden fracasar. Algunas probablemente sean necesarias. Otras pueden resultar insuficientes. El mercado podría mejorar la asignación de recursos en determinadas áreas y la iniciativa privada generar riqueza allí donde el aparato estatal ha demostrado enormes ineficiencias.
Pero existe una reforma que el régimen nunca incluye entre sus experimentos: permitir que los cubanos cambien pacíficamente de gobernantes. Esa sería la verdadera ruptura con la lógica de los últimos 15 años.
Porque Cuba no necesita que sus gobernantes tengan derecho a rectificar. Necesita que sus ciudadanos tengan derecho a reemplazarlos.
Después de los Lineamientos, la actualización, el Ordenamiento, el reordenamiento, las rectificaciones, las distorsiones, el reimpulso y ahora las 176 medidas, el PCC vuelve a pedir otra oportunidad para arreglar una economía que lleva décadas gobernando.
En una democracia, podría pedirla. Y los ciudadanos podrían concedérsela. O podrían decir que no.
Esa segunda opción es precisamente la que el régimen cubano no está dispuesto a poner sobre la mesa.
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