El acuerdo petrolero alcanzado entre Estados Unidos y el gobierno interino de Venezuela no solo abre una nueva etapa para la industria energética de ese país. También introduce una incógnita relevante para la política de Washington hacia Cuba:
¿Puede una estrategia que prioriza primero la estabilización y la recuperación económica terminar produciendo, de manera involuntaria, un incentivo para que los regímenes autoritarios ganen tiempo y conserven el poder?
La pregunta no implica asumir que la administración Trump haya abandonado el objetivo de una transición democrática en ninguno de los dos países. Tampoco existe evidencia que permita afirmar que Washington esté negociando deliberadamente una fórmula para preservar al chavismo o al castrismo.
Pero el acuerdo venezolano obliga a examinar con mayor atención la distancia que puede existir entre la presión ejercida para provocar un cambio político y los arreglos económicos que pueden surgir durante el proceso.
Para el secretario de Estado Marco Rubio, esa diferencia es especialmente importante porque su propia arquitectura política para Venezuela incorporó desde el principio una tercera fase: la transición hacia un Gobierno democráticamente legitimado.
Y en Cuba, aunque el lenguaje ha cambiado y ahora insiste en un proceso de largo alcance, ha seguido sosteniendo que la administración pretende llevar a la isla hacia una transformación irreversible.
El problema para Washington es que los regímenes tienen tiempo. Una Administración presidencial, no.
El cambio de lenguaje de Rubio sobre Cuba importa
El 22 de julio, preguntado directamente si el objetivo estadounidense seguía siendo provocar un cambio de régimen mediante el colapso económico o si una intervención militar continuaba sobre la mesa, Rubio evitó comprometerse con un plazo.
Dijo que Washington estaba dispuesto a ser «muy realista» y «paciente» respecto de un proceso que permitiera a los cubanos alcanzar prosperidad, seguridad y una vida mejor. Añadió que nunca había establecido un calendario sobre cómo o cuándo tendría lugar el cambio y recordó que se trata de un sistema existente desde 1959.
Tres semanas después, el 11 de agosto, fue todavía más explícito. Rubio dijo estar convencido de que, antes del final de la administración Trump, Cuba estaría en una «trayectoria irreversible hacia un futuro muy diferente».
Pero inmediatamente advirtió que no era razonable esperar que un sistema asentado durante 70 años pudiera ser arrancado de un día para otro. Como referencia, mencionó la experiencia de Europa del Este y señaló que países como Polonia necesitaron entre tres y cinco años para completar sus transformaciones.
Ese cambio no equivale necesariamente a una renuncia a la transición. Pero sí rebaja una expectativa que había acompañado a buena parte de la política estadounidense desde enero: el cambio político no parece plantearse ya como un desenlace inmediato, sino como un proceso cuyo éxito deberá medirse por la trayectoria que deje encaminada antes de enero de 2029.
Y esa diferencia puede ser determinante.
Venezuela demuestra lo difícil que es controlar la secuencia
La política diseñada por Rubio para Venezuela tenía una lógica relativamente clara: estabilización, recuperación y transición. La primera fase debía impedir el caos; la segunda reconstruir la economía y facilitar la normalización; y la tercera conducir al país hacia una legitimidad democrática.
La evolución posterior ha hecho visible una dificultad estructural: la recuperación económica puede avanzar mucho más rápido que la transformación institucional.
El acuerdo petrolero es el ejemplo más evidente.
Washington ha alcanzado con el gobierno de Delcy Rodríguez un pacto para desarrollar 17 campos petrolíferos y aumentar la producción venezolana a más de 1,5 millones de barriles diarios.
Rodríguez sostiene que el convenio tendrá una duración de 25 años y que Venezuela podría obtener unos 209.335 millones de dólares tomando como referencia un petróleo de 65 dólares por barril.
Al mismo tiempo, fuentes y medios estadounidenses han descrito estructuras de participación y concesiones de mayor duración, lo que deja dudas que solo podrán resolverse cuando se conozca íntegramente la arquitectura contractual.
El pacto puede ser económicamente beneficioso para Venezuela. Pero políticamente plantea una cuestión diferente: la operación ha avanzado mientras el proceso de democratización permanece incompleto y sin una fecha clara para unas elecciones presidenciales plenamente competitivas.
Ahí aparece el riesgo estratégico.
Si la economía mejora antes de que exista una transformación institucional irreversible, la recuperación deja de ser únicamente un instrumento para la transición. Puede convertirse también en un incentivo para preservar el statu quo.
No porque Washington lo busque necesariamente, sino porque toda inversión genera intereses, y todo interés genera incentivos para la estabilidad.
El mercado también está diciendo algo
La cautela de las grandes petroleras estadounidenses añade otra dimensión a este debate.
Cuando Trump reunió a ejecutivos del sector a comienzos de enero y pidió inversiones masivas para reconstruir la industria venezolana, el presidente de ExxonMobil, Darren Woods, respondió que el país era entonces «inviable para invertir», algo que solo tendría sentido después de importantes cambios en sus estructuras legales y comerciales, protección duradera de las inversiones y modificaciones de las leyes petroleras. Otras compañías también mostraron cautela ante la incertidumbre política y jurídica.
El razonamiento empresarial es bastante sencillo: una compañía que compromete miles de millones de dólares en proyectos cuya recuperación se mide en décadas necesita saber qué gobierno existirá, qué leyes regirán y si los contratos serán respetados por administraciones futuras.
Es una consideración económica, pero también institucional.
Por eso resulta significativo que el acuerdo que finalmente ha tomado forma dependa de una estructura extraordinaria y de actores controvertidos mientras las grandes petroleras continúan avanzando con cautela.
El Financial Times ha destacado el papel de Alejandro Betancourt y las dudas que rodean la estructura de la operación, mientras Associated Press ha señalado que persisten incertidumbres sobre el operador privado, la financiación y la duración de algunos derechos.
Nada de eso demuestra que el acuerdo sea un mecanismo para preservar al chavismo. Pero sí pone de manifiesto algo que debería importar mucho a Washington: la incertidumbre institucional tiene un precio, y el capital privado lo reconoce antes de comprometerse.
La lección para Cuba es «el tiempo»
Aquí conviene evitar una equivalencia excesivamente mecánica.
Cuba y Venezuela no son el mismo problema, ni tienen las mismas estructuras económicas, ni Washington dispone de las mismas palancas en ambos casos. El paralelismo útil es otro: en los dos países existe una estructura política que ha demostrado una extraordinaria capacidad para sobrevivir a la presión externa y adaptar sus mecanismos económicos sin ceder el control político fundamental.
La cuestión para Cuba, por tanto, no es simplemente quién controla un determinado conglomerado económico. La pregunta es mucho más amplia:
¿Puede el régimen conceder suficiente terreno económico, social o diplomático como para convencer a Washington de que existe progreso, mientras conserva las instituciones que garantizan su permanencia?
El riesgo es perfectamente reconocible.
Una liberación parcial de presos puede presentarse como avance. Una apertura económica puede presentarse como reforma. Un diálogo con determinados actores políticos puede presentarse como reconciliación. Nuevas licencias para el sector privado pueden presentarse como apertura.
Y, sin embargo, ninguna de esas medidas equivale por sí sola a elecciones competitivas, pluralismo político, independencia institucional o Estado de Derecho.
El régimen cubano no necesita necesariamente rechazar todas las demandas estadounidenses. Puede intentar administrar las concesiones de modo que la presión disminuya más rápido que el poder político del sistema.
Para una administración con una ventana temporal limitada, ese es un problema particularmente serio.
El reloj de Washington favorece a quien quiere esperar
Las elecciones de medio mandato están previstas para el 3 de noviembre de 2026 y el mandato presidencial de Donald Trump concluye el 20 de enero de 2029.
Eso no significa que la política hacia Cuba o Venezuela vaya a depender mecánicamente del calendario electoral estadounidense. Pero sí establece dos hitos políticos que cualquier estrategia de largo plazo debe considerar.
Un régimen autoritario puede pensar en horizontes de muchos años. Una Administración debe demostrar resultados antes.
Esa asimetría crea un incentivo potencial para una estrategia de concesiones parciales y espera.
La Habana puede preguntarse cuánto tiempo necesita resistir para que cambien las circunstancias políticas en Washington. Caracas puede preguntarse cuánto tiempo necesita para consolidar una relación económica que haga más costosa cualquier ruptura futura. Y ambos gobiernos pueden tener interés en que las cuestiones políticas se mantengan dentro de un proceso negociador sin fecha definitiva.
Para Washington, la dificultad consiste precisamente en evitar que «proceso» se convierta en sinónimo de «aplazamiento».
El mayor riesgo para Rubio es que las fases se inviertan
La estrategia venezolana tiene una lógica política si la recuperación económica conduce a la transición.
El problema aparece si ocurre lo contrario: estabilización → recuperación → normalización económica → institucionalización del statu quo → transición indefinida.
Ese sería el escenario más peligroso para Rubio.
No porque significara necesariamente que hubiese cometido un error al buscar inversiones o reconstruir la industria petrolera. El desarrollo económico venezolano puede ser un objetivo perfectamente legítimo y deseable.
El problema surgiría si los resultados económicos fueran verificables y rápidos, mientras los resultados democráticos quedaran en el terreno de las promesas.
En ese caso, los críticos podrían formular una acusación políticamente muy difícil de responder: que Estados Unidos consiguió cambiar la relación económica de Venezuela con Washington sin conseguir cambiar suficientemente la relación entre el poder venezolano y sus ciudadanos.
Para un secretario de Estado que presentó una fase democrática como parte del desenlace de su estrategia, eso supondría un coste reputacional considerable.
Y Cuba observa ese precedente
La Habana tiene motivos para estudiar cuidadosamente lo que ocurre en Venezuela.
El régimen cubano ha recibido una señal muy clara en términos geopolíticos: Venezuela, uno de sus principales aliados históricos, ha pasado de ser fuente de apoyo energético a convertirse en un espacio en el que Estados Unidos busca ejercer una influencia económica extraordinariamente profunda.
Pero también puede observar otra cosa: Washington está dispuesto a negociar con el poder que encuentra si considera que hacerlo permite avanzar sus objetivos estratégicos.
Esa constatación puede tener dos efectos opuestos. Puede convencer al régimen cubano de que la resistencia absoluta ya no es sostenible y que debe realizar cambios profundos.
Pero también puede llevarlo a intentar una estrategia diferente: conceder lo suficiente para que Washington perciba avances, sin entregar aquello que permite al sistema mantener el poder.
El segundo camino sería mucho más difícil de detectar que una confrontación abierta.
Rubio ha introducido, además, una nueva métrica: «irreversible»
La palabra que Rubio eligió en agosto es importante.
No prometió que Cuba sería una democracia antes del final del mandato. Dijo que estaría en una trayectoria irreversible hacia un futuro diferente. Eso proporciona margen para una transformación gradual. Pero también plantea una cuestión que Washington debería responder con precisión:
¿Qué significa exactamente «irreversible»?
¿Una economía más abierta? ¿Menor dependencia del Estado? ¿Mayor libertad para el sector privado? ¿Liberación de presos políticos? ¿Regreso de exiliados? ¿Libertad de asociación? ¿Reforma del sistema electoral? ¿Pluralismo de partidos? ¿Independencia judicial? ¿O una combinación de todos estos elementos?
Sin indicadores concretos, «irreversible» corre el riesgo de convertirse en una categoría política demasiado amplia. Casi cualquier concesión puede presentarse como un paso en la dirección correcta.
Y un régimen que busca tiempo puede vivir cómodamente dentro de esa ambigüedad.
La advertencia para Rubio debería ser muy concreta
Si el objetivo estadounidense es que la presión económica produzca una transición política, Washington debería evitar que los acuerdos económicos adquieran una vida propia separada del proceso institucional.
En Venezuela, eso significa que la recuperación petrolera no debería medirse únicamente por barriles producidos, inversión movilizada o ingresos fiscales. También debería medirse por la evolución de las condiciones que Rubio identificó como necesarias para unas elecciones libres: instituciones electorales creíbles, libertad política, capacidad de organización de los partidos y garantías para la oposición.
En Cuba, la misma lógica exige algo aún más básico: que las concesiones económicas y diplomáticas puedan vincularse a cambios políticos verificables, y no solamente a promesas de una transformación futura.
El principio debería ser sencillo: el alivio puede acompañar al cambio, pero no sustituirlo.
Y también al revés: una mayor apertura económica no debería confundirse automáticamente con una transición democrática.
La cuestión del capital político de Rubio
Este punto merece especial atención.
Rubio ha convertido Cuba y Venezuela en asuntos ligados a la seguridad nacional estadounidense, pero también ha construido alrededor de ellos una narrativa política personal. En el caso venezolano, presentó una secuencia que conduce de la estabilización a la transición. En el cubano, ha insistido en que el modelo vigente es inviable y en que la Administración pretende llevar al país hacia una transformación irreversible.
Por eso, su legado no dependerá exclusivamente de cuántas sanciones imponga ni de cuánto daño económico consiga provocar a los regímenes.
Dependerá de algo más difícil:
si al terminar la Administración existe realmente un proceso político que los regímenes ya no puedan revertir con facilidad.
Ese es un estándar mucho más exigente.
Y también es la razón por la que Venezuela importa tanto para Cuba. Si la Administración consigue demostrar que la recuperación económica puede ir acompañada de una transición política efectiva, habrá construido un precedente poderoso para su estrategia cubana.
Si ocurre lo contrario —si la recuperación consolida una nueva relación económica con el poder existente mientras la democratización queda aplazada—, La Habana puede aprender una lección completamente distinta: que es posible sobrevivir a la presión estadounidense ofreciendo concesiones suficientes para mantener abierta la negociación y ganar tiempo.
Una advertencia de política pública para Rubio
La pregunta que debería acompañar cada nuevo acuerdo con Caracas y, posteriormente, cada negociación con La Habana no es únicamente: «¿Qué obtenemos hoy?».
También debería ser: «¿Qué poder conserva el régimen después de obtener lo que nosotros concedemos?».
Un acuerdo que produzca inversión, petróleo, estabilidad o alivio humanitario puede ser útil.
Pero si al mismo tiempo aumenta la capacidad de una estructura no democrática para financiarse, legitimarse o perpetuarse, habrá que preguntarse si Washington está fortaleciendo inadvertidamente aquello que pretendía transformar.
La prioridad, por tanto, debería ser preservar la secuencia original de la estrategia: estabilizar sin congelar; reconstruir sin legitimar indefinidamente; negociar sin convertir la negociación en un sustituto de la transición; y utilizar la influencia económica para crear condiciones políticas que después permitan elecciones libres y Estado de Derecho.
Para Rubio, el peligro no es que Venezuela o Cuba le digan simplemente «no».
El peligro es bastante más sofisticado: que le digan «sí» lo suficiente como para que parezca que el proceso avanza, mientras utilizan ese proceso para ganar el tiempo que necesitan para sobrevivir.
Ese sería el escenario más difícil de revertir antes de que cambie el calendario político de Washington.
Y también el que más podría erosionar el capital político del secretario de Estado: no porque haya fracasado en imponer presión, sino porque después de haber conseguido una capacidad extraordinaria de presión no habría logrado convertirla en el resultado que él mismo presentó como objetivo final: una transición institucional que permita a venezolanos y cubanos decidir libremente su futuro.
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