El informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba no se limita a diagnosticar el deterioro económico, social y político de la isla. También intenta responder a una pregunta mucho más compleja: ¿cómo debería organizarse Cuba después de una transición democrática?
La propuesta de largo plazo pasa por construir un sistema político democrático y plural acompañado de una «economía social de mercado», con distintas formas de propiedad, incluida expresamente la propiedad privada.
El documento, publicado el 10 de septiembre tras seis meses de trabajo convocado por el Programa de Estudios de Cuba y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard, plantea además una nueva Asamblea Constituyente, una transformación profunda del modelo económico y la incorporación de la diáspora como actor fundamental de la reconstrucción nacional.
Sus promotores advierten que se trata de un «documento vivo, en construcción», sujeto a consultas y modificaciones, y que las contribuciones de sus participantes son individuales y no representan las posiciones de las instituciones a las que pertenecen.
Una nueva Asamblea Constituyente
El horizonte político que dibuja el informe va mucho más allá de introducir reformas en las estructuras actuales.
«En el mediano y largo plazo, Cuba requerirá de una nueva asamblea constituyente que sirva de espacio a un debate nacional que ha sido postergado durante décadas», sostienen los autores.
La finalidad sería establecer los fundamentos de un «sistema democrático y plural».
Ese proceso llegaría después de una primera etapa en la que, según la hoja de ruta presentada por el Grupo de Trabajo, deberían ser liberados todos los presos políticos, derogadas varias normas represivas y garantizados derechos de expresión, protesta y movimiento.
La Asamblea Constituyente sería, por tanto, una etapa posterior destinada a construir un nuevo entramado político, jurídico e institucional para el país.
Una «economía social de mercado»
La transformación política tendría su equivalente económico.
El Grupo de Trabajo comparte el objetivo planteado por economistas cubanos de construir una «economía social de mercado» que genere prosperidad y permita distribuirla de manera equitativa entre los diferentes sectores de la población y regiones del país.
La propuesta supone un cambio sustancial frente al actual modelo socialista: la nueva legislación debería garantizar diferentes formas de propiedad, incluida la privada.
El informe identifica precisamente al sector privado existente como uno de los activos con los que Cuba podría comenzar su reconstrucción.
Según el documento, ese sector ya proporciona empleo a cerca de un tercio de las personas ocupadas en el país y ha conseguido expandirse pese a las barreras regulatorias, los problemas logísticos y un entorno económico extremadamente adverso.
Para los autores, las miles de empresas privadas surgidas en los últimos años constituyen una reserva de capacidad empresarial que podría desempeñar un papel decisivo en la recuperación.
Liberalizar la tierra y producir alimentos
La agricultura aparece entre las prioridades.
El informe propone liberalizar el régimen jurídico del uso de la tierra para fines productivos e incentivar tanto al sector privado como a los inversionistas para aumentar la producción y comercialización de alimentos.
La recomendación responde al desplome agrícola que el propio documento describe.
Entre 2019 y 2024, la producción agrícola cubana cayó un 58 %. Si se observan productos específicos entre 2017 y 2024, el retroceso fue del 97 % en la carne de cerdo, 75 % en el arroz, 80 % en los frijoles, 56 % en la leche, 69 % en las hortalizas y 46 % en las viandas.
Cuba importa actualmente más del 70 % de los alimentos que consume, según las cifras recogidas por el Grupo de Trabajo.
La reconstrucción económica que propone el informe implicaría, por tanto, cambiar las reglas que han condicionado durante décadas la producción agropecuaria y convertir la seguridad alimentaria en una prioridad de inversión.
La diáspora como capital, conocimiento y poder económico
Uno de los cambios conceptuales más importantes del documento consiste en dejar de considerar a los cubanos residentes en el extranjero fundamentalmente como proveedores de remesas.
«Cuba es una nación transnacional», sostiene el informe, que incluye dentro de esa comunidad nacional tanto a los residentes en la isla como a la diáspora.
Los autores consideran que los cubanos del exterior podrían proporcionar capital, conocimientos, redes profesionales y experiencia empresarial para reactivar capacidades existentes en sectores como el turismo, la industria farmacéutica, la biotecnología y la producción de alimentos.
El informe destaca que muchos negocios privados cubanos ya han crecido gracias a relaciones familiares y profesionales con empresarios e inversionistas de la diáspora.
Pero el papel que propone para los emigrados sería considerablemente mayor.
La diáspora podría también utilizar su influencia para favorecer la liberalización de las políticas comerciales y crediticias de Estados Unidos hacia Cuba y conseguir recursos económicos para la reconstrucción.
Cuba de regreso al FMI, Banco Mundial y BID
El Grupo de Trabajo considera además que una Cuba en transformación debería reincorporarse a las principales instituciones financieras internacionales.
El documento menciona expresamente al Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
El acceso a estas instituciones permitiría obtener recursos para reconstruir servicios e infraestructuras que actualmente se encuentran en condiciones críticas.
Entre las prioridades aparecen el sistema eléctrico, los hospitales, los servicios sanitarios, la educación, la construcción y reparación de viviendas, el transporte y la infraestructura vial.
Los autores advierten, sin embargo, que la apertura económica no debería producir una reconstrucción que beneficie exclusivamente a quienes ya tienen acceso a divisas y capital.
«No hay normalización posible sin equidad e inclusión», afirma el documento.
El difícil problema de las propiedades confiscadas
La transformación de las relaciones económicas con Estados Unidos también obligaría a enfrentar uno de los asuntos pendientes desde los primeros años de la Revolución: las propiedades confiscadas.
El informe propone establecer «procedimientos transparentes e internacionalmente reconocidos» para abordar esas reclamaciones.
Reconoce que se trata de un problema difícil que tendría que resolverse tomando en consideración tanto los intereses de los cubanos residentes en la diáspora como las realidades de quienes viven actualmente en la isla.
El documento llega a contemplar que la diáspora pueda contribuir eventualmente a la revocación de la Ley Helms-Burton, que desde 1996 limita considerablemente las facultades de un presidente estadounidense para normalizar por sí solo las relaciones económicas con Cuba.
Capital privado también para hospitales y universidades
La propuesta no reserva la iniciativa privada únicamente para actividades empresariales.
El Grupo de Trabajo plantea legalizar y promover asociaciones privadas sin fines de lucro capaces de apoyar museos, bibliotecas, universidades, escuelas, hospitales y otros centros de servicio.
«La filantropía privada, regulada con transparencia y beneficiaria de concesiones fiscales, debe ser movilizada como un actor importante en la reconstrucción del país», señala el informe.
La idea supone introducir fuentes privadas y filantrópicas de financiación en instituciones que durante décadas han dependido fundamentalmente del Estado.
Una transformación política y económica simultánea
El modelo descrito por el Grupo de Trabajo no plantea simplemente sustituir la planificación estatal por un mercado sin restricciones.
Su propuesta combina democracia representativa, pluralismo político, propiedad privada, mercado, protección social y políticas explícitas de reducción de las desigualdades.
El nuevo entramado institucional debería prestar también atención específica al racismo y la desigualdad racial. Los autores mencionan como referencia organismos y políticas de acción afirmativa desarrollados en otros países latinoamericanos, particularmente Brasil.
Todo ello forma parte de un escenario que el informe reconoce difícil de construir.
Para llegar a esa Cuba, sostiene el Grupo de Trabajo, sería necesaria la participación de actores con posiciones profundamente enfrentadas: las autoridades de la isla, la oposición, la sociedad civil, la diáspora, Estados Unidos y la comunidad internacional.
La propuesta, sin embargo, establece con bastante claridad el destino al que debería conducir ese proceso: una Cuba democrática y plural, con propiedad privada y una economía social de mercado, conectada nuevamente con las instituciones financieras internacionales y en la que los millones de cubanos de la diáspora participen activamente en la reconstrucción del país.
Vídeos relacionados:
Archivado en: