Un grupo de académicos, economistas, activistas y especialistas de la Universidad de Harvard presentó una propuesta para enfrentar la profunda crisis de la isla, que contempla desde una amnistía general para los presos políticos hasta la convocatoria, a medio y largo plazo, de una nueva Asamblea Constituyente.
El documento, publicado el 10 de septiembre bajo el título Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, parte de un diagnóstico contundente: Cuba atraviesa una crisis económica, política, demográfica, energética, sanitaria, alimentaria, educativa y de infraestructura que amenaza la estabilidad y el futuro del país.
Los responsables aclaran que se trata de un «documento vivo, en construcción», que será sometido a consultas, revisiones y modificaciones. Las aportaciones corresponden a los participantes a título individual y no representan necesariamente las posiciones de las instituciones a las que están afiliados.
Una economía en bancarrota y un país que se vacía
El informe responsabiliza de la bancarrota económica cubana a «décadas de ineficiencia y de políticas económicas y de inversión erradas», aunque también sostiene que las recientes medidas punitivas de Estados Unidos han profundizado los efectos de la crisis sobre la población.
Entre 2019 y 2024, según los datos recogidos por el Grupo de Trabajo, el producto interno bruto cubano cayó un 11 %, la producción agrícola disminuyó un 58 % y el sector manufacturero retrocedió un 42 %. La producción azucarera se desplomó un 87 %.
El deterioro resulta todavía más evidente en algunos alimentos fundamentales. Entre 2017 y 2024, la producción de carne de cerdo cayó un 97 %; la de arroz, un 75 %; la de frijoles, un 80 %; la de leche, un 56 %; la de hortalizas, un 69 %; y la de viandas, un 46 %. Cuba importa actualmente más del 70 % de sus alimentos, incluidos productos históricamente asociados con la producción nacional, como el azúcar y el café.
A la debacle económica se suma lo que el documento denomina un «vaciamiento demográfico». El saldo migratorio acumulado entre 2013 y 2024 supera los tres millones de personas, frente a los 11,1 millones de habitantes registrados en el censo de 2012. A ello se añaden una fecundidad extremadamente baja y un número de defunciones superior al de nacimientos desde al menos 2020.
El resultado es también un acelerado envejecimiento: alrededor del 25 % de la población cubana tiene actualmente más de 60 años, según las cifras citadas por el informe.
Hospitales, hambre, apagones y ciudades deterioradas
El Grupo de Trabajo describe un Estado cada vez menos capaz de proporcionar servicios básicos. El deterioro alcanza el sistema eléctrico, el abastecimiento de agua, el transporte, la recogida de basura, los hospitales y las escuelas.
En materia alimentaria, el documento cita un estudio de 2026 del Observatorio Cubano de Derechos Humanos según el cual ocho de cada diez personas prescinden de una de las tres comidas diarias por falta de recursos.
La vivienda constituye otro de los grandes problemas. El déficit habitacional supera las 800.000 unidades y una parte considerable del fondo residencial se encuentra en estado malo o regular. El informe señala además el deterioro de carreteras, puentes y ferrocarriles.
Los autores contrastan esas carencias con la política de inversiones del gobierno. Entre 2014 y 2024, el turismo recibió entre el 25 % y el 50 % de la inversión total del país. En 2024, las inversiones turísticas fueron 14 veces superiores a las destinadas al sector agropecuario y 11 veces mayores que las correspondientes a salud, asistencia social y educación.
El problema fundamental es político
Más allá de las cifras económicas, el informe sitúa en el centro de la crisis un problema político: la profunda erosión de la legitimidad del gobierno cubano, su incapacidad para solucionar los problemas nacionales y la existencia de estructuras autoritarias que restringen el emprendimiento, la creación artística, la actividad científica y el debate público.
El documento dedica especial atención a la respuesta gubernamental a las protestas del 11 de julio de 2021 y recuerda la «orden de combate» pronunciada entonces por Miguel Díaz-Canel, seguida por una ola represiva y el encarcelamiento de cientos de manifestantes.
Según datos de Prisoners Defenders citados en el informe, al cierre de junio de 2026 había más de 1.300 presos políticos en Cuba.
Los autores cuestionan asimismo la efectividad del Estado de derecho bajo la Constitución de 2019, al señalar la supremacía constitucional del Partido Comunista, la ausencia de un verdadero equilibrio entre los poderes públicos y las violaciones sistemáticas de derechos como la libertad de expresión, prensa, asociación y movimiento.
El informe reclama además la derogación de normas como los decretos leyes 349, 370 y 35, utilizados para restringir la creación artística, la expresión pública y la difusión de contenidos en internet.
GAESA, un «Estado dentro del Estado»
El conglomerado militar GAESA ocupa un apartado especialmente crítico. El informe sostiene que funciona como un «Estado dentro del Estado», fuera de los controles institucionales ordinarios, y recuerda que sus cuentas no son públicas ni están sometidas a una auditoría efectiva de la Asamblea Nacional.
GAESA controla sectores estratégicos que incluyen turismo, energía, telecomunicaciones, finanzas, bienes inmuebles, supermercados y remesas, además de determinados segmentos industriales.
El documento también cuestiona la opacidad de las conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos y menciona la participación de personas vinculadas a la familia Castro sin responsabilidades gubernamentales conocidas. Entre ellas identifica al coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, a quien vincula con el entramado militar-empresarial.
Amnistía para los presos políticos como primer paso
Frente a este panorama, el Grupo de Trabajo sostiene que «no hay solución» a las múltiples crisis del país sin cambios políticos inmediatos y pasos hacia un gobierno de transición percibido como legítimo.
Su propuesta parte de una premisa particularmente relevante: las propias autoridades cubanas deberían tomar la iniciativa y actuar como facilitadoras de una transición pacífica, con la participación de la sociedad civil, la oposición, la diáspora, Estados Unidos y la comunidad internacional.
El primer paso sería una amnistía general e incondicional para los presos políticos.
La medida debería acompañarse de la descriminalización de formas de protesta, pensamiento y expresión reconocidas incluso por la Constitución vigente, así como de la eliminación de restricciones extralegales como las aplicadas a los llamados «regulados».
«Cualquier cubano que lo desee debe poder salir y regresar a su tierra», sostiene el documento.
El papel de Estados Unidos
El informe considera que una amnistía debería recibir una respuesta «inmediata, positiva y contundente» de Washington, comenzando por el levantamiento de las sanciones que afectan el suministro de combustible y seguido por recursos destinados a estabilizar la economía y favorecer las reformas.
Los autores sostienen que la crisis cubana precede al endurecimiento de la política estadounidense y tiene profundas causas internas, pero consideran que las sanciones de la administración Trump han agravado considerablemente sus consecuencias humanitarias.
El documento llega a calificar las actuales políticas estadounidenses hacia Cuba como «explícitamente imperiales» y cuestiona que Washington proporcione ayuda humanitaria al mismo tiempo que mantiene medidas que, según los autores, contribuyen a profundizar la emergencia.
Sector privado y diáspora para reconstruir Cuba
En el terreno económico, el informe concede un papel protagonista al sector privado cubano, que ya proporciona empleo a cerca de un tercio de las personas ocupadas y ha conseguido desarrollarse pese a las restricciones regulatorias y las dificultades del entorno.
La propuesta contempla liberalizar el régimen jurídico del uso productivo de la tierra, incentivar la producción privada de alimentos y aprovechar el capital, los conocimientos y las redes empresariales de la diáspora.
También plantea la reincorporación de Cuba a instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y CAF, además de establecer procedimientos transparentes para resolver las reclamaciones relacionadas con propiedades confiscadas.
El documento contempla asimismo que la diáspora pueda contribuir a liberalizar las políticas comerciales y crediticias estadounidenses y, eventualmente, a promover la derogación de la Ley Helms-Burton.
Los recursos obtenidos deberían dirigirse prioritariamente a electricidad, hospitales, servicios sanitarios, educación, vivienda, transporte e infraestructura, con políticas destinadas a evitar que la reconstrucción profundice las desigualdades existentes.
Una nueva Constitución y una economía social de mercado
A medio y largo plazo, el Grupo de Trabajo propone convocar una nueva Asamblea Constituyente que abra un debate nacional postergado durante décadas y siente las bases de un sistema democrático y plural.
En el ámbito económico, apuesta por una «economía social de mercado» capaz de generar prosperidad con mayor equidad y bajo un marco legal que reconozca distintas formas de propiedad, incluida la privada.
La propuesta reserva además un papel esencial a los cubanos que viven fuera del país. El documento rechaza reducir la diáspora a una fuente de remesas y define a Cuba como una nación transnacional integrada tanto por quienes permanecen en la isla como por quienes residen en el exterior.
El Grupo de Trabajo reconoce que construir un consenso entre actores tan diferentes será difícil, pero considera que una transición democrática negociada y pacífica constituye la salida posible ante un escenario que juzga insostenible.
«Estamos conscientes que un tránsito democrático en Cuba requiere de la voluntad compartida de actores tan diversos como el gobierno de la isla, la administración de los Estados Unidos, organizaciones de la diáspora, la comunidad internacional, sectores de la oposición y la sociedad civil», concluye el informe. «Construir ese consenso no será fácil. Pero para Cuba y los cubanos, es simplemente la única opción».
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