¿Puede Cuba desmontar un sistema político de casi siete décadas sin contar, al menos durante la primera etapa, con algunas de las personas e instituciones que actualmente lo sostienen?
La pregunta atraviesa una de las propuestas más delicadas del reciente Informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba, elaborado tras seis meses de trabajo de académicos, economistas, activistas y especialistas convocados por el Programa de Estudios de Cuba y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de la Universidad de Harvard.
Después de describir un país golpeado por una profunda crisis económica, demográfica, energética, sanitaria y política, el documento sostiene que no existe una salida sin cambios políticos inmediatos y la construcción de un gobierno de transición percibido como legítimo.
Pero introduce una premisa fundamental: el proceso no comenzaría necesariamente después de la desaparición completa del actual aparato de poder.
«Las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa en este proceso y convertirse en facilitadoras», sostiene el informe, que deja claro que se refiere a una solución por vías pacíficas.
Los autores reconocen que esta premisa no es compartida por todos los actores políticos de Cuba y de la diáspora. Su posición, sin embargo, es que resolver la crisis requiere el concurso de todos, incluidas las actuales autoridades.
Una cuestión que ya está sobre la mesa
La propuesta aparece en un momento particularmente sensible. Durante 2026, la posibilidad de una transición dejó de ocupar exclusivamente el terreno de la oposición y los estudios académicos para entrar también en el debate sobre la estrategia de Washington hacia La Habana.
CiberCuba informó en agosto que la administración de Donald Trump estaría explorando una estrategia que permitiría buscar interlocutores dentro del propio sistema cubano para gestionar una eventual transición, una fórmula descrita como una transformación del régimen más que su demolición instantánea.
Otra información publicada por este medio, basada en un reporte de Bloomberg, señaló que Washington estaría intentando comprender dónde reside realmente el poder en Cuba más allá de Miguel Díaz-Canel, con especial atención a la familia Castro, las Fuerzas Armadas, la estructura del Partido Comunista y otros sectores de la élite gobernante.
La existencia de contactos entre ambos gobiernos ya no es únicamente una versión procedente de Washington. El viceministro de Relaciones Exteriores Carlos Fernández de Cossío reconoció públicamente que La Habana aceptó un canal de comunicación propuesto por Estados Unidos, aunque evitó definir esos contactos como una negociación.
El problema está en determinar hasta dónde estaría dispuesto a llegar el régimen. En febrero, Fernández de Cossío había marcado públicamente sus líneas rojas: diálogo con Washington sí, pero sin poner sobre la mesa la Constitución, la economía socialista ni el sistema de gobierno.
Harvard propone algo muy distinto a conservar el statu quo
La participación de las autoridades actuales que contempla el Grupo de Trabajo no equivale, sin embargo, a mantener intacto el sistema.
La hoja de ruta propuesta comienza con medidas que modificarían pilares fundamentales del modelo represivo: una amnistía general e incondicional para los presos políticos, la descriminalización de formas de protesta y expresión, la derogación de los decretos leyes 349, 370 y 35 y la eliminación de mecanismos extralegales como las restricciones de viaje impuestas a los llamados «regulados».
El informe reclama que cualquier cubano pueda salir y regresar libremente al país y plantea que esas primeras decisiones sean señales inequívocas del comienzo de un Estado de derecho.
Washington debería responder entonces, según los autores, de manera «inmediata, positiva y contundente», comenzando por eliminar las sanciones que afectan el suministro de combustible y proporcionando recursos iniciales para estabilizar la economía y favorecer las reformas.
La etapa final tampoco consiste en una reforma cosmética del sistema vigente. A medio y largo plazo, el documento propone una nueva Asamblea Constituyente, un sistema democrático y plural y una economía social de mercado en la que estén reconocidas diferentes formas de propiedad, incluida la privada.
El dilema: quién administra Cuba mientras cambia Cuba
El planteamiento conecta con un problema que CiberCuba analizó recientemente en una investigación sobre las diferentes hojas de ruta diseñadas por la sociedad civil independiente: entre la caída de un régimen y el nacimiento de una democracia existe un período en el que alguien tiene que mantener funcionando el Estado.
Hospitales, electricidad, agua, tribunales, seguridad pública, puertos, aeropuertos, escuelas, administración territorial y distribución de alimentos no pueden quedar suspendidos mientras se construye un nuevo sistema político.
Propuestas examinadas por CiberCuba, como la Ley Fundamental de Transición de la República de Cuba impulsada por la Cuban American Bar Association, parten precisamente de la necesidad de conservar temporalmente las leyes e instituciones que no sean incompatibles con los principios democráticos para impedir un vacío institucional.
El Acuerdo de Liberación promovido por organizaciones opositoras plantea otra arquitectura: un gobierno provisional encargado de atender la emergencia humanitaria, garantizar derechos fundamentales, liberar a los presos políticos, mantener el funcionamiento del país y preparar elecciones libres y multipartidistas.
Las propuestas difieren, por tanto, sobre quién tendría la legitimidad para conducir ese período, pero convergen en un problema práctico: una transición no termina cuando cambia la cúpula política; comienza precisamente entonces.
La paradoja creada por la propia represión
El informe de Harvard identifica además un obstáculo especialmente grave para cualquier fórmula negociada: durante años, el régimen ha destruido buena parte de los posibles interlocutores que ahora necesitaría una transición.
La cárcel, el hostigamiento y el exilio han desarticulado movimientos independientes, reducido los espacios de organización y expulsado del país a numerosos activistas, intelectuales y profesionales.
«El vaciamiento de la isla no es solo demográfico», advierte el documento.
El resultado, según sus autores, es un país con una sociedad civil independiente debilitada y una oposición insuficientemente articulada, precisamente cuando podría necesitar actores capaces de negociar y asumir responsabilidades institucionales.
Ese problema también ha aparecido en análisis anteriores de CiberCuba. Una investigación publicada en agosto encontró numerosas hojas de ruta, proyectos constitucionales y planes sectoriales concebidos por organizaciones independientes, pero constató la fragmentación existente entre ese conocimiento técnico y la capacidad política necesaria para asumir el poder durante una transición.
¿Quién tiene realmente poder para negociar?
Existe todavía otra dificultad: determinar quién representa efectivamente al poder cubano.
El informe cuestiona la «opacidad extrema» de las conversaciones entre representantes de Cuba y Estados Unidos y menciona la presencia de personas que aparecen como interlocutores de la nación sin desempeñar funciones gubernamentales claramente establecidas.
Entre ellas cita expresamente al coronel Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro, de quien señala que no ostenta ningún cargo oficial conocido y al que vincula con el conglomerado militar GAESA.
Para el Grupo de Trabajo, GAESA funciona como un «Estado dentro del Estado», controla sectores fundamentales de la economía y maneja flujos financieros fuera de los controles institucionales ordinarios.
La cuestión no es menor. Si el poder efectivo no coincide completamente con los cargos establecidos formalmente por la Constitución, una eventual negociación tendría que resolver primero quién puede comprometer realmente al aparato político, militar y económico cubano.
Dos conceptos diferentes de transición
El debate revela, en definitiva, dos problemas que a menudo se confunden.
Uno es definir el destino: elecciones libres, pluralismo político, derechos fundamentales y un Estado democrático. Otro, mucho más complicado, consiste en determinar cómo llegar hasta allí sin provocar un vacío de poder, una crisis institucional o una prolongación del régimen bajo otra apariencia.
La oposición cubana ha avanzado durante 2026 en su propia respuesta. Organizaciones agrupadas alrededor del Acuerdo de Liberación han planteado una secuencia de liberación, estabilización, reconstrucción y democratización, con un gobierno provisional como puente hacia elecciones libres.
El Grupo de Trabajo de Harvard introduce ahora otra pieza en esa discusión: considera que quienes actualmente ejercen autoridad en Cuba tendrían que iniciar y facilitar el proceso, aunque el resultado final que propone sea precisamente sustituir el sistema político vigente por uno democrático y plural.
La incógnita es si dentro de una estructura construida durante décadas para impedir la alternancia existen actores dispuestos a facilitar su propia transformación.
El secretario de Estado Marco Rubio resumió recientemente desde otra perspectiva ese mismo dilema. Washington, afirmó, está dispuesto a dialogar, pero quienes están actualmente en el poder deben decidir si realmente quieren avanzar hacia un futuro diferente para Cuba. Su valoración hasta ahora ha sido negativa: «en este momento no quieren hacerlo».
El propio informe de Harvard admite que alcanzar un consenso entre el gobierno, Estados Unidos, la oposición, la sociedad civil, la diáspora y la comunidad internacional será extraordinariamente difícil.
Pero su propuesta coloca una cuestión concreta en el centro del debate sobre el día después: quizás la pregunta no sea únicamente quién sustituirá al actual poder cubano, sino también qué parte de las estructuras existentes será necesaria para hacer posible, sin caos ni violencia, el tránsito hacia el sistema que debe reemplazarlo.
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