El nombramiento de Carolina Barrero como una de las cinco integrantes inaugurales de Ambassadors for Freedom (Embajadores de la Libertad, en español), el nuevo programa global de Freedom House, puede leerse como un reconocimiento a su trayectoria.
Sin embargo, en el contexto cubano, su importancia potencial está en otro lugar: las herramientas que puede sumar para incidir sobre Cuba y contribuir a preparar las condiciones políticas e institucionales de un eventual cambio democrático.
No se trata únicamente de tener mayor visibilidad internacional. Organizaciones occidentales dedicadas a los derechos humanos y la democracia han desarrollado durante años programas que identifican y conectan a activistas procedentes de sociedades autoritarias con expertos, organizaciones, parlamentos, gobiernos y organismos multilaterales.
Detrás de nombres como embajadores, becarios o defensores existe una lógica común: aumentar la capacidad de esos actores para transformar una denuncia local en incidencia política.
Freedom House lo establece explícitamente para su nuevo programa: los embajadores deberán visibilizar amenazas contra la libertad, interactuar con responsables políticos y con el público y promover la defensa de la democracia.
De denunciar la represión a pensar qué viene después
La trayectoria de Barrero permite observar esa transformación.
Su irrupción pública estuvo vinculada al 27N en 2020. Durante 2021 enfrentó detenciones, vigilancia y arrestos domiciliarios mientras participaba en acciones relacionadas con la libertad de expresión y, después del 11J, con la situación de los presos políticos.
Su salida de Cuba hacia España en febrero de 2022, denunciada por ella como un exilio forzado, cambió necesariamente los instrumentos de su activismo.
En los años siguientes llevó la situación cubana ante funcionarios europeos y otros espacios internacionales, fue seleccionada en 2024 para la Beca Sájarov del Parlamento Europeo y terminó convirtiendo parte de ese activismo en trabajo institucional desde Ciudadanía y Libertad, organización que actualmente preside y dirige.
La evolución es significativa: de protestar contra decisiones del poder cubano a estudiar y promover las condiciones necesarias para que pueda existir un sistema diferente.
Ese segundo trabajo es menos visible que una protesta, pero puede resultar decisivo ante un escenario de cambio.
Una transición necesita algo más que el fin del régimen
Una eventual democratización de Cuba no terminaría con la desaparición de las actuales estructuras de poder. Comenzaría ahí uno de sus desafíos más complejos.
Después de décadas sin pluralismo político efectivo, sería necesario reconstruir libertades de asociación y expresión, desarrollar organizaciones independientes, establecer garantías electorales, fortalecer el Estado de derecho y crear condiciones para que movimientos y partidos puedan organizarse y competir libremente.
También sería necesario formar liderazgos, articular intereses sociales diferentes y reconstruir una sociedad civil que durante décadas ha operado bajo restricciones, vigilancia y represión.
Precisamente en ese terreno se ha concentrado una parte del trabajo reciente de Barrero.
Ciudadanía y Libertad ha abordado la participación política, el fortalecimiento de la sociedad civil independiente y las instituciones democráticas. En 2025 publicó, además, un estudio sobre el derecho de asociación que examinó los mecanismos legales utilizados por el régimen cubano para impedir organizaciones autónomas.
La cuestión deja entonces de ser solamente cómo enfrentar al poder existente y pasa a incluir otra pregunta: qué instituciones, organizaciones y capacidades necesita la sociedad cubana para sustituir un sistema autoritario por uno pluralista.
El valor de las redes internacionales
Aquí adquiere importancia la incorporación a Freedom House.
La experiencia comparada de programas desarrollados por organizaciones e instituciones democráticas muestra que su principal valor añadido no suele ser el título concedido al activista, sino la red que se construye alrededor de él.
Acceso a especialistas en transiciones democráticas, organizaciones de derechos humanos, legisladores, diplomáticos, académicos y otros activistas puede proporcionar conocimientos y conexiones difíciles de desarrollar desde una sociedad cerrada.
Barrero ya había comenzado ese recorrido antes de su nueva designación.
La Beca Sájarov del Parlamento Europeo, para la que fue seleccionada en 2024, está concebida precisamente para fortalecer las capacidades de defensores de derechos humanos y conectarlos con instituciones europeas. Posteriormente, su actividad ha incluido Naciones Unidas, Washington y diferentes espacios de interlocución política en Europa y Estados Unidos.
Freedom House añade ahora otra plataforma a esa red.
De la denuncia a la incidencia
Hay también una diferencia entre conseguir atención internacional e intentar modificar políticas concretas.
Barrero ha defendido durante los últimos años una revisión de la relación de la Unión Europea con La Habana y, particularmente, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.
En abril de 2026 llevó junto a Amelia Calzadilla esa posición a Bruselas y al Parlamento Europeo. Un mes después, la alta representante de la Unión Europea, Kaja Kallas, confirmó que el acuerdo estaba siendo revisado.
No sería riguroso atribuir esa decisión a Barrero. La revisión responde a instituciones europeas y estuvo precedida por años de presión de diferentes organizaciones y actores de la sociedad civil cubana.
Pero el episodio sí permite observar un mecanismo concreto de incidencia: una demanda sostenida por actores cubanos consigue llegar hasta los espacios donde se discute y decide la política europea hacia La Habana.
Esa capacidad puede adquirir todavía mayor importancia si Cuba entra en un escenario de transformación política.
La conexión entre dentro y fuera de Cuba
Existe, sin embargo, un límite fundamental.
La legitimidad internacional no sustituye la legitimidad dentro del país. Tampoco una red de organizaciones extranjeras puede crear desde fuera los partidos, movimientos sociales y consensos que corresponderá construir a los cubanos.
La influencia exterior será relevante en la medida en que pueda fortalecer capacidades internas y conectar a la sociedad civil de la isla con conocimientos, recursos institucionales y experiencias democráticas, sin pretender sustituirla.
Ese desafío es particularmente complejo en Cuba por la fragmentación provocada por décadas de represión y exilio. Una parte importante de los activistas y opositores se encuentra actualmente fuera del país, mientras quienes permanecen dentro afrontan fuertes restricciones para organizarse.
Barrero representa precisamente esa tensión. Su activismo nació dentro de Cuba, pero buena parte de su capacidad actual de interlocución ha sido construida desde el exilio.
Su reciente traslado a Miami, mientras mantiene vínculos de trabajo con Europa, amplía además un eje que puede resultar relevante para la oposición y la sociedad civil cubanas: conectar actores dentro de la isla con Miami, Washington, Madrid, Bruselas y otras capitales donde se toman decisiones que afectan a Cuba.
Prepararse también para el día después
El mayor significado de la designación de Barrero puede estar, por tanto, menos en el reconocimiento de lo que ha hecho que en las posibilidades que abre para lo que pretende hacer.
Freedom House la presenta como una dirigente cubana dedicada a fortalecer la sociedad civil independiente, la participación política y las instituciones democráticas.
Es una definición que sitúa su trabajo más allá de la denuncia de violaciones de derechos humanos.
Si durante años una prioridad del activismo cubano ha sido demostrar la naturaleza represiva del régimen, una eventual etapa de transformación exigirá responder preguntas diferentes: cómo organizar el pluralismo, cómo garantizar elecciones competitivas, cómo construir partidos y organizaciones independientes, cómo recuperar instituciones sometidas durante décadas al poder político y cómo incorporar a una sociedad dividida entre la isla y el exilio.
Ningún activista, organización o programa internacional puede resolver por sí solo esos problemas.
Pero las transiciones democráticas tampoco se improvisan.
La incorporación de Barrero a Freedom House adquiere relevancia precisamente en ese punto: aumenta las redes y herramientas disponibles para una activista cubana cuya trayectoria ha pasado de resistir al régimen desde las calles de La Habana a trabajar también sobre las instituciones y capacidades que serían necesarias para construir una alternativa.
La pregunta que queda abierta ya no es únicamente cuánto puede denunciar Carolina Barrero al régimen cubano desde una plataforma internacional, sino cuánto podrá convertir esa influencia exterior en capacidad para ayudar a los cubanos a organizar el día después.
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