El representante del régimen cubano ante Naciones Unidas, Ernesto Soberón Guzmán, como sus amos en La Habana, anda muy molesto. El pasado 16 de octubre denunció la celebración de un evento organizado por la Misión de Estados Unidos ante la ONU, previsto para hoy 19 de octubre, bajo el título «Cuba Libre: la opresión que La Habana oculta». Soberón lo calificó de maniobra política contra su gobierno.
Lo que verdaderamente incomoda a la dictadura es que expresos políticos, defensores de los derechos humanos y especialistas puedan denunciar internacionalmente sus crímenes, los horrores en su sistema penitenciario, la corrupción, la trata de personas y la explotación de profesionales de la salud mediante las llamadas misiones médicas.
El régimen castrocomunista es la dictadura más longeva del hemisferio occidental y una de las más represivas de nuestra historia. Lleva casi 68 años negando al pueblo cubano libertades elementales, persiguiendo opositores, encarcelando inocentes y destruyendo a la nación. Freedom House, en su informe de 2026, otorga a Cuba apenas 9 puntos de 100 posibles: cero de 40 en derechos políticos y nueve de 60 en libertades civiles. Es la peor calificación del continente americano.
Pero esta dictadura no es solamente enemiga de los cubanos. Ha sido una de las principales fuerzas promotoras del autoritarismo y de proyectos contrarios a la democracia liberal y la economía de mercado en América Latina.
Durante décadas, La Habana contribuyó al fortalecimiento político, militar y de inteligencia del chavismo venezolano. También respaldó a Daniel Ortega en Nicaragua y cultivó estrechos vínculos políticos con Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y otros populistas de extrema izquierda en el continente. Resulta imposible ignorar la influencia de la maquinaria política castrista sobre sus aliados en Latinoamérica y en otras latitudes.
La profundidad de su intervención en Venezuela quedó dramáticamente expuesta el 3 de enero de 2026, durante la operación estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro. Dos días después, el propio gobierno cubano reconoció la muerte de 32 integrantes de sus Fuerzas Armadas y organismos de inteligencia en aquella operación. ¡Treinta y dos miembros del aparato militar y represivo cubano en territorio venezolano! ¿Qué mejor demostración de la implicación de La Habana en la supervivencia de aquella dictadura?
Occidente ha sancionado a numerosos gobiernos y responsables de graves violaciones internacionales: Venezuela, Nicaragua, Irán, Rusia, Bielorrusia, Myanmar y Corea del Norte, entre otros. Irak también estuvo sometido a severas sanciones internacionales. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y el Reino Unido han recurrido a restricciones financieras, congelación de activos, prohibiciones de viaje y embargos de armamento para presionar a gobiernos responsables de represión, agresiones o amenazas internacionales.
¿Por qué sancionar a los discípulos y no al maestro? ¿Por qué castigar a los represores de Managua y Caracas mientras importantes democracias mantienen relaciones económicas privilegiadas con quienes enseñaron, asesoraron y respaldaron a esos aparatos de poder?
La historia ofrece un precedente extraordinario: Sudáfrica. En 1977, mediante la Resolución 418, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas impuso un embargo obligatorio de armas al régimen del apartheid. Posteriormente, la presión económica y diplomática internacional contribuyó a acelerar el final de aquel sistema aborrecible.
El apartheid discriminaba institucionalmente por motivos raciales. El castrismo discrimina y excluye principalmente por razones políticas e ideológicas. Quien discrepa sufre marginación, acoso, persecución, puede perder el empleo, la libertad e incluso su patria y hasta la vida. Tampoco existe verdadera libertad religiosa. La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional denunció en mayo de 2026 vigilancia, multas, hostigamiento y destierro forzado contra líderes religiosos y creyentes. Aunque la persecución religiosa no tenga siempre las características de los años sesenta, setenta u ochenta, continúa siendo una realidad documentada.
La Habana mantiene estrechas alianzas con Rusia, China, Irán y Corea del Norte. En julio de 2013, Panamá interceptó el buque norcoreano Chong Chon Gang, procedente de Cuba, con armamento oculto bajo aproximadamente diez mil toneladas de azúcar: aviones de combate, componentes de misiles y municiones. Aquella operación violaba las sanciones de Naciones Unidas contra Pyongyang.
El régimen cubano también respalda diplomáticamente a Putin en su guerra contra Ucrania. Un número considerable de ciudadanos cubanos han sido reclutados para combatir en el ejército ruso. Sus relaciones con Irán y su respaldo político a Hamás merecen igualmente un escrutinio internacional riguroso.
La gravedad del historial castrista alcanza también a Estados Unidos. El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia anunció una acusación federal contra Raúl Castro y otros cinco implicados en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. Raúl enfrenta siete cargos: conspiración, cuatro asesinatos y destrucción de dos aeronaves. La responsabilidad penal deberá establecerse judicialmente.
A ello se suman las históricas acusaciones estadounidenses de vínculos de funcionarios cubanos con el narcotráfico. El 20 de julio de 2026, el propio Departamento de Estado publicó el informe Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI, en el que atribuye a La Habana décadas de espionaje, subversión y apoyo a movimientos extremistas estadounidenses. Son acusaciones oficiales que merecen examen y rendición de cuentas.
Mientras tanto, el régimen pretende responsabilizar a Estados Unidos de la tragedia cubana. Pero las cifras desmienten la afirmación de que Cuba no puede comerciar con su vecino. Las disposiciones estadounidenses contemplan excepciones para alimentos y medicamentos. Según la Oficina del Censo, del Departamento de Comercio, Estados Unidos exportó a Cuba mercancías por 809,6 millones de dólares en 2025 y 876,5 millones entre enero y agosto de 2026. Una parte importante corresponde a productos alimentarios y agrícolas. Desde EE.UU lidera las ventas de alimentos a la Isla.
A esos intercambios se añaden remesas, medicamentos, ropa, equipos y alimentos enviados por el exilio cubano radicado en Estados Unidos. Existen asimismo autorizaciones comerciales bajo condiciones específicas para actividades del sector “privado”. ¿Cuánta independencia pueden tener los “negocios privados” en un país donde el Estado mantiene amplios poderes discrecionales sobre las licencias, la propiedad y la actividad económica? Ningún partidario abierto de la democracia liberal, puede tener un negocio en Cuba.
La miseria del pueblo contrasta escandalosamente con los privilegios de la élite gobernante. Mientras millones de cubanos padecen apagones interminables, hambre, escasez de medicinas, transporte y viviendas, quienes controlan el poder conservan acceso privilegiado a alimentos, combustible, vehículos, electricidad y servicios médicos.
Las sanciones deben dirigirse contra quienes sostienen la maquinaria de opresión, no contra las familias que sobreviven bajo ella. Deben ser efectivas, coordinadas internacionalmente y acompañadas de garantías humanitarias.
Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, el Reino Unido y las demás democracias deberían actuar conjuntamente para impedir que los recursos destinados a aliviar el sufrimiento terminen fortaleciendo las estructuras represivas, militares y propagandísticas de la dictadura.
La ayuda humanitaria debe llegar directamente a los ancianos, niños, enfermos y familias vulnerables, mediante iglesias, organizaciones independientes y mecanismos verificables, sin entregar su control a quienes monopolizan el poder. Las contribuciones de países como Japón, Canadá o los miembros de la Unión Europea deben someterse a estrictas garantías de transparencia y distribución.
El mundo no puede seguir confundiendo solidaridad con un pueblo oprimido y financiamiento de sus opresores.
Por eso, ante la resolución que el régimen cubano presentará los días 27 y 28 de octubre ante la Asamblea General de Naciones Unidas contra las sanciones estadounidenses, corresponde a los gobiernos democráticos examinar no solamente las restricciones económicas, sino también la responsabilidad de una dictadura que niega derechos fundamentales y utiliza el sufrimiento que impone al pueblo como argumento diplomático para que le quiten las sanciones.
Centenares de cubanos, líderes de organizaciones prodemocráticas, activistas de derechos humanos, líderes religiosos, periodistas, artistas, masones, y ciudadanos conscientes de la responsabilidad del régimen comunista en la tragedia nacional, pedimos a la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, las democracias latinoamericanas y los países libres de Asia y África que voten en contra de esa resolución o, al menos, se abstengan.
Porque la respuesta internacional a la represión no puede consistir en proporcionar recursos sin garantías a quienes la ejecutan. Eso equivale a fortalecer el brazo de los verdugos que golpean y encarcelan a las madres desesperadas y a los ciudadanos cuando salen a las calles, en medio de los apagones, a pedir electricidad, alimentos y libertad.
Es hora de que el mundo libre esté verdaderamente del lado del pueblo cubano. Al criminal se le investiga, se le juzga, se le condena y se le sanciona. No se financia su maquinaria de opresión. Y que griten y pataleen Soberón, Rodríguez Parrilla y todos los responsables del sufrimiento de un pueblo que desea vivir en libertad.
Vídeos relacionados:
Archivado en:
Artículo de opinión: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el punto de vista de CiberCuba.