El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel reconoció que cinco de las 176 medidas económicas y sociales anunciadas por el régimen cubano todavía tienen pendientes sus procedimientos de aplicación, pese a que el Gobierno asegura haber aprobado 215 normas jurídicas para respaldar las medidas.
El mandatario las calificó como las más polémicas del programa económico, aunque no identificó cuáles son ni explicó las razones de las controversias que han retrasado la conclusión de sus procedimientos.
Las declaraciones fueron recogidas este lunes 2 de noviembre por la Presidencia Cuba, durante la reseña de un encuentro con más de medio centenar de directivos que participaron en un ejercicio de capacitación sobre las reformas, celebrado en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno.
Según Díaz-Canel, al cierre de octubre 171 de las 176 medidas tenían completadas sus bases jurídicas y se habían aprobado 215 normas para respaldar su implementación.
El mandatario aseguró que se continúa trabajando en las disposiciones necesarias para las cinco restantes, pero no ofreció un calendario para terminar los procedimientos.
Cinco meses de anuncios y cientos de disposiciones legales
Las 176 medidas fueron presentadas en junio por el primer ministro Manuel Marrero Cruz ante la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El paquete, organizado en 23 ejes temáticos, contempla modificaciones en prácticamente todos los sectores de la economía: desde los salarios, las pensiones y los subsidios hasta el comercio exterior, la inversión extranjera, la banca, el funcionamiento de las empresas estatales y las actividades privadas.
Entre las propuestas más significativas figuran la autorización de instituciones financieras privadas, la creación de casas de cambio privadas, la ampliación de las posibilidades de inversión y la flexibilización de determinadas restricciones a las mipymes.
También se anunciaron cambios en la política salarial, la formación de precios, la comercialización de productos agrícolas y la eliminación gradual de subsidios generalizados.
La magnitud de las modificaciones obligó al Gobierno a impulsar una amplia revisión legislativa.
En junio, las autoridades reconocieron que sería necesario modificar más de 148 disposiciones jurídicas y aprobar otras 32 normas de rango superior para respaldar los cambios previstos.
Desde entonces, los balances oficiales se han concentrado principalmente en el número de medidas preparadas y disposiciones aprobadas.
En julio, Díaz-Canel anunció que 120 medidas estaban listas para comenzar a aplicarse. En septiembre, Marrero elevó a 155 las medidas que contaban con respaldo jurídico.
Posteriormente, el 2 de octubre, el Gobierno informó que se habían aprobado 197 normas y diseñado 160 propuestas de implementación.
Un mes después, Díaz-Canel sitúa el balance en 215 disposiciones aprobadas y 171 transformaciones con sus bases jurídicas completadas.
No obstante, el balance difundido este lunes no ofrece resultados económicos comparables que permitan evaluar el impacto conjunto de esas medidas sobre la producción, la inflación, los salarios o el abastecimiento.
Economistas cuestionan la ausencia de medidas para estabilizar la economía
Más allá del avance jurídico anunciado por el Gobierno, especialistas independientes han cuestionado el diseño y el alcance del programa.
En agosto, el economista cubano Pedro Monreal advirtió que las 176 medidas carecían de un eje específico de estabilización macroeconómica, una omisión que consideró especialmente grave en medio de los desequilibrios monetarios, la inflación y el deterioro de la producción.
Monreal cuestionó que el Gobierno intentara introducir cambios estructurales sin establecer primero un marco coherente para estabilizar la economía.
El especialista resumió su crítica con la expresión «poner la carreta delante de los bueyes».
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