La contundente derrota republicana en las elecciones legislativas del 3 de noviembre abre una nueva etapa para la administración de Donald Trump.
Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, impulsados por el descontento económico y el rechazo a la guerra con Irán. Pero ¿hasta qué punto este revés electoral puede alterar la ofensiva estadounidense contra el régimen cubano?
La respuesta exige distinguir entre la capacidad del Congreso para controlar una guerra prolongada y las facultades que conserva el presidente para ordenar determinadas operaciones militares.
También obliga a examinar una realidad que trasciende la política interna: Cuba figura entre las prioridades de una nueva doctrina estadounidense que ha colocado la seguridad del hemisferio occidental en el centro de su estrategia exterior.
Las elecciones cambian las condiciones políticas de Washington, pero no desactivan automáticamente esa estrategia.
Un Congreso demócrata no paraliza al comandante en jefe
A partir del 3 de enero de 2027, Trump tendrá que gobernar con ambas cámaras bajo control demócrata. La nueva mayoría podrá investigar sus decisiones, bloquear iniciativas legislativas, examinar presupuestos y exigir responsabilidades por las operaciones militares estadounidenses.
La Ley de Poderes de Guerra de 1973 establece que el presidente debe informar al Congreso en un plazo de 48 horas cuando introduce fuerzas estadounidenses en determinadas situaciones de hostilidad. También contempla un límite general de 60 días para mantenerlas en combate sin autorización legislativa, con una posible extensión de 30 días en circunstancias excepcionales.
Pero esa legislación no impide necesariamente que el presidente ordene una operación militar puntual y de duración limitada, aunque la constitucionalidad de una acción concreta dependerá de su fundamento y circunstancias.
Una intervención prolongada u ocupación de Cuba encontraría obstáculos políticos y presupuestarios considerables. Una operación breve, semejante a la ejecutada en Venezuela, plantea una situación diferente.
El 3 de enero, fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro sin autorización previa específica del Congreso. La Administración defendió aquella actuación como una operación limitada, aunque su legalidad nacional e internacional ha sido cuestionada.
La Doctrina Donroe y las señales militares hacia Cuba
La llamada Doctrina Donroe, formulada como una actualización de la histórica Doctrina Monroe, establece la recuperación del predominio estadounidense en el hemisferio y la contención de potencias adversarias como China, Rusia e Irán.
La Estrategia de Defensa Nacional de 2026 contempla expresamente acciones militares rápidas y decisivas cuando Washington considere amenazados sus intereses regionales, y presenta la operación contra Maduro como ejemplo de esa orientación.
Cuba ocupa un lugar particular en ese diseño.
El 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva que declaró una emergencia nacional por las actuaciones del gobierno cubano, al que acusó de colaborar con países y organizaciones hostiles a Estados Unidos.
La medida sirvió para reforzar la presión económica sobre La Habana. No constituye, por sí misma, una autorización para emplear la fuerza, pero forma parte del marco político y estratégico con el que Washington presenta su confrontación con el régimen.
Las señales militares también se han acumulado durante 2026.
En mayo, CBS News informó de que los servicios de inteligencia estadounidenses estudiaban las posibles respuestas cubanas a un ataque. En julio, el mismo medio reveló que el Pentágono había examinado distintas opciones, incluida una operación aerotransportada con participación de la 101.ª División.
En septiembre, otra investigación de CBS documentó consultas sobre la disponibilidad de unidades médicas, logísticas y de policía militar para posibles misiones bajo el Comando Sur. Los funcionarios consultados vincularon esos trabajos con la planificación sobre Cuba, aunque no existían órdenes de despliegue.
Más recientemente, CiberCuba informó sobre ejercicios antidrones en la Base Naval de Guantánamo y el refuerzo de capacidades de defensa frente a amenazas aéreas no tripuladas.
Ninguno de estos movimientos demuestra que Trump haya decidido atacar Cuba. En conjunto, sin embargo, muestran que la opción militar está siendo examinada dentro de una estrategia hemisférica que ya ha recurrido al uso de la fuerza en Venezuela.
El precedente venezolano y el problema del día después
Una operación contra dirigentes cubanos podría tener objetivos limitados, pero su ejecución plantearía dificultades políticas diferentes a las encontradas en Venezuela.
Un análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), publicado en junio, examinó varios escenarios militares y advirtió que la captura o eliminación de figuras del régimen no garantizaría su caída.
A diferencia del chavismo venezolano, el sistema cubano cuenta con estructuras de poder más institucionalizadas, articuladas alrededor del Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y el conglomerado empresarial militar GAESA.
En Venezuela, Washington encontró interlocutores dentro del propio gobierno de Delcy Rodríguez dispuestos a cooperar después de la captura de Maduro. En Cuba no se ha identificado públicamente un sector equivalente capaz de garantizar una transición bajo las condiciones exigidas por Estados Unidos.
La superioridad militar estadounidense podría permitir una operación puntual sin resolver necesariamente el problema político que la motivó.
Ese es uno de los principales dilemas de cualquier estrategia destinada a provocar un cambio de régimen mediante la fuerza.
Irán, el costo político y las expectativas cubanas
La guerra con Irán añade una dificultad importante.
Según Associated Press, el vicepresidente JD Vance atribuyó parte de la derrota republicana al rechazo de los votantes al conflicto. La nueva mayoría demócrata también ha anunciado su intención de intensificar la supervisión sobre las decisiones presidenciales.
Emprender otra operación militar, especialmente si existe riesgo de escalada, tendría que evaluarse frente a ese desgaste político.
Sin embargo, Cuba presenta una particularidad: el respaldo a medidas contundentes entre amplios sectores de la comunidad cubanoamericana de Florida.
La FIU Cuba Poll 2026, realizada entre 1.004 cubanoamericanos de Miami-Dade, encontró que el 73 % apoyaba una acción militar estadounidense para derrocar al gobierno de La Habana. Entre las modalidades propuestas, las operaciones clandestinas obtuvieron mayor respaldo que una invasión terrestre.
Ese apoyo contrasta con una encuesta nacional de Marist realizada en enero, en la que el 61 % de los estadounidenses se opuso a una intervención militar en Cuba.
Las cifras corresponden a poblaciones y momentos diferentes, pero ilustran una realidad que Washington no puede ignorar: el respaldo político a una operación contra Cuba no es uniforme dentro de Estados Unidos, aunque entre los cubanoamericanos de Miami exista una importante corriente favorable.
¿Cambiará Trump su estrategia?
El propio presidente ha reiterado su intención de conseguir una transformación política en Cuba antes de finalizar su mandato, vinculando sus próximos movimientos a la evolución del conflicto con Irán.
El 31 de octubre volvió a mencionar ese objetivo y aseguró que Marco Rubio supervisaba estrechamente el expediente cubano.
Más significativo aún, el Departamento de Estado difundió el 4 de noviembre un reportaje sobre la Doctrina Donroe en el que un alto funcionario estadounidense aseguró: «Llevamos a cabo todo el proyecto de Venezuela mientras lo de Irán estaba en marcha, y estamos ocupándonos de Cuba».
La declaración no anuncia una intervención, pero apunta a la continuidad de la estrategia hemisférica pese a los acontecimientos en Oriente Medio.
La victoria demócrata puede intensificar la supervisión del Congreso, elevar el costo político de nuevas operaciones y favorecer alternativas diplomáticas. Pero también deja a Trump y Rubio con amplios instrumentos ejecutivos para mantener las sanciones, las negociaciones y otras formas de presión.
Por otra parte, La Habana podría interpretar el resultado electoral como una oportunidad para ganar tiempo, resistir hasta el final del mandato presidencial y esperar un cambio de política en Washington. Esa apuesta tampoco garantiza una salida: las sanciones pueden mantenerse y la crisis económica cubana continúa agravándose.
Las elecciones de mitad de mandato no han desactivado la probable opción militar contra Cuba ni han puesto fin a la estrategia de presión estadounidense. Pero tampoco hay pruebas públicas de que Trump haya decidido ordenar una intervención.
La interrogante fundamental va más allá de las facultades presidenciales o de los movimientos del Pentágono: si Washington consiguiera debilitar o descabezar al régimen mediante una operación limitada, ¿quién asumiría el poder y cómo se garantizaría una transición política?
De la respuesta a esa pregunta depende que una eventual victoria militar pueda convertirse en el cambio político que la administración Trump afirma perseguir.
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