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El gobierno del presidente Donald Trump planea intensificar de forma significativa los procesos para despojar de la ciudadanía estadounidense a emigrantes ya naturalizados, de acuerdo con un documento interno del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) obtenido por The New York Times.
La información apunta a un giro drástico en el uso de la desnaturalización, una herramienta legal que históricamente ha sido excepcional y poco frecuente.
Según el reporte del diario neoyorquino, USCIS ha instruido a sus oficinas regionales a presentar entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes durante el año fiscal 2026.
Esta cifra contrasta de manera contundente con el promedio histórico de apenas 11 casos anuales entre 1990 y 2017.
El objetivo es reforzar lo que la administración denomina una "guerra contra el fraude" en el sistema migratorio, enfocándose en personas que presuntamente obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal.
Un portavoz del USCIS confirmó al medio que no se trata de una política secreta y que la agencia está priorizando casos de ciudadanía adquirida de forma fraudulenta, especialmente durante el gobierno anterior.
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No obstante, el documento interno citado por The New York Times no detalla con claridad qué criterios específicos serán utilizados para determinar qué casos constituyen fraude, lo que ha generado inquietud entre expertos y exfuncionarios.
Bajo la legislación estadounidense vigente, la ciudadanía naturalizada puede ser revocada si se demuestra que fue obtenida mediante fraude o tergiversación de hechos materiales durante el proceso de naturalización.
Sin embargo, este mecanismo ha sido tradicionalmente reservado para situaciones extremas, como crímenes de guerra o fraudes graves y plenamente documentados. El nuevo enfoque del gobierno de Trump supone, según analistas, una ampliación sin precedentes de esta práctica.
El propio Trump ha manifestado públicamente su interés en retirar la ciudadanía a personas naturalizadas en múltiples ocasiones.
A principios de diciembre, declaró ante periodistas que existen "delincuentes que entraron en nuestro país y se naturalizaron", sugiriendo que esto ocurrió durante la administración de Joe Biden, aunque no presentó pruebas concretas.
"Si tuviera el poder para hacerlo -no estoy seguro de tenerlo, pero si lo tuviera- les retiraría la nacionalidad, sin duda alguna", afirmó entonces.
La imposición de cuotas mensuales para casos de desnaturalización ha provocado preocupación entre antiguos funcionarios del USCIS.
Sarah Pierce, exfuncionaria de la agencia, advirtió a The New York Times que establecer objetivos numéricos arbitrarios corre el riesgo de politizar la revocación de la ciudadanía.
Según explicó, exigir cifras mensuales que multiplican por diez el promedio anual histórico convierte una herramienta legal excepcional en un instrumento de uso rutinario, generando miedo e incertidumbre entre millones de estadounidenses naturalizados.
Esta medida se enmarca en una estrategia migratoria más amplia impulsada por Trump desde su retorno al poder, que incluye prohibiciones de viaje ampliadas, congelaciones de solicitudes de visas y residencias, y un endurecimiento general del sistema migratorio.
A finales de noviembre, el mandatario anunció un paquete de políticas radicales que contemplan la revocación de la ciudadanía a inmigrantes naturalizados que, según sus palabras, "socaven la tranquilidad nacional" o "no sean un activo neto para el país".
En un mensaje difundido por la cuenta oficial de la Casa Blanca con motivo del Día de Acción de Gracias, Trump aseguró que su gobierno "desnaturalizará" a quienes representen una amenaza para la seguridad interna y deportará a extranjeros que considere una carga pública.
También prometió suspender de manera permanente la migración desde lo que denominó "países del Tercer Mundo" y restringir el acceso a beneficios federales para no ciudadanos.
Las políticas ya han tenido consecuencias visibles.
La semana pasada, en Boston, varias ceremonias de juramento de ciudadanía fueron canceladas para inmigrantes de países catalogados como "de alto riesgo", entre ellos Cuba, Venezuela y Haití.
De acuerdo con reportes, funcionarios del USCIS apartaron a los solicitantes según su país de origen y suspendieron sus procesos sin ofrecer explicaciones claras.
La suspensión, confirmaron organizaciones de defensa de inmigrantes, tiene alcance nacional.
Organizaciones de derechos humanos y líderes demócratas han criticado duramente estas medidas, advirtiendo que podrían violar la Constitución y la Enmienda XIV, que protege la ciudadanía de las personas naturalizadas.
Mientras tanto, la administración Trump defiende su programa de "Migración Cero" como una vía para reforzar la seguridad nacional y "recuperar la identidad estadounidense".
En este contexto, el plan de imponer cuotas para la desnaturalización marca un nuevo capítulo en la política migratoria de Estados Unidos, con implicaciones profundas para millones de ciudadanos naturalizados que ahora enfrentan un escenario de mayor escrutinio e incertidumbre sobre su estatus legal.
Preguntas frecuentes sobre el plan de desnaturalización de Trump
¿Cuál es el objetivo del plan de desnaturalización propuesto por Trump?
El objetivo del plan de desnaturalización del presidente Donald Trump es reforzar lo que su administración denomina una "guerra contra el fraude" en el sistema migratorio, enfocándose en personas que presuntamente obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal. Este enfoque ha generado preocupación debido a su uso más amplio y menos restringido en comparación con administraciones anteriores.
¿Qué criterios se utilizarán para determinar los casos de fraude en la ciudadanía?
El documento interno citado por The New York Times no detalla con claridad qué criterios específicos serán utilizados para determinar qué casos constituyen fraude, lo que ha generado inquietud entre expertos y exfuncionarios. Sin embargo, se sabe que se priorizarán casos de ciudadanía adquirida de forma fraudulenta, especialmente durante gobiernos anteriores.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional a las políticas migratorias de Trump?
Organizaciones de derechos humanos y líderes demócratas han criticado duramente las medidas propuestas por Trump, advirtiendo que podrían violar la Constitución y la Enmienda XIV, que protege la ciudadanía de las personas naturalizadas. Estas críticas se centran en la preocupación por la creación de una "segunda clase" de ciudadanos estadounidenses.
¿Qué impacto tienen estas políticas en las ceremonias de ciudadanía?
La imposición de cuotas mensuales para casos de desnaturalización ha provocado la cancelación de varias ceremonias de juramento de ciudadanía en ciudades como Boston, especialmente para inmigrantes de países considerados "de alto riesgo" como Cuba, Venezuela y Haití. Esta medida ha generado incertidumbre y temor entre los solicitantes.
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