La prensa pagada por el Partido Comunista de Cuba lanzará las campanas al vuelo con la excarcelación provisional del ex presidente brasileño Luis Ignacio “Lula” da Silva; mientras Roberto Quiñones, José Daniel Ferrer y otros presos políticos cubanos siguen en las cárceles de la isla.
Lula no ha sido absuelto. Ha sido beneficiado por una decisión de la Corte Suprema de Brasil que -basada en la Constitución- acordó la salida de la cárcel del ex mandatario hasta que concluya el proceso de dos apelaciones interpuestas por sus abogados. Una muestra impecable de la democracia y su separación de poderes.
Pero la algarabía del gobierno cubano ignorará esos pequeños detalles e insistirá en su cantaleta de que Lula fue víctima de un juicio politizado, porque La Habana necesita a su socio brasileño en casa e intentando volver al poder para que trate de parar la sangría de Odebrecht, cuyo capítulo cubano aún se desconoce en toda su magnitud.
Ya estamos habituados a la bipolaridad política y jurídica de la casta verde oliva que, mientras celebra la excarcelación provisional de Lula, mantiene en prisión a Jesús Quiñones, José Daniel Ferrer -sin haber sido juzgado- y a otros 120 presos políticos, pese a la reciente afirmación del presidente Díaz-Canel de que en la isla no se represalia a quien piensa diferente o discrepa del tardocastrismo.
Ferrer ni siquiera ha sido juzgado, se le negó un recurso de Habeas Corpus, y su familia teme por su vida. Quiñones ha sido condenado a un año de prisión por intentar cubrir como periodista independiente el juicio de un matrimonio religioso que se negó a que sus hijos estudiaran en los colegios estatales. ¿Qué piensan el Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Estado de estos casos?
Al menos en Brasil, el presidente Bolsonaro tendrá que acatar la decisión judicial favorable a Lula. En Cuba, jueces y magistrados tienen que acatar las decisiones de la casta verde oliva que -sesenta años después- sigue empeñada en la no separación de poderes y en la subordinación absoluta del aparato estatal, gubernamental y legislativo.
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