El Observatorio Legislativo de Cuba, que monitorea la actividad legislativa en la Isla, emitió su informe mensual correspondiente a agosto, en el cual aborda el teme del racismo en Cuba y la postura del gobierno.
El Observatorio es una iniciativa de Demo Amlat, un proyecto de la ONG Transparencia Electoral, que lucha por el fortalecimiento democrático en la región.
En su comunicado, la entidad señala que el racismo siempre ha estado presente en la sociedad cubana aunque el gobierno no desea reconocerlo, por el contrario, se ha encargado de minimizar el problema.
“Las personas afrodescendientes sufren como consecuencia diversas carencias materiales y dificultades en el acceso a la educación y posteriormente al sistema laboral con más frecuencia que el promedio de la población”, denunció el texto.
El comunicado precisa que el problema del racismo no es particular de Cuba, sino de otros países de la región, muchos de los cuales se oponen a usar el término “afrodescendiente”, porque a las personas les cuesta identificarse a sí mismas como tales.
Según recordó el Observatorio Legislativo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve con preocupación la negativa del Estado cubano a adoptar este término.
“Desde 1959 el tema del racismo en la Isla no ha estado en la agenda del régimen”, detalla.
El documento se refiere también a los diversos grupos o asociaciones surgidos en Cuba como el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos y el Comité Ciudadano por la Integración Racial (CIR), que tratan de hacer visible la desigualdad de oportunidades en Cuba entre ciudadanos de diferentes razas, lo cual provoca marginación social, económica y cultural.
“La sociedad civil ha tomado la defensa en muchas esferas”, indica.
El informe también muestra cómo la ausencia de libertades políticas en la Isla empeora la labor de quienes luchan por la defensa de los derechos de los negros y contra la segregación y las manifestaciones de racismo.
“Los grupos que pretenden hacer activismo en esta temática, al igual que otros, también se ven negados de reconocimiento legal como consecuencia de la ausencia de libertad de asociación y expresión que existe en la isla”, subraya.
“Lo que se empeora cuando son acusados a través de expresiones racistas y son calificados como delincuentes por las autoridades solo por el hecho de agruparse y organizar sus reclamos”, recalca.
“Últimamente también ha tomado relevancia el tema en algunos sectores de la sociedad civil, fundamentalmente en el ámbito de la sociedad civil independiente, tras episodios de violencia policial e institucional que tuvieron como víctimas a personas afrodescendientes”, agrega.
El texto presentado se remitió al informe presentado por la CIDH en 2018, en el que denunció los afrodescendientes están entre los grupos más perjudicados por las “vulneraciones masivas a los derechos a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y circulación de la correspondencia, a la residencia y tránsito, a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial” en la Isla.
En esa ocasión, la CIDH reconoció “ciertos avances en contra de la discriminación étnico-racial”, aludiendo a la incorporación en la Constitución de elementos que ratifican el principio de igualdad como vía para impedir la discriminación por cuestiones de sexo, orientación sexual, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa y discapacidad, entre otros.
En cuanto a la situación de las cárceles en Cuba, Demo Amlat vuelve a remitir al informe de la CIDH, que hace dos años criticó al régimen castrista por el “déficit de información estadística desagregada en los registros de detención”.
La organización también ha hecho notar que un gran porciento de la población penal en la isla es afrodescendiente, lo cual podría estar causado, entre otras causas, por “actitudes discriminatorias de parte del personal policial”.
En ese sentido, el informe del Observatorio se hizo eco del reclamo internacional de libertad para el preso político Silverio Portal Contreras, una demanda que hacen al gobierno cubano miembros de la sociedad civil, opositores y periodistas independientes, con amplio respaldo de organizaciones internacionales.
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