El joven campesino cubano Alexander Castillo Verdecia, residente en el municipio guantanamero de Baracoa, se quejó de que el Gobierno de esa localidad se demora en pagarle sus producciones de coco y cacao y que no le ha ofrecido ayuda para arreglar su vivienda, afectada por el huracán Mathew en 2016.
En la finca dice que tiene sembradas unas 400 plantas de coco y otras 500 de cacao y todo lo que se produce se vende al Estado pero recibe el dinero "cuando le da la gana a ellos".
El productor agrícola, de 31 años, contó a la Unión Patriótica (UNPACU), que anteriormente vivía junto a su abuelo en una casita que fue destruida por el ciclón y decidió construir un nueva vivienda con algunos recursos, donde vivieron ambos hasta que falleció su familiar.
"Eso no se paga en efectivo, cada dos o tres meses", acotó el campesino cubano, quien mencionó que como justificación las autoridades le dicen que no hay dinero.
Durante su diálogo con los activistas de UNPACU, Castillo Verdecia reprochó que le exigen la entrega de la producción, pero no lo atienden ni le facilitan acceso a materiales e insumos.
"Ni ropa de trabajo, ni botas, ni limas, ni nada", señaló, "pero descuentan un por ciento del dinero que nos deben pagar, supuestamente para que tengamos de todo eso".
La situación no es exclusiva de este joven. Aseguró que otros más pasan por las mismas carencias y aunque lo plantean en las reuniones y se quejan, nunca hay soluciones.
"Es por gusto", aseguró.
Baracoa tiene una población de más de 80 mil habitantes y es tradicional en esa región del país el cultivo de cacao y coco para la industria nacional o la exportación.
Los campesinos que trabajan la tierra deben entregar una parte importante de sus producciones al Estado a cambio por precios irrisorios, según lo contratado. Si pertenecen a entidades estatales, como cooperativas campesinas, deben pagar una cuota que les debe garantizar acceso a determinados recursos.
Varios campesinos han denunciado a medios de prensa independientes que son objeto de la burocracia gubernamental y que el Estado se resiste a pagarle a tiempo sus producciones.
Alberto Carmenate Ortega (con residencia en Perico, Matanzas), se quejó que el Gobierno le debe desde 2019 unos 11 mil pesos cubanos por la producción de carne de cerdo.
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