A Mirella Herrera Delgado, una matancera y persona adulta mayor con asma severa, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), alergias y limitaciones físicas, le negaron el acceso al gas licuado de petróleo (GLP) porque, según la empresa estatal, no cumple con los criterios de “prioridad”.
Así lo describe la sección de cartas Apartado 1433, del periódico oficial Girón, al cual escribió Herrera, con la esperanza de obtener una solución a su situación crítica.
Vecina del reparto Camilo Cienfuegos, en la ciudad de Matanzas, la anciana reconoció que “no está permanentemente en cama ni se considera en la categoría de vulnerable, pero necesita del citado combustible doméstico para la cocción de sus alimentos”.
Debido a los continuos y prolongados apagones que sacuden al país y el agudo déficit de GLP, ha tenido que cocinar con carbón, pero sus condiciones médicas hacen que no sea una opción inocua, sino una amenaza directa a su salud.
Según la respuesta ofrecida al medio de prensa por Lázaro R. Abreu García, director territorial de la Empresa Comercializadora de Combustibles Matanzas, las enfermedades descritas por la remitente no se hallan dentro de las priorizadas para la asignación de gas licuado.
“En estos casos se incluyen los vulnerables controlados por el gobierno municipal y los clientes encamados. Como adquirió el producto el pasado 3 de diciembre de 2024, ya tiene derecho a comprarlo desde el 10 de junio último”, puntualizó Abreu.
La respuesta oficial, aunque apegada a la normativa, evidencia la rigidez de un sistema que no contempla matices ni excepciones.
El caso de Mirella no es único, pero sí ilustrativo. Muestra con crudeza cómo la política de distribución del GLP, lejos de atender necesidades humanas concretas, se rige por clasificaciones frías que no se adaptan a la complejidad de cada situación. En el camino, personas con padecimientos graves siguen enfrentándose solas a decisiones que ignoran lo esencial: su derecho a vivir con dignidad.
La venta de GLP quedó suspendida en casi todas las provincias de Cuba, tras agotarse el inventario proveniente del último buque que arribó a la isla en mayo, confirmó a Granma el director adjunto de la Unión Cuba Petróleo, Irenaldo Pérez Cardoso.
La distribución se mantuvo por más de 30 días, pero actualmente solo habrá disponibilidad cuando llegue un nuevo barco, el cual se encuentra en aguas nacionales, aunque su descarga depende de que el país complete el pago al proveedor, reconocieron las autoridades.
Este fenómeno no es nuevo: desde hace meses e incluso años, Cuba enfrenta interrupciones periódicas en la distribución de gas doméstico, dependiendo casi exclusivamente de la llegada de barcos y de la capacidad del gobierno para realizar los pagos a tiempo.
Cada vez que se agotan las reservas, la población queda expuesta a largas esperas y a la incertidumbre sobre cuándo podrá volver a cocinar con gas.
El gobierno atribuye estas limitaciones a la falta de financiamiento y a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, a las que califica como parte de un “bloqueo multidimensional”.
Por el momento, no se vislumbra una salida que permita superar la dependencia extrema de importaciones puntuales para garantizar un servicio básico como el gas licuado.
Asimismo, el país atraviesa una de sus peores crisis energéticas de los últimos años, con un sistema eléctrico deteriorado, dependiente de combustibles escasos y con una capacidad de generación al borde del colapso.
La Unión Eléctrica (UNE) confirmó este viernes 4 de julio que el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sigue inmerso en una severa crisis, con un déficit que alcanzó los 1,767 MW el jueves, un valor superior a los 1,650 MW previstos y que refleja una situación de extrema vulnerabilidad.
Mientras los partes oficiales reflejan una situación crítica en términos técnicos, en las calles de Cuba la percepción ciudadana va más allá de los números: la desesperanza se instala como un sentimiento generalizado ante el empeoramiento de las condiciones de vida.
En el caso de Matanzas, la Empresa Eléctrica anunció la implementación de varias medidas para mitigar los apagones, pero las propias declaraciones confirman que las afectaciones continuarán.
En el territorio yumurino, se han reportado cortes de hasta 32 horas consecutivas, lo que ha generado molestias y protestas entre los ciudadanos.
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