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Han pasado varios días desde que el Miami Herald publicara una investigación que estremeció el panorama informativo sobre Cuba: documentos financieros internos filtrados de GAESA, el conglomerado empresarial militar, revelan que este controla más de 18,000 millones de dólares en activos que pueden convertirse rápidamente en efectivo.
La cifra supera las reservas internacionales de países como Uruguay, Panamá o Costa Rica y, según la investigación del prestigioso medio, se mantiene fuera del alcance de auditores estatales, en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y al margen de las necesidades más urgentes de la población.
Pese a la magnitud de la acusación y a la repercusión internacional que ha tenido, el ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) no ha emitido ninguna respuesta oficial. No ha habido declaraciones de su titular, Bruno Rodríguez Parrilla, ni comunicados en sus canales institucionales, ni entrevistas en medios estatales que aborden el fondo del asunto.
El tema tampoco figura en las portadas de la prensa oficial, que ha optado por ignorar el escándalo y mantener su agenda habitual de propaganda.
Una respuesta indirecta y personal
La única reacción pública relacionada con la Cancillería ha venido de forma indirecta, y no dirigida al Miami Herald.
Rodney González Maestrey, director de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del MINREX, publicó un mensaje en Facebook que, lejos de responder a la denuncia del periódico estadounidense, se centró en atacar al periodista independiente Mario J. Pentón.
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Pentón, residente en Estados Unidos y colaborador de medios de prensa independientes, había comentado la investigación del Herald y criticado a dos figuras visibles de la diplomacia cubana: Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores, y Johana Tablada de la Torre, subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos.
En su publicación, Pentón señaló que ninguno de ellos había dicho una sola palabra sobre los 18,000 millones de dólares atribuidos a GAESA, cuestionando su silencio y recordando que buena parte de la población cubana no puede acceder libremente al reportaje original por las restricciones de internet en la isla.
Lejos de asumir el reto de responder o aclarar la información, González Maestrey dedicó su mensaje a desacreditar a Pentón, calificándolo como “instrumento de la extrema derecha de origen cubano” y acusándolo de buscar “legitimar” políticas de Washington contra Cuba.
En su texto, el funcionario mezcló referencias a las sanciones estadounidenses sobre el comercio de combustibles, la situación del transporte y de la industria, y una defensa del turismo gestionado por empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas, presentando las críticas a ese sector como ataques interesados contra el país.
El arte de desviar la conversación
El resultado fue un texto que evadió por completo el asunto de fondo: la existencia de una reserva multimillonaria en manos de GAESA y la falta de transparencia sobre su destino. En lugar de ello, González Maestrey optó por centrar la conversación en dos ejes recurrentes del discurso oficial:
- El embargo / bloqueo como explicación universal de las carencias en Cuba. El funcionario presentó el reportaje y los comentarios de Pentón como parte de un “ataque” enmarcado en la política estadounidense hacia la isla, sin ofrecer evidencia que refutara las cifras presentadas por el Herald.
- La defensa del turismo controlado por GAESA como “fuente importante de ingresos”, cuestionando que se critique la militarización de la economía y sugiriendo que tales críticas son “pretextos” para dañar una actividad que, en su versión, beneficia al país.
Este tipo de argumentación —un clásico en la propaganda oficial— desplaza el foco desde los datos concretos hacia un relato maniqueo donde toda crítica se interpreta como complicidad con “la extrema derecha” o “el enemigo externo”.
Una vieja táctica: personalizar el conflicto
El mensaje de González Maestrey también se concentró en elementos personales. Señaló que “el pecado” del viceministro Fernández de Cossío era tener familia en Estados Unidos, y el de Tablada de la Torre, viajar a ese país por razones oficiales.
Bajo esa lógica, ironizó, figuras como el senador Marco Rubio tampoco tendrían autoridad para opinar dada la corrupción en su propio país.
Este recurso de trasladar el debate hacia la vida personal o familiar de los interlocutores es otra táctica frecuente del régimen: personalizar el conflicto para evitar abordar los cuestionamientos estructurales.
De esa manera, el asesor legal de la Cancillería pretendió que la discusión dejara de girar en torno a la existencia de 18,000 millones de dólares fuera del control civil y pasara a ser un duelo de acusaciones cruzadas sobre moralidad, viajes y vínculos personales.
Lo que no se dice
En ninguna línea del texto de González Maestrey apareció una negación explícita de las cifras publicadas por el Miami Herald. Tampoco hubo explicación sobre el origen, uso o destino de esos fondos, ni se aclaró si GAESA está obligada a reportar o transferir parte de sus reservas al presupuesto estatal para aliviar la crisis.
Este silencio contrasta con la rapidez con la que el MINREX suele responder a otros reportajes críticos o temas para los cuales la maquinaria propagandística está más engrasada como las sanciones estadounidenses y las repercusiones del "bloqueo".
En este caso, el silencio institucional y la respuesta personal y tangencial de un funcionario resultan indicadores del sudor frío de La Habana y el temor del régimen totalitario a la difusión de una información que expone su corrupción y su naturaleza cruel, desligada de todo servicio público y de todo compromiso con el bienestar de los ciudadanos.
Un problema que va más allá de las redes
La publicación de González Maestrey se mueve en el ámbito de las redes sociales, donde la Cancillería ha intentado en los últimos años proyectar una imagen de “combate ideológico” con cuentas activas y mensajes frecuentes.
Sin embargo, cuando se trata de asuntos de alto impacto económico y político como este, la estrategia parece ser la contraria: evitar pronunciarse oficialmente y dejar que el ruido digital reemplace a las respuestas formales.
En este caso, el “ruido” ha consistido en desacreditar al mensajero —Pentón— y en reiterar el relato del embargo y la defensa de sectores controlados por los militares, sin entrar al contenido de la denuncia.
Para observadores y críticos, esto es una confirmación de que la Cancillería actúa como parte del blindaje político de GAESA, el conglomerado que amasa y maneja la mayor parte de las divisas que entran al país.
El silencio como estrategia
La ausencia de una respuesta oficial del MINREX sobre los 18,000 millones de dólares de GAESA, combinada con el intento de desviar la conversación hacia ataques personales y narrativas sobre el embargo, constituye una estrategia de control discursivo: no se confirma ni se desmiente la denuncia, simplemente se evita que el foco público permanezca sobre ella.
Mientras tanto, las condiciones de vida en la isla siguen deteriorándose, y el régimen preserva sus reservas en manos militares, lejos de la fiscalización ciudadana o del uso para mitigar la crisis.
El caso ilustra cómo, en la política cubana, el silencio oficial no es ausencia de respuesta: es una respuesta en sí misma, calculada y coherente con el manejo opaco del poder económico.
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