La administración de Donald Trump evalúa la posibilidad de deportar a Kilmar Abrego García, originario de El Salvador, a Uganda, tras su liberación de la custodia penal en Tennessee, de acuerdo con un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenido por CBS News este sábado.
Abrego, acusado en Estados Unidos de tráfico de personas, había sido deportado erróneamente a El Salvador a inicios de este año, donde permaneció recluido durante meses en una prisión local antes de ser devuelto a territorio estadounidense.
Un juez ordenó su liberación bajo fianza en espera de juicio programado para enero, pero horas después sus abogados recibieron la notificación sobre una eventual deportación a Uganda, con una ventana de 72 horas para ejecutarse.
La situación surge luego de que Uganda aceptara un acuerdo con Washington para recibir deportados que no son ciudadanos suyos, convirtiéndose en el más reciente “tercer país” en sumarse a estas prácticas migratorias impulsadas por la administración Trump.
Los abogados de Abrego revelaron que el gobierno estadounidense le había ofrecido previamente un acuerdo alternativo para trasladarlo a Costa Rica como refugiado tras cumplir condena.
Sin embargo, al rechazarlo, ICE le notificó que podría ser enviado a Uganda, lo que sus defensores califican como una maniobra de presión y “venganza política” contra su cliente.
"Solo puede haber una interpretación de estos hechos: el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están utilizando sus poderes colectivos para obligar al Sr. Abrego a elegir entre una declaración de culpabilidad seguida de una relativa seguridad, o su entrega a Uganda, donde su seguridad y libertad estarían amenazadas", escribieron en el documento presentado este sábado.
En 2019, un juez de inmigración determinó que Abrego no podía ser deportado a El Salvador por el riesgo de ser perseguido por pandillas, aunque meses después fue enviado allí debido a lo que el gobierno denominó un “error administrativo”.
Ahora, la posibilidad de su deportación a un país con el que no guarda ningún vínculo refuerza las críticas a esta política de expulsiones hacia terceros países.
Abrego planea regresar a Maryland, donde residía con su familia, mientras sus abogados insisten en que el proceso atenta contra sus derechos y su seguridad personal.
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