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Millones de familias en Estados Unidos han comenzado a sentir los efectos de un cambio profundo en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), más conocido como cupones de alimentos.
La medida, que entró en vigor el lunes 1 de septiembre, coincidió con el Día del Trabajo (Labor Day) y ha generado preocupación entre beneficiarios y organizaciones comunitarias por el alcance de sus consecuencias.
¿Qué ha cambiado?
El ajuste central tiene que ver con las horas mínimas requeridas para acceder al beneficio.
Desde este mes de septiembre:
-Los adultos deberán trabajar, hacer voluntariado o participar en programas de capacitación al menos 80 horas al mes, lo que equivale a 20 horas semanales.
-La norma aplica principalmente a los adultos sin dependientes entre 16 y 59 años, con capacidad de trabajar y sin familiares a cargo.
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-Quienes no cumplan con este requisito solo podrán recibir beneficios durante tres meses en un período de 36 meses (3 años), salvo que accedan a una exención.
En otras palabras, se busca restringir el acceso para quienes no mantengan una vinculación mínima con el empleo o programas de formación.
Excepciones y exenciones contempladas
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que administra el SNAP, estableció excepciones para personas en situaciones especiales. Entre ellas:
-Quienes trabajen 30 horas semanales o más (o ganen al menos lo equivalente al salario mínimo federal multiplicado por 30 horas).
-Padres o cuidadores principales de niños menores de 6 años o de personas con discapacidad.
-Adultos con limitaciones físicas o mentales que les impidan trabajar.
-Personas que participen de manera regular en un programa de tratamiento contra el alcoholismo o la drogadicción.
-Estudiantes matriculados al menos a medio tiempo en la escuela o en programas de capacitación (aunque para universitarios aplican reglas adicionales de elegibilidad).
Estas excepciones buscan proteger a grupos especialmente vulnerables, aunque su aplicación dependerá de verificaciones y de la interpretación de las autoridades estatales que administran el programa.
El golpe al bolsillo de las familias
Los efectos económicos de la reforma no son menores. Un estudio del Urban Institute calculó que de las 22.3 millones de familias alcanzadas por el SNAP, alrededor de 5.3 millones perderían al menos 25 dólares mensuales.
En promedio, la reducción llegaría a 146 dólares por mes, lo que representa un recorte significativo para hogares que ya dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas de alimentación.
Esto podría traducirse en cambios en los hábitos de consumo. Muchas familias optarían por hacer sus compras en supermercados de bajo costo, como Walmart, en busca de maximizar cada dólar, mientras que cadenas más grandes podrían percibir un descenso en las ventas.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), hasta 2.4 millones de personas, incluidas familias con niños, podrían perder sus beneficios mensuales.
Un programa que sostiene a millones de hogares
El SNAP representa la principal red de seguridad alimentaria del país, con más de 40 millones de beneficiarios.
A través de tarjetas de débito precargadas, las familias con menos recursos pueden adquirir productos básicos en supermercados y tiendas autorizadas.
Sin embargo, los recientes cambios implican un recorte histórico en el acceso a este programa, considerado el mayor desde su creación.
El presidente Donald Trump llegó a definir la ley tributaria que enmarca esta reforma como su “One Big Beautiful Bill” o “Big Beautiful Bill”, subrayando su carácter transformador.
No obstante, entre los expertos y analistas de política social, se la señala como la norma que impone los ajustes más duros en la historia del SNAP.
Un debate con impacto social
Más allá de los números, la reforma al SNAP abre un debate sobre la manera en que Estados Unidos aborda la pobreza y la seguridad alimentaria.
Para quienes apoyan los cambios, se trata de un incentivo para que los beneficiarios se incorporen al mercado laboral.
Para los críticos, en cambio, se trata de un recorte que penaliza a los sectores más pobres en un contexto económico donde el acceso a empleos estables y con horarios suficientes no siempre está garantizado.
Lo cierto es que, a partir de este septiembre, millones de familias deberán adaptarse a una nueva realidad: trabajar más horas, demostrar su participación en programas de capacitación o enfrentar la posibilidad de perder un beneficio que durante años ha sido un salvavidas contra la inseguridad alimentaria.
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