Una mayoría de los cubanos considera que el gobierno debería entregar el poder debido a la incapacidad de resolver la crisis eléctrica, según una encuesta publicada en la página de Facebook de CiberCuba, donde el 83% de los votantes apoyó esta opción.
La consulta, en la cual participaron casi 6,000 personas, preguntó qué deberían hacer las autoridades cubanas ante la ineficacia del sistema eléctrico y la respuesta fue contundente: 4,960 se decantó por entregar el poder porque son incapaces de resolver la crisis.
Las opciones de efectuar inversiones privadas para modernizar el Sistema Eléctrico Nacional (528 votos) y reconocer el fracaso y pedir ayuda internacional (447 votos) muestran que aunque hay apertura a soluciones externas, la mayoría prefiere un cambio político.
El inciso relacionado con seguir inventando con parches y justificaciones no fue seleccionada por nadie.
El sondeo, aunque no representa necesariamente a toda la población cubana, sí refleja el sentir de un segmento significativo de usuarios de redes sociales o lectores de CiberCuba.
La crisis eléctrica en Cuba es un tema crítico que afecta la vida diaria y la economía, lo que explica la intensidad de las respuestas.
A ello se suman los comentarios de los usuarios en la publicación, reflejo de un ambiente cargado de frustración. Algunos señalaron que “los apagones son la prueba de que el país está en ruinas”, mientras otros ironizaron afirmando que “ni con 10 siglos de inventos podrán arreglar lo que destruyeron en seis décadas”.
Otros participantes expresaron directamente su desconfianza en cualquier promesa oficial, asegurando que el Gobierno “ya no tiene credibilidad” y que “la electricidad es solo la punta del iceberg de un sistema que fracasó hace tiempo”.
Para muchos, el colapso energético es el símbolo de una crisis general que afecta todos los aspectos de la vida cotidiana.
El debate digital dejó claro que el problema eléctrico no se percibe como una coyuntura pasajera, sino como el resultado de décadas de negligencia, mala gestión y falta de inversiones.
Los usuarios coinciden en que las soluciones improvisadas han caducado y que la única salida real pasa por un cambio de poder que permita iniciar una reconstrucción del país.
En su VIII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló recientemente que la desaprobación al gobierno de La Habana alcanza un 92 %, mientras que solo un 5 % expresó una valoración favorable.
El informe subrayó que el rechazo es aún mayor entre los jóvenes: en el rango de 18 a 30 años, apenas 3,39 % califica positivamente la gestión gubernamental, lo cual confirma la pérdida de confianza de las nuevas generaciones en la actual dirigencia.
El documento señaló que los apagones, la crisis alimentaria, el costo de la vida, los bajos salarios y el deterioro de la salud pública son los principales factores que alimentan el malestar ciudadano, mientras las autoridades insisten en negar la magnitud de los problemas o culpar a terceros.
Asimismo, subrayó que la extrema pobreza alcanza al 89 % de los cubanos y el 78 % quiere emigrar.
“La desconexión y la indolencia con los problemas de la gente caracteriza a todo el régimen”, afirmó el organismo, al tiempo que insistió en que la situación requiere reformas estructurales.
“La pobreza generalizada y la grave crisis de los derechos sociales solo podrán enfrentarse con una economía de mercado, respeto a la propiedad privada, libre iniciativa, seguridad jurídica e inversiones extranjeras”, concluyó el informe.
En un contexto donde el gobierno cubano no publica estadísticas oficiales actualizadas sobre pobreza, el economista Pedro Monreal ha cuestionado con fuerza la falta de transparencia en los datos, argumentando que esta omisión impide enfrentar el problema con políticas eficaces.
Este escenario se inserta en un patrón más amplio: Cuba figura como el país más pobre de América Latina según comparaciones regionales recientes, lo que contradice la narrativa oficial que pretende mostrar avances sociales sostenidos.
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