El ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, ofreció en Facebook un balance sobre la situación del sector tras las intensas lluvias que en los últimos días devastaron varias provincias orientales.
Aunque la información oficial detalla medidas puntuales para enfrentar el colapso de caminos, puentes y servicios, el panorama confirma una realidad más profunda: la vulnerabilidad de la infraestructura cubana es resultado de años de abandono y desatención gubernamental.
Rodríguez precisó que en Guantánamo permanecen suspendidas las salidas de Ómnibus Nacionales hacia Baracoa, con conexiones a Camagüey, Santiago de Cuba y La Habana, hasta tanto se pueda reanudar el tránsito en las carreteras.
En Maisí, el transporte también está detenido, y los pasajeros del tren nacional debieron ser trasladados en operaciones intermodales hacia Baracoa y Maisí.
Las lluvias provocaron deslizamientos en el viaducto La Farola, lo que obliga a limitar el tránsito nocturno.
El puente alternativo de Imías sigue interrumpido y se trabaja en los accesos al puente de Yacabo. Para emergencias, se dispusieron ómnibus escolares y de la Empresa Provincial de Transporte en San Antonio, listos para evacuaciones.
En Santiago de Cuba, se prevé la activación de varios ramales ferroviarios: el ramal 1 ya se habilitó para permitir la entrada de trenes, el ramal Refinería entrará en funcionamiento para el traslado de combustible, y el 2 podría estar listo el 4 de octubre, si llegan los recursos prometidos.
A pesar de ello, las inundaciones mantienen fuera de servicio las áreas tecnológicas de la Empresa de Revisión Técnica Automotor (ERTA).
También se reportan cortes de caminos en Guamá y Baconao, donde la Unidad de Construcciones Militares y la ECOI 55 intentan restablecer el paso.
El ministro insistió en que se trabaja “sin descanso” para restablecer servicios, pero la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta.
Y no es casual: en cada temporal, el oriente del país queda a merced de su frágil infraestructura. Los desastres naturales se convierten en catástrofes sociales no solo por la fuerza de la lluvia, sino por años de problemas acumulados que el gobierno nunca ha resuelto.
Los reportes locales confirman la gravedad.
En Guantánamo, la crecida de ríos inundó comunidades como Hatibonico, Caimanera y San Antonio del Sur, con acumulados de hasta 657 milímetros en apenas 72 horas.
Calles y viviendas quedaron bajo el agua y miles de personas fueron evacuadas. La provincia suspendió las clases en todos los niveles.
En Santiago de Cuba, la depresión tropical dejó escenas dramáticas: barrios enteros bajo el agua, derrumbes de viviendas, deslizamientos de tierra y familias atrapadas en casas anegadas.
Vecinos del reparto Antonio Maceo reportaron que el agua llegó hasta el primer piso de los edificios, mientras otros se quejaron de filtraciones incluso en los pisos más altos.
La falta de drenaje, la precariedad de viviendas y el deterioro de las vías convirtieron cada aguacero en una amenaza.
En zonas como el Hoyo de Chicharrones y Perucho Figueredo, los deslizamientos arrasaron casas y mantuvieron en vilo a comunidades enteras. Comercios, restaurantes y calles como la Alameda y la Avenida Jesús Menéndez quedaron inundados.
Los testimonios desde las provincias reflejan un patrón repetido: cada fenómeno meteorológico desnuda la incapacidad del Estado para mantener y proteger la infraestructura básica.
El transporte, esencial para evacuar, abastecer y socorrer, se colapsa junto con los puentes, caminos y líneas férreas.
Aunque las autoridades repiten que “se trabaja en el restablecimiento”, lo cierto es que la población paga las consecuencias de años de abandono.
La crisis de transporte en el oriente tras las inundaciones no es un accidente aislado: es la consecuencia directa de un país que se hunde en cada tormenta porque el gobierno nunca resolvió los problemas cuando debía.
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