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El periodista cubano José Raúl Gallego afirmó que los ciudadanos deberían dirigir sus protestas hacia las sedes del poder estatal, en respuesta al mensaje publicado por la cuenta oficial de la Presidencia de Cuba que pedía no bloquear calles durante las manifestaciones en La Habana.
“Creo que por primera vez habría que hacerle caso a Díaz-Canel: las protestas hay que dirigirlas hacia allí. Al Partido, al Gobierno, a las estaciones de policía. Ocupar esos espacios que legítimamente le pertenecen a la ciudadanía y hacer que salgan de ahí los que han usurpado el poder por seis décadas y son responsables de todos los problemas de Cuba”, escribió Gallego en redes sociales.
El comentario aludió al tuit publicado por los propagandistas de Palacio en el que se citaba al gobernante Miguel Díaz-Canel diciendo que “los reclamos de la población son legítimos, pero tienen que hacerse en los lugares establecidos: el Partido, las instituciones del Gobierno y del Estado”, y advirtiendo que “nadie está autorizado a cerrar una vía pública”.
El mensaje oficial llegó tras varios días de protestas y cacerolazos en barrios de la capital, motivados por apagones prolongados, escasez de agua y acumulación de basura. En respuesta, Díaz-Canel presidió reuniones con dirigentes del Partido Comunista y jefes militares, ordenando inspecciones al sector privado y controles sobre el consumo eléctrico y de combustible.
Gallego interpretó las palabras del gobernante como una paradoja: si el propio mandatario señala dónde deben hacerse los reclamos, entonces esos lugares —Partido, Gobierno y estaciones de policía— deberían ser precisamente los escenarios de la protesta ciudadana.
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Protestas frente al poder, a pesar del miedo
Aunque el control estatal y la represión han sofocado durante décadas cualquier intento de disidencia visible, en Cuba se han registrado varios episodios en que los ciudadanos han llevado sus reclamos directamente hasta las sedes del poder político o administrativo.
Aun bajo un sistema que castiga la protesta con cárcel o represión violenta, diferentes sectores sociales —desde madres y trabajadores por cuenta propia hasta artistas y activistas— han desafiado el miedo y el control del Partido Comunista.
En marzo de 2020, decenas de cuentapropistas protagonizaron una manifestación frente del Partido Comunista en Santa Clara, exigiendo derechos laborales y la restitución de licencias suspendidas por el ministerio de Trabajo.
La protesta fue inédita por su magnitud y porque se desarrolló ante una institución gubernamental, forzando una respuesta pública de las autoridades.
El 27 de noviembre de 2020, más de un centenar de artistas, periodistas y jóvenes cubanos se congregaron frente al ministerio de Cultura (MINCULT), en La Habana, para exigir libertad de expresión, el cese de la censura y diálogo con las autoridades.
La protesta, conocida como 27N, surgió tras el violento desalojo del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja y marcó un punto de inflexión en la sociedad civil cubana: por primera vez en décadas, un grupo amplio de ciudadanos se manifestaba pacíficamente ante una institución del Estado.
Aquella noche, los manifestantes lograron que funcionarios del MINCULT accedieran a dialogar, aunque el régimen pronto incumplió los compromisos asumidos y emprendió una campaña de acoso y vigilancia contra los participantes. El 27N quedó como símbolo de un despertar cívico, de una generación que llevó su reclamo hasta las puertas del poder.
En febrero de 2021, un grupo de jóvenes animalistas protagonizó una protesta pacífica frente al ministerio de Agricultura, en La Habana, para exigir la aprobación de la Ley de Bienestar Animal, prometida por el Gobierno desde el año anterior.
Los manifestantes portaron carteles con reclamos de transparencia y participación ciudadana en la redacción del decreto, y fueron recibidos brevemente por funcionarios del ministerio antes de que la Seguridad del Estado interviniera violentamente.
Pese al cerco policial, la protesta marcó un precedente: fue la primera vez que un grupo de jóvenes desafiaba abiertamente al Estado desde el activismo cívico, y lo hacía en la puerta de un ministerio, señalando la ausencia de canales reales de participación ciudadana.
En agosto de 2022, el rapero Omar Mena fue detenido en Santa Clara tras presentarse en la sede del PCC para reclamar la liberación de presos políticos. Dos meses después, un grupo de madres desesperadas por la falta de gas y electricidad había encendido fogones improvisados en la entrada del propio edificio del Partido, convirtiendo la escasez doméstica en un acto de denuncia política.
También se han documentado protestas frente a gobiernos municipales. En Manicaragua (Villa Clara), en octubre de 2024, vecinos se congregaron ante la sede del gobierno local para exigir alimentos y electricidad; en Camagüey, en agosto de 2025, una madre se plantó con sus hijos frente a la sede del Gobierno provincial exigiendo atención social; y en Jagüey Grande, en 2022, decenas de personas se manifestaron frente a las oficinas municipales durante una noche de apagones.
Incluso durante el 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles, se registraron concentraciones frente a sedes del Partido Comunista en Holguín y Santiago de Cuba, con consignas que responsabilizaban directamente al poder político por la crisis.
Estos episodios, aislados pero reiterados, demuestran que incluso bajo un Estado de vigilancia y castigo, la ciudadanía ha comenzado a desplazar sus reclamos hacia los verdaderos centros de poder.
Las sedes del Partido, las asambleas municipales y las instituciones del gobierno han pasado de ser espacios de control a convertirse, poco a poco, en escenarios de confrontación civil, allí donde el sistema político se considera intocable.
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