La organización no gubernamental Cubalex denunció que al menos 15 personas que tomaron parte en una protesta por los apagones y la falta de agua en Marianao, La Habana, esta semana, fueron detenidas por la Seguridad del Estado.
La ONG informó en sus redes sociales que, tras la manifestación del pasado miércoles 8 de octubre en el barrio Santa Felicia, un grupo de vecinos fueron llevados al centro de detención del VIVAC.
Hasta el momento se desconocen las identidades y situación de los detenidos, precisó Cubalex en una publicación del viernes.
También denunció que la policía política del régimen arrestó de manera arbitraria al activista Liván Gómez Castillo, coordinador del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) en La Habana, e intentó vincularlo -sin éxito- con las protestas del miércoles y la aparición de carteles en Marianao.
“Lo acusaron sin pruebas de organizar una protesta por la falta de agua y los apagones”, advirtió Cubalex, pero finalmente tuvieron que liberarlo el jueves tras revisar grabaciones de la manifestación y comprobar que Gómez no estuvo presente.
No obstante, “fue amenazado con ser encarcelado y procesado si logran asociarlo con los carteles colocados en la zona”.
Cubalex alertó sobre la utilización por el régimen de “la represión y la criminalización de la protesta pacífica como mecanismos para silenciar el descontento ciudadano en Cuba”.
La noche del miércoles, vecinos del barrio Santa Felicia salieron a la calle tocando calderos y bloquearon la avenida 51, en protesta por la crisis prolongada, los apagones, la escasez de alimentos y la falta de libertades.
Testigos aseguraron que, tras varias horas de tensión, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria llegaron al lugar y detuvieron a varias personas.
La protesta en Santa Felicia ocurrió en un contexto de malestar social creciente en el país, y en particular en la capital, donde en las últimas semanas se han registrado manifestaciones y cacerolazos en los municipios Centro Habana, Cerro, Habana del Este (Cojímar) y La Habana Vieja, provocados por los persistentes cortes de electricidad, falta de agua y desabastecimiento.
Las protestas ciudadanas en Cuba son castigadas como si fueran un delito común, y pese a que no se reportan actos vandálicos, violencia física ni daños a la propiedad, las autoridades presentan estas acciones como evidencia de un intento masivo de alterar el orden público.
El régimen niega que existan manifestantes presos en Cuba y ha descalificado los informes de las organizaciones Amnistía Internacional y Human Rights Watch que denuncian represión y centenares de detenciones arbitrarias en la isla.
“Ni siquiera uno”, sostuvo el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, al responder a una pregunta del periodista Mehdi Hasan, de Zeteo, sobre los manifestantes encarcelados en Cuba, en una entrevista a fines de septiembre.
El vicejefe de la diplomacia cubana cuestionó la credibilidad de los reportes de las referidas organizaciones y los consideró carentes de pruebas.
Cuba cerró el mes de agosto de este año con 1,185 presos políticos y de conciencia, la cifra más alta registrada hasta la fecha, según datos computados por la organización Prisoners Defenders.
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