El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara impuso una condena de seis años de prisión a un ciudadano cubano por la venta ilícita de medicamentos e insumos médicos en la ciudad de Santa Clara.
En juicio oral y público, realizado en la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, José Manuel Cabrera Sosa fue juzgado por un delito relacionado con drogas ilícitas o sustancias de efectos similares, y por otro de actividades económicas ilícitas, indicó un comunicado del tribunal reproducido por la emisora radial CMHW.
Según la instancia judicial, las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el acusado adquirió en Santa Clara, de personas desconocidas, “una gran cantidad de medicamentos” que vendía a la población.
Algunos de los fármacos que comercializaba, como el tramadol y la difenhidramina, tienen efectos similares a las drogas y están controlados por la Resolución 25 del 2022 del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), advirtió la nota.
En el proceso judicial se comprobó que Cabrera vendía alrededor de 45 medicamentos, “de alta demanda y deficitarios”, e insumos médicos como jeringuillas de 5 mm, catéteres Foley de látex y esparadrapo, en “La Candonga” de Santa Clara, cerca del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico “Arnaldo Milián Castro”.
En ese sitio, fue arrestado por agentes de la Policía cubana (PNR), que incautaron los productos.
El tribunal sentenció a Cabrera a seis años de privación de libertad por un delito relacionado con drogas ilícitas, y a un año y seis meses por el de actividades económicas ilícitas, pero le impuso una sanción conjunta y única de seis años de cárcel.
Además de la pena principal, al acusado le aplicaron medidas accesorias, como el decomiso de los productos ocupados y la prohibición de salida del país.
Según el Tribunal Provincial de Villa Clara, en el juicio oral “se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrados en la Constitución de la República” y en la Ley del procedimiento penal vigente en Cuba.
El caso juzgado guarda similitud con otro que trascendió en febrero de este año. Un operativo del Ministerio del Interior (Minint) y el Cuerpo de Seguridad y Protección del Hospital Arnaldo Milián Castro terminó en el arresto de un asistente de la sala de geriatría cuando intentaba comercializar ampolletas de aminofilina, a 500 pesos cubanos cada una, y jeringuillas a 150 CUP en áreas próximas al hospital. La información oficial que se difundió entonces no reveló el nombre del detenido, por “razones legales”.
En julio pasado, las autoridades detuvieron a una enfermera del Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo, en la provincia Granma, que fue sorprendida in fraganti cuando salía del centro asistencial con un cargamento de fármacos e insumos médicos robados durante su turno de guardia.
El desabastecimiento de medicinas en Cuba es uno de los problemas más graves que enfrenta la población y perjudica, sobre todo, a personas con enfermedades crónicas y a quienes requieren tratamientos urgentes.
El sistema nacional de salud atraviesa una crisis estructural sin precedentes, marcada por una cobertura de apenas el 30 % del cuadro básico de medicamentos, debido a la falta de materias primas y la ineficiencia del sistema estatal de producción y distribución.
El gobierno cubano ha reconocido la escasez, pero atribuye la crisis a factores externos, mientras que especialistas y ciudadanos señalan la mala gestión, la corrupción, la falta de inversión y la centralización del sector farmacéutico como causas fundamentales del desabastecimiento.
En ese contexto, el robo de medicamentos y su venta ilegal se han disparado en la medida que se ha agudizado su carencia en farmacias y hospitales. En el mercado negro se comercializan tanto medicinas y material médico que son robados de las instituciones estatales, como los importados por personas desde el exterior, a precios exorbitantes que los hacen inasequibles para la mayor parte de la ciudadanía.
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