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El régimen cubano ha reconocido por primera vez que una parte de los pacientes con chikungunya sufrirá inflamación articular persistente, una secuela crónica e incapacitante que puede prolongarse durante meses o incluso años.
Pero lo ha hecho con la habitual opacidad: hablando de “un porciento” indefinido, sin cifras ni datos verificables, pese a que la magnitud del brote y sus consecuencias ya son inocultables.
Fuentes médicas, reportes independientes y testimonios desde la isla —recogidos por la BBC— confirman que el chikungunya está dejando una ola de dolor y discapacidad en todo el país.
“Matanzas parece una ciudad de zombis”, escribió una periodista local en noviembre, describiendo calles llenas de personas encorvadas, con dolores en las articulaciones y dificultad para caminar.
El virus, transmitido por el mosquito Aedes aegypti, provoca fiebre alta, sarpullidos, dolor muscular y articular intenso. Pero las secuelas pueden ser peores que la fase aguda.
En numerosos casos, los pacientes desarrollan una artropatía crónica inflamatoria similar a la artritis reumatoide: rigidez, inflamación de manos, rodillas, tobillos y hombros, y pérdida de movilidad.
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Según estudios internacionales, entre 20% y 40% de quienes padecen chikungunya pueden sufrir síntomas prolongados o discapacitantes.
“Estaba trabajando y sentí un dolor en la rodilla, como un peso fuerte. Cuando me fui a levantar no podía. Caminar me era muy complicado”, contó a la BBC Hansel, ingeniero habanero de 31 años.
“Amanecí con dolores en todo el cuerpo, las rodillas, la espalda, los hombros… era como si de repente fueras una persona anciana”. Semanas después, el joven aún sufría rigidez en las manos y dolor en los hombros: “Me cuesta abrir pomos, cerrar la mano, y ya ha pasado más de un mes”, relató.
En la provincia de Pinar del Río, Silvia —nombre ficticio— describió una situación parecida en su familia: “Mi madre y mi abuela están muy enfermas. Tienen fiebre, temblores y un dolor tan fuerte en las articulaciones que no pueden levantarse de la cama”.
En Cuba, sin embargo, el alcance real se desconoce. En diciembre, el propio portal de la Presidencia de Cuba reconocía que, solo en Matanzas, se habían atendido más de 5,000 pacientes, de los cuales el 60% necesitaba rehabilitación.
Esa cifra equivale a unos 3,000 enfermos con secuelas en una sola provincia. Pero en enero, durante una nueva reunión de expertos presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel, el dato desapareció y fue sustituido por la vaga referencia a un “porciento” de casos.
La contradicción entre ambos reportes oficiales —ambos emitidos por la misma oficina gubernamental— refleja el deterioro de la transparencia sanitaria y la manipulación del discurso público.
En diciembre, el régimen celebraba los modelos matemáticos que “predecían el control total de la epidemia a inicios de 2026”.
En enero, cuando esos pronósticos ya habían fallado, la Presidencia abandonó toda mención a los modelos y se cambió el foco hacia el fármaco Jusvinza, presentado como un logro científico del país.
Esa maniobra de comunicación no es casual: forma parte de una estrategia política de distracción y control narrativo. Primero se promete control; después, cuando la realidad desmiente el discurso, se ofrece una “solución biotecnológica” que devuelva al régimen la iniciativa informativa.
Mientras tanto, los cubanos sufren las secuelas del virus sin acceso a medicamentos ni rehabilitación. La falta de recursos en los hospitales ha obligado a muchos enfermos a pasar la enfermedad en casa, automedicándose con lo poco que consiguen.
“En los hospitales no hay condiciones para tener a las personas. Todo está colapsado, incluyendo los pediátricos”, relató Silvia a la BBC. “Solo mandan hidratación y paracetamol para los dolores… la gente lo pasa en casa como puede, prácticamente sin caminar”.
Otro testigo, un profesor habanero de 50 años, resumió la desesperanza: “Casi nadie va al médico. No hay medicamentos ni diagnósticos. Hay que comprarlos en el mercado informal o esperar que te los manden de afuera”.
El sistema sanitario, en crisis estructural, carece de antiinflamatorios, fisioterapeutas y recursos básicos. Muchos enfermos —como relataron varios a la BBC— se recuperan en casa, automedicándose con analgésicos o remedios naturales, porque los hospitales están desabastecidos y no ofrecen garantías mínimas.
La falta de seguimiento clínico significa que miles de casos post-chikungunya no figuran en las estadísticas oficiales, lo que agrava el subregistro y permite al régimen manipular la magnitud del daño.
Las autoridades, que durante décadas se han jactado de su “potencia médica”, guardan silencio sobre el impacto real de estas secuelas en la población trabajadora y envejecida del país.
En un contexto de apagones, basura acumulada y abandono del control vectorial, el virus se propaga con facilidad y sus consecuencias se agravan por la falta de medicamentos y personal médico.
Las palabras “persistente” y “porciento” se han convertido, en boca del régimen, en sinónimos de indefinición y ocultamiento. No describen una política sanitaria, sino una estrategia de supervivencia política: admitir parcialmente lo inevitable sin ofrecer soluciones ni datos.
Mientras tanto, en las calles de Cuba, miles de personas continúan caminando con dificultad, dobladas por el dolor, en un país donde el silencio oficial se ha vuelto otra enfermedad.
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