Permiten continuar la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca, por ahora

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos autorizó de manera temporal la continuación de la construcción del polémico salón de baile impulsado por Donald Trump en la Casa Blanca, en medio de una intensa disputa legal sobre los límites de su autoridad y las implicaciones del proyecto.

La decisión, adoptada por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia por dos votos contra uno, permite que las obras continúen al menos hasta el 17 de abril, mientras la administración busca una posible revisión ante el Tribunal Supremo.

Además, el tribunal ordenó al juez federal de distrito Richard Leon que aclare aspectos clave relacionados con la seguridad nacional, uno de los argumentos centrales del Gobierno.

El proyecto, valorado en unos 400 millones de dólares, contempla la construcción de un salón de baile de aproximadamente 90,000 pies cuadrados en el espacio donde se encontraba el Ala Este de la Casa Blanca, una estructura histórica que albergaba tradicionalmente oficinas de la primera dama y que fue demolida en septiembre. Esta ala fue construida originalmente en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt y ampliada en 1942.

La iniciativa ha sido defendida por Trump como una obra emblemática de su mandato, destinada a facilitar la recepción de líderes extranjeros y la celebración de grandes eventos sin recurrir a instalaciones temporales como carpas en el Jardín Sur.

El mandatario se ha involucrado personalmente en el diseño y promoción del proyecto, mostrando maquetas y destacando sus características en múltiples ocasiones.

"Será el mayor y más hermoso salón de baile jamás construido. Este espacio servirá a nuestro país por siglos", escribió en una publicación con una imagen del diseño del proyecto.

Sin embargo, el plan enfrenta una fuerte oposición legal encabezada por el National Trust for Historic Preservation, que presentó una demanda en diciembre, argumentando que el presidente excedió su autoridad al ordenar la demolición del Ala Este sin la aprobación del Congreso, requisito que consideran indispensable para intervenir en propiedades federales de alto valor histórico.

En marzo, el juez Leon falló inicialmente a favor del grupo conservacionista y ordenó detener la construcción, al considerar que el presidente actúa como "administrador" de la Casa Blanca y no como su propietario, y que ninguna ley le otorga competencias para ejecutar un proyecto de esta magnitud sin aval legislativo.

La administración Trump apeló la decisión alegando que la paralización de las obras dejaba la residencia presidencial "expuesta y vulnerable", poniendo en riesgo la seguridad del presidente, su familia y el personal.

Según sus abogados, el salón de baile forma parte de un conjunto de medidas esenciales de protección, calificándolo como un proyecto "fundamental para la seguridad".

Entre los argumentos presentados ante la corte se incluyen detalles sobre avanzados elementos de seguridad ya incorporados o en proceso de instalación, como columnas de acero resistentes a misiles, techos diseñados para resistir drones, cristales antibalas y estructuras preparadas para explosiones. También se mencionan refugios antiaéreos, instalaciones médicas y equipamiento militar altamente confidencial.

Estas afirmaciones están vinculadas a la revelación de que bajo el salón de baile se construye un complejo militar subterráneo de gran escala.

El propio Trump reconoció que las Fuerzas Armadas desarrollan esta instalación y llegó a describir el salón como una especie de "cobertura" para la infraestructura subterránea, cuya existencia salió a la luz tras la demanda judicial.

El líder republicano justifica estas medidas en el contexto de amenazas globales y conflictos recientes, señalando que el entorno internacional actual exige reforzar la seguridad del complejo presidencial.

De hecho, el proyecto recuerda precedentes históricos, como la construcción del búnker bajo el Ala Este durante la Segunda Guerra Mundial por orden de Franklin D. Roosevelt tras el ataque a Pearl Harbor, instalación que fue usada luego durante los atentados del 11 de septiembre de 2001.

No obstante, el grupo conservacionista ha cuestionado duramente estos argumentos, calificando de exageradas las preocupaciones de seguridad.

En sus alegaciones, sostiene que impedir la construcción del salón de baile no constituye una emergencia de seguridad nacional y recuerda que la Casa Blanca ha funcionado durante décadas sin una estructura de este tipo.

Asimismo, señalan que muchas de las obras relacionadas con la seguridad, especialmente las subterráneas, no estaban prohibidas por la orden judicial y podrían continuar independientemente del salón.

Según el grupo, la administración cambió su discurso al vincular ambas construcciones solo después de que se bloqueara el proyecto principal.

El litigio también pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la separación de poderes en Estados Unidos, en particular sobre el papel del Congreso en proyectos de infraestructura dentro de propiedades federales.

Mientras la administración insiste en que estas decisiones recaen exclusivamente en el presidente, sus opositores defienden que requieren supervisión legislativa.

Por ahora, la decisión del tribunal de apelaciones no resuelve el fondo del conflicto, sino que otorga una prórroga temporal que permite continuar las obras mientras se aclaran los aspectos legales y de seguridad.

El futuro del proyecto dependerá de las próximas resoluciones judiciales, que podrían escalar hasta la Corte Suprema en las próximas semanas.