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El secretario de Estado Marco Rubio anunció el pasado jueves un nuevo paquete de sanciones contra Cuba que incluyó la designación en la Lista SDN de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, y de la empresa minera Moa Nickel S.A., entre 12 funcionarios y siete entidades militares y de seguridad.
Una figura, sin embargo, brilló por su ausencia: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, director de su seguridad personal y presuntamente el "heredero" de las llaves de la caja de caudales del Grupo de Administración de Empresas S.A. (GAESA), el conglomerado que concentra buena parte de la riqueza nacional en manos de la cúpula del régimen.
La omisión resulta llamativa por varias razones. Apenas ocho cubanos figuran actualmente en la Lista SDN —la sanción más severa del Departamento del Tesoro, que implica congelación de activos y bloqueo financiero— y El Cangrejo no aparece entre ellos, pese a ser hijo del fallecido general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, expresidente de GAESA y primer cubano sancionado individualmente por Washington en 2020.
Tampoco figuran en la SDN Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel ni Alejandro Castro Espín (hijo de Raúl y capo de los servicios de inteligencia del régimen). Los tres solo enfrentan restricciones migratorias bajo la Sección 7031(c), que prohíbe su ingreso a Estados Unidos pero no congela activos ni bloquea operaciones financieras.
El contraste con otros regímenes sancionados es difícil de ignorar. Rusia acumula más de 1,500 personas físicas incluidas en la SDN por la guerra en Ucrania; Venezuela supera el centenar. Cuba, tras más de seis décadas de dictadura, el 11J y miles de detenciones arbitrarias documentadas, apenas suma ocho nombres.
Entre las hipótesis para explicar la exclusión de El Cangrejo, una apunta a su papel como canal de comunicación activo entre Washington y el círculo de Raúl Castro. Desde febrero de 2026, asesores de Rubio sostuvieron reuniones con Rodríguez Castro en Basseterre, capital de San Cristóbal y Nieves, en encuentros descritos como «sorprendentemente amistosos» y centrados en el «futuro» de Cuba.
En abril, una delegación del Departamento de Estado aterrizó en La Habana en el primer vuelo oficial estadounidense desde 2016, y un alto funcionario mantuvo un encuentro separado con El Cangrejo.
Días después, Rodríguez Castro intentó abrir una línea directa con Donald Trump mediante una carta enviada a través de Roberto Carlos Chamizo González, agente del MININT, que llegó a Miami el 18 de abril, aunque el intento no prosperó.
Esta lógica, sin embargo, podría estar invirtiendo el modelo que Washington aplicó en Venezuela con Delcy Rodríguez. La actual jefa de Estado venezolana permaneció desde septiembre de 2018 en la Lista SDN y solo fue retirada el 1 de abril de 2026 como gesto condicionado de la administración Trump tras señales de cooperación con el proceso de transición.
Es decir, Estados Unidos utilizó primero las sanciones máximas como mecanismo de presión y después ofreció su levantamiento como incentivo político por cumplimiento (compliance). Trump llegó a afirmar que Rodríguez estaba «haciendo un buen trabajo».
Sin embargo, el proceso se ha empantanado. El Foro Penal registra solo 768 excarcelaciones confirmadas frente a las 8,616 proclamadas por el gobierno venezolano, y Rodríguez anunció el fin de la Ley de Amnistía apenas dos meses después de su promulgación.
Ante esto, el senador Rick Scott exigió este viernes que la administración Trump reimpongan de inmediato las sanciones contra Rodríguez, a quien calificó de «jefa de un cártel», tras confirmarse la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas.
La pregunta que surge entonces es si Washington debería aplicar esa misma fórmula en Cuba: incluir primero a Raúl Castro, Alejandro Castro Espín y Raúl Guillermo Rodríguez Castro en la Lista SDN para obligarles a sentarse a negociar, ofreciéndoles la salida de la lista como incentivo real a una transición genuina.
En ese caso, se aplicaría la misma lógica que en Venezuela: aumentar el costo personal y financiero de la resistencia del régimen con la inclusión en la Lista SDN, y dejar abierta la posibilidad de retirar esas sanciones únicamente ante avances verificables hacia una transición real, lo cual funcionaría como «incentivo».
Aunque la oposición cubana ya ha exigido que la familia Castro quede excluida de cualquier proceso de transición, el modelo venezolano sugiere que las sanciones SDN, bien aplicadas —y acompañadas con una demostración fehaciente de fuerza como la operación quirúrgica desplegada el 3 de enero en Caracas—, pueden ser la palanca que fuerce una negociación que hoy el régimen no tiene incentivos reales para aceptar.
Rubio, al anunciar las nuevas medidas, dejó abierta esa puerta: «Vendrán más sanciones contra el régimen cubano en días y semanas».
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