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El Gobierno cubano publicó este martes en Granma un artículo firmado bajo el sello «Gobierno de la República de Cuba» en el que defendió al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA) frente a las sanciones impuestas por la administración Trump.
La nota, publicada en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba (PCC), constituye la primera vez que el régimen sale en defensa de su "gallina de los huevos de oro" e intenta explicar públicamente para qué sirven los ingresos del conglomerado militar.
El texto, titulado «Cuba, el GAE y Estados Unidos: anatomía de una calumnia de Estado», es una respuesta directa a la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el primero de mayo, que designó a GAESA como entidad sancionada y estableció sanciones secundarias para cualquier empresa extranjera que mantenga vínculos con el grupo.
El régimen enumeró en el artículo una lista de obras que atribuyó al conglomerado: la construcción de más de 10,000 viviendas en diversas provincias, inversiones en la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez (Felton) de Holguín, obras hidráulicas como los trasvases Este-Oeste y Norte-Sur, y reparaciones de policlínicos, consultorios médicos y escuelas.
El texto afirma que «el GAE no es una estructura opaca, ni paralela al Estado cubano» y que «no es obra del secretismo, ni de élites y mucho menos la vía de enriquecimiento de unos pocos».
Sin embargo, la defensa resulta reveladora precisamente por lo que omite: no ofrece una sola cifra, ningún balance financiero ni auditoría independiente que respalde sus afirmaciones.
La realidad documentada contradice la narrativa oficial. En mayo de 2024, la ex Contralora General de la República, Gladys Bejerano, admitió que GAESA no estaba bajo su supervisión, justificándolo con que el conglomerado tiene «disciplina y organización superior».
La Ley 158 de 2022 eliminó además las referencias a auditorías de instituciones militares, dejando el autocontrol en manos del entorno presidencial.
Por su parte, el Departamento de Estado de EE. UU. acusa a GAESA de controlar hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos desviados a cuentas bancarias ocultas en el extranjero, y calcula que sus ingresos «probablemente triplican el presupuesto del Estado» cubano, controlando aproximadamente el 40% o más de la economía de la isla.
El secretario de Estado Marco Rubio apuntó directamente al corazón financiero del régimen el siete de mayo, cuando anunció sanciones personales contra la presidenta ejecutiva de GAESA, la general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, y advirtió que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas».
El contexto en que aparece esta defensa oficial es de máxima presión sobre el modelo de negocios del régimen. El plazo fijado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para que empresas extranjeras cerraran vínculos con GAESA vence el 5 de junio, y la respuesta del mercado internacional ha sido devastadora.
Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles en Cuba a partir del primero de junio. Blue Diamond Resorts, con 62 hoteles y más de 12,900 habitaciones, anunció el cese inmediato de operaciones. Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM aplicaron un bloqueo total de reservas hacia y desde Cuba.
El turismo en Cuba se desplomó un 55.8% interanual en los primeros cuatro meses de 2026, con apenas 328,608 visitantes internacionales, el peor dato desde 2002 excluyendo la pandemia.
Sin los ingresos de GAESA —que controla turismo, puertos, remesas, comercio en divisas y sectores estratégicos— el régimen cubano queda sin su principal fuente de divisas.
La publicación en Granma no es un ejercicio de transparencia: es la señal más clara hasta ahora de la desesperación del régimen ante el colapso de su columna vertebral económica.
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