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"No estamos renunciando al socialismo".
Miguel Díaz-Canel lo dijo dos veces ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, justo después de que el régimen aprobara un paquete de reformas económicas que incluye medidas difíciles de reconciliar con el viejo imaginario socialista cubano.
Banca privada, casas de cambio privadas, inversión extranjera en el sector no estatal, flexibilización de las Mipymes, eliminación de topes generales de precios y conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones, son algunas de las 176 medidas aprobadas recientemente por el régimen.
La insistencia no fue casual. Díaz-Canel no estaba explicando únicamente una reforma económica. Estaba intentando proteger la legitimidad política de un sistema que durante décadas construyó su autoridad sobre el carácter irrenunciable del socialismo.
El problema es que el propio régimen se encargó de convertir ese principio en una camisa de fuerza.
Una Constitución para blindarse
La Constitución cubana de 2019 no fue redactada como una carta abierta a la alternancia política ni a la revisión democrática del modelo de país. Fue diseñada para consagrar la "continuidad".
El texto establece que Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, pero además declara irrevocable el sistema socialista.
También reconoce al Partido Comunista de Cuba como la "fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado", una fórmula que constitucionaliza el monopolio político del PCC y excluye cualquier competencia real por el poder.
No se trata de un detalle jurídico. Esa arquitectura constitucional cumple una función política evidente: impedir que el modelo pueda ser sustituido mediante una dinámica democrática convencional.
La llamada "revolución cubana" se blindó a sí misma.
El socialismo quedó convertido no en una opción política sometida a debate ciudadano, sino en una condición permanente del Estado. Y el Partido Comunista dejó de ser un partido entre otros posibles y pasó a ocupar una posición constitucionalmente superior.
En otras palabras, el castrismo convirtió su ideología en norma suprema.
La revolución permanente
Durante décadas, ese blindaje fue presentado como una garantía histórica.
El argumento era conocido: la Revolución debía preservarse frente a sus enemigos internos y externos; el socialismo era una conquista irrenunciable; el Partido Comunista representaba la continuidad del proceso iniciado en 1959.
La Constitución de 2019 llevó esa lógica hasta sus últimas consecuencias. No solo protegió al régimen frente a la alternancia política. También convirtió cualquier cambio sustancial de modelo en un problema constitucional.
Ese era precisamente el objetivo: impedir una transición. Evitar que una mayoría ciudadana, una crisis de legitimidad o un cambio generacional pudieran abrir el camino a otro sistema político y económico.
La Constitución fue pensada como un muro. Pero ahora ese muro empieza a operar también contra las necesidades del propio régimen.
El tiro en el pie
La paradoja es evidente. El poder que blindó el socialismo como irreversible se enfrenta ahora a una economía que parece obligarlo a introducir mecanismos asociados a la economía de mercado.
El gobierno necesita atraer capital, flexibilizar reglas, ampliar el espacio privado, permitir instituciones financieras no estatales y estimular formas empresariales que durante décadas fueron vistas con sospecha por la ortodoxia revolucionaria.
Pero no puede admitir que eso represente un giro hacia el capitalismo. No puede decirlo por razones ideológicas. No puede decirlo por razones políticas. Y tampoco puede decirlo por razones constitucionales.
Reconocer abiertamente una transición de modelo pondría en cuestión el núcleo mismo de la legalidad que el régimen diseñó para perpetuarse. Por eso Díaz-Canel repite: "No estamos renunciando al socialismo".
La frase no funciona tanto como una descripción de la realidad económica, sino como una operación de contención política.
Las piruetas del lenguaje
El régimen ha desarrollado durante años un vocabulario destinado a administrar esa contradicción.
No habla de transición. Habla de "actualización". No habla de capitalismo. Habla de "perfeccionamiento del socialismo". No habla de mercado. Habla de "socialismo a lo cubano". No habla de abandonar un modelo. Habla de estudiar "experiencias de la construcción socialista en otros países".
La referencia a esas experiencias no es inocente.
China y Vietnam han servido durante años como ejemplos de regímenes de partido único que incorporaron amplios mecanismos de mercado sin renunciar formalmente al control político comunista.
Ese parece ser el subterfugio al que aspira La Habana: adoptar herramientas económicas capitalistas sin reconocer una ruptura con el socialismo, preservar el monopolio del poder y presentar el cambio como una evolución interna del mismo sistema.
Pero cuanto más se amplían esas reformas, más se estira el significado de la palabra socialismo. Y llega un punto en que la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuánto puede cambiar un sistema antes de que el nombre que conserva deje de describir lo que realmente es?
La legitimidad en juego
La insistencia de Díaz-Canel revela una preocupación de fondo. El régimen no solo necesita que las reformas funcionen. Necesita que no destruyan el relato que justificó su permanencia en el poder durante 67 años.
Durante décadas, el castrismo pidió sacrificios en nombre del socialismo. Limitó libertades económicas en nombre del socialismo. Excluyó la competencia política en nombre del socialismo. Condenó el mercado, la empresa privada y la acumulación de riqueza en nombre del socialismo. Y en nombre del socialismo reprimió, encarceló, estigmatizó y dividió a los cubanos.
Ahora, ante una crisis económica profunda, recurre a prácticas y lenguajes que durante años identificó con el adversario ideológico. La contradicción es demasiado grande para resolverse con una frase.
Por eso la repite. "No estamos renunciando al socialismo".
La repetición intenta cerrar una grieta que el propio discurso oficial ha abierto.
El problema no es solo económico
La pregunta de fondo no es si Cuba seguirá llamándose socialista.
Mientras la Constitución mantenga intacto el monopolio político del Partido Comunista y el carácter irreversible del sistema, el régimen seguirá obligado a presentarse de ese modo.
La pregunta verdadera es otra.
¿Qué legitimidad conserva un poder que durante décadas declaró irrenunciable un modelo, sacrificó generaciones en nombre de ese modelo y ahora necesita incorporar elementos que antes presentó como incompatibles con sus principios?
El castrismo construyó una Constitución para impedir que el país pudiera escapar de su relato fundacional. Pero la crisis económica lo obliga ahora a doblar ese relato hasta hacerlo casi irreconocible.
Esa es la trampa. El socialismo irreversible fue pensado como garantía de permanencia. Hoy empieza a convertirse en un problema para quienes necesitan cambiar sin admitir que están cambiando.
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