El científico y activista cubano Ariel Ruiz Urquiola cuestionó uno de los puntos más delicados del reciente informe del Grupo de Trabajo de Harvard sobre el Futuro de Cuba: la posibilidad de que las propias autoridades que hoy sostienen el sistema político participen como facilitadoras de una transición democrática.
En una extensa reflexión publicada en Facebook bajo el título Un nuevo Zanjón: poder, víctimas y los límites de una transición pactada con ‘Cuba’, Ruiz Urquiola defiende que cualquier proyecto de democratización debe comenzar respondiendo una pregunta esencial: «¿quién posee realmente el poder y qué razones tendría para entregarlo?».
Su crítica apunta directamente a una de las premisas del documento elaborado por el grupo de académicos y expertos convocado por el Programa de Estudios de Cuba y el Instituto de Investigaciones Afrolatinoamericanas de Harvard.
El informe sostiene que Cuba necesita cambios políticos inmediatos que conduzcan a un gobierno legítimo de transición y afirma: «Las autoridades cubanas deben tomar la iniciativa en este proceso y convertirse en facilitadoras».
Sus autores reconocen que esa premisa no es compartida por todos los actores dentro y fuera de la isla, pero consideran que una solución pacífica requerirá la participación de las actuales autoridades junto con la oposición, la sociedad civil, la diáspora, Estados Unidos y la comunidad internacional.
¿Qué obligaría al régimen a ceder poder?
Para Ruiz Urquiola, el principal problema no es negociar. Reconoce que algunas transiciones históricas han incluido negociaciones, pero advierte que estas no producen por sí mismas una democratización si previamente no cambia la correlación de fuerzas.
El activista pone como ejemplo la transición polaca de 1989 y recuerda que la negociación llegó después de años de resistencia de Solidarność, una profunda crisis interna y un cambio geopolítico que debilitó el respaldo soviético a los gobiernos comunistas de Europa del Este.
Apoyándose también en las ideas sobre acción no violenta de Gene Sharp, Ruiz Urquiola argumenta que una dictadura conserva su capacidad de imponerse mientras controle sus principales fuentes de poder: las instituciones, la administración, los recursos económicos, las fuerzas coercitivas y la obediencia.
«Una mesa puede ser redonda y, sin embargo, la relación de poder alrededor de ella ser profundamente vertical», resume.
La objeción adquiere especial relevancia porque el propio informe de Harvard describe un sistema en el que el Partido Comunista mantiene constitucionalmente una posición dominante, denuncia la subordinación de derechos fundamentales a estructuras autoritarias y presenta a GAESA como una suerte de «Estado dentro del Estado», con enorme peso sobre sectores estratégicos de la economía cubana.
Los presos políticos no pueden ser «capital político»
Otro punto de fricción es la propuesta de comenzar el proceso con una amnistía general y la liberación incondicional de los presos políticos.
Harvard plantea esa medida como una demanda de la ciudadanía cubana y no como una imposición de Washington. Propone que Estados Unidos responda positivamente a ese paso, comenzando por eliminar las sanciones que afectan el suministro de combustible y facilitando posteriormente recursos para estabilizar la economía y acompañar las reformas.
Ruiz Urquiola advierte, sin embargo, contra cualquier dinámica que pueda convertir la excarcelación en moneda de negociación.
«Los presos políticos no constituyen capital político del Estado que los encarceló», afirma. A su juicio, liberar a una persona encarcelada arbitrariamente por ejercer derechos fundamentales no constituye una concesión del poder, sino «simplemente el cese de una injusticia».
De preso de conciencia a crítico de la transición propuesta
La posición de Ruiz Urquiola está atravesada también por su propia experiencia con el aparato represivo cubano.
El biólogo fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas de la Universidad de La Habana y en 2018 fue condenado a un año de prisión por desacato tras un conflicto con funcionarios en Viñales.
Durante su encarcelamiento realizó una huelga de hambre y sed y Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia y exigió su liberación.
Su hermana, la historiadora del arte y activista Omara Ruiz Urquiola, también ha denunciado detenciones, hostigamiento y represalias políticas. Tras viajar a Estados Unidos para continuar un tratamiento contra el cáncer, las autoridades cubanas le impidieron regresar a la isla.
Precisamente el informe de Harvard menciona los casos de Omara y Anamely Ramos como ejemplos de las restricciones arbitrarias al derecho de los cubanos a entrar en su propio país, una práctica que recomienda eliminar.
Reconciliación sin impunidad
Ruiz Urquiola identifica además un problema que considera insuficientemente abordado en cualquier transición: qué lugar tendrán las víctimas y cómo se determinarán las responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.
El activista rechaza que justicia signifique venganza y defiende que incluso quienes hayan servido al régimen tengan garantías procesales. La responsabilidad penal, sostiene, debe ser individual y demostrada conforme al derecho, no derivarse simplemente de la pertenencia política.
Pero advierte que evitar represalias tampoco puede traducirse en impunidad: «Reconciliación y justicia transicional pueden coexistir; reconciliación e imposición del olvido son conceptos radicalmente diferentes».
La advertencia de Zanjón y Baraguá
Ruiz Urquiola utiliza finalmente dos episodios de la historia cubana para explicar su rechazo a una negociación que no altere previamente las estructuras fundamentales del poder: el Pacto del Zanjón de 1878 y la posterior Protesta de Baraguá encabezada por Antonio Maceo.
Aclara que una negociación contemporánea y el Zanjón no son acontecimientos equivalentes, pero encuentra una semejanza: terminar un conflicto mediante un acuerdo no garantiza que desaparezcan las causas que lo originaron.
Para el activista, una futura transición puede negociar calendarios, procedimientos electorales, mecanismos administrativos y garantías institucionales. Lo que no debería convertirse en moneda de intercambio son la soberanía popular, el pluralismo, las libertades de expresión y asociación, la independencia judicial o la subordinación de los cuerpos armados al poder civil.
El informe de Harvard propone, como destino final del proceso, precisamente una nueva Asamblea Constituyente, un sistema democrático y plural, Estado de derecho y una economía social de mercado con distintas formas de propiedad, incluida la privada.
La discrepancia de Ruiz Urquiola está fundamentalmente en cómo llegar hasta allí: qué impediría que quienes actualmente controlan las armas, las instituciones y buena parte de los recursos económicos aprovecharan una transición negociada para conservar una porción sustancial de su poder bajo una nueva estructura.
«Una transición no es sinónimo de democratización. Un régimen también puede transformarse para sobrevivir», advierte.
Su crítica termina condensando el dilema en una frase: «Cuba necesita diálogo, pero no la ficción de igualdad entre represor y reprimido; reconciliación, pero no amnesia; garantías, pero no impunidad».
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