La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) publicó en Facebook una advertencia contra el robo de aceite dieléctrico de los transformadores: «No solo daña equipos, daña vidas».
Su explicación enumera consecuencias concretas: comunidades sin electricidad, medicamentos sin refrigeración, equipos médicos comprometidos y riesgos para niños y ancianos.
El razonamiento plantea una pregunta que la empresa no aborda: si inutilizar un transformador pone vidas en peligro, ¿qué responsabilidad tienen quienes han permitido el deterioro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que debe abastecer a todo el país?
Los riesgos descritos por la UNE también existen cuando la electricidad falta por apagones programados, mantenimiento aplazado, averías recurrentes, capacidad de generación insuficiente y colapsos del SEN.
Para un paciente que necesita un equipo médico o conservar un medicamento, la responsabilidad institucional detrás del apagón no reduce sus consecuencias.
Un deterioro conocido y reparaciones aplazadas
La termoeléctrica Antonio Guiteras ofrece un ejemplo documentado.
En mayo de 2026, su director, Román Pérez Castañeda, reconoció que el último mantenimiento capital había sido en 2010 y que necesitaba detenerse al menos 180 días para recibirlo. La intervención prometida para finales de 2025 fue pospuesta por el ministro Vicente de la O Levy, alegando un problema coyuntural.
En junio, Pérez Castañeda admitió que faltaban piezas incluso para una reparación emergente de mayor alcance. Los trabajadores debían seguir localizando y reparando selectivamente las zonas más amenazadas de la caldera.
Las autoridades conocían las necesidades de una instalación esencial. El país llegó, sin embargo, a una situación en la que necesita detenerla para repararla y carece de capacidad suficiente para sustituir su generación.
También quedaron pendientes proyectos para ampliar el sistema. En septiembre de 2022, la viceministra Tatiana Amarán Bogachova explicó que Cuba no había podido activar el crédito ruso de 1.200 millones de euros para cuatro bloques de 200 MW porque no disponía del anticipo requerido.
Amarán Bogachova reconoció que el gobierno había priorizado otros asuntos, pero no precisó cuáles.
Recursos para otras prioridades
Las estadísticas oficiales permiten examinar esas decisiones. En 2024, las actividades principalmente asociadas al turismo concentraron el 37,4 % de la inversión, según el análisis de Pedro Monreal sobre datos de la ONEI.
Servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler recibieron 24.907 millones de CUP; hoteles y restaurantes, otros 11.936,5 millones. Salud pública y asistencia social apenas recibió 1.977,4 millones. Esa concentración persistió con una ocupación hotelera del 23 %.
En el primer semestre de 2025 aumentó al 33,6 % el peso de electricidad, gas y agua en la inversión. La reorientación no borra las prioridades anteriores ni sus consecuencias acumuladas.
El daño eléctrico se extiende además a otros servicios. El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez, reconoció que el 87 % de la población abastecida por el sistema hídrico depende del SEN. También admitió el aumento de fugas y la menor asignación de combustible a su reparación. La falta de electricidad compromete así el agua y la higiene.
La responsabilidad siempre busca otro domicilio
El régimen insiste en atribuir la crisis al «bloqueo», mientras empresas eléctricas señalan los hábitos de consumo.
En agosto de 2025, la Empresa Eléctrica de Las Tunas responsabilizó al uso de aires acondicionados y cocinas eléctricas de sobrecargar transformadores. En julio de 2026, la de Holguín advirtió que conectar simultáneamente equipos tras un apagón podía provocar otra caída.
Las recomendaciones técnicas pueden ser necesarias. Pero exigir restricciones a los usuarios no sustituye la obligación de mantener una infraestructura capaz de atender sus necesidades. Tampoco denunciar un robo responde por décadas de inversiones insuficientes, reparaciones aplazadas y gestión ineficiente.
El propio Díaz-Canel reconoció en junio de 2025: «No hemos sido eficientes gestionando los pocos recursos disponibles». También admitió problemas de corrupción e ineficiencia administrativa.
El contraste también alcanza a las consecuencias personales: un cubano recibió 10 años de prisión por robar 40 litros de aceite dieléctrico en Jovellanos, y cuatro hombres fueron condenados a entre 15 y 20 años por sustraer 140 litros y paralizar el Complejo Lácteo de La Habana.
Frente a esas penas, no se han hecho públicas dimisiones ni investigaciones para establecer responsabilidades entre los máximos dirigentes por el deterioro acumulado del SEN.
Para quienes dañan un transformador hay juicios y condenas ejemplarizantes; para quienes debían impedir el colapso del sistema, las admisiones de ineficiencia no se traducen en consecuencias políticas. El sufrimiento de la población sirve para fundamentar el castigo de unos, pero no para exigir cuentas a quienes gobiernan.
La UNE concluye su post pidiendo que el beneficio de unos pocos ladrones no provoque el sufrimiento de muchos.
Si la empresa estatal exige responder por el daño de dejar una comunidad sin electricidad, debe aplicar la misma exigencia a quienes tenían la obligación de proteger el suministro de todo un país.
Los hospitales, los niños y los ancianos que invoca la Unión Eléctrica merecen que esa responsabilidad también se examine en los despachos donde se deciden los recursos.
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