Cuando Estados Unidos decidió impulsar negociaciones entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la oposición venezolana, no recurrió a María Corina Machado, la dirigente con mayor respaldo popular, sino a Dinorah Figuera, una política exiliada en España que trabajaba como cuidadora a domicilio.
Según reveló NBC News, Washington contactó con Figuera en abril y le propuso regresar a Venezuela para encabezar las conversaciones sobre reconciliación y las condiciones de unas futuras elecciones democráticas.
Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, aceptó negociar directamente con Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y uno de los principales dirigentes del chavismo.
Su historia introduce una nueva pregunta en el debate sobre la transición cubana.
CiberCuba ha examinado anteriormente la posible aparición de una «Delcy cubana», un dirigente procedente del régimen capaz de negociar desde dentro, y la eventual necesidad de un «bolichico», un operador económico que facilite la transformación del entramado empresarial controlado por GAESA.
Ambas son hipótesis inspiradas en el precedente venezolano, no figuras identificadas ni componentes inevitables de una transición cubana.
Pero ese modelo plantea otra cuestión: ¿quién representaría a la oposición y la sociedad civil cubanas en una negociación con el régimen y Estados Unidos?
¿Quién podría desempeñar ese papel?
Una figura que merece consideración es Laritza Diversent, abogada y directora ejecutiva de Cubalex, organización especializada en derechos humanos, documentación de la represión y asistencia jurídica a sus víctimas.
Su experiencia en materia de independencia judicial, presos políticos y garantías institucionales podría resultar valiosa para establecer las condiciones de una transición democrática.
En una entrevista con CiberCuba en julio, Diversent advirtió que la caída del régimen no garantizaría automáticamente la democracia y que la sociedad civil debía prepararse para evitar una transición improvisada o que reprodujera los errores del pasado.
Resulta significativo que, al igual que Figuera, Diversent haya expresado públicamente que no aspira a ocupar cargos de gobierno, según recogió el TOQUE en febrero de 2025. La dirigente venezolana ha defendido precisamente la separación entre quienes negocian las condiciones de una transición y quienes aspiran a gobernar después.
Diversent, por su parte, ha insistido en la necesidad de preparar a la sociedad civil para ese proceso y garantizar que la reconciliación no se traduzca en impunidad.
Aunque sus trayectorias son diferentes —Figuera procede de la política institucional y Diversent de la defensa de los derechos humanos—, ambas comparten una concepción del compromiso público que no exige convertir la participación en una transición en una aspiración personal de poder.
También existen otras figuras con trayectorias y propuestas políticas diferenciadas, como Rosa María Payá, José Daniel Ferrer o Manuel Cuesta Morúa, además de organizaciones dentro y fuera de Cuba que han elaborado iniciativas para una transición democrática.
El problema es que ninguna dispone de un mandato electoral equivalente al de la Asamblea Nacional venezolana de 2015 ni representa por sí sola al conjunto de la oposición cubana.
Negociar no es lo mismo que gobernar
El caso venezolano ofrece una distinción especialmente interesante.
Figuera ha reconocido públicamente el liderazgo de Machado y ha insistido en que su misión consiste en facilitar el camino hacia la democracia, no competir por la presidencia.
«No es lógico ser al mismo tiempo candidata presidencial y negociadora, porque son dos tareas diferentes», explicó a NBC.
La dirigente también reconoció las dificultades de sentarse frente a responsables de un régimen acusado de torturas y crímenes de lesa humanidad. Para ella, la reconciliación no puede significar impunidad.
Su papel ha sido posible por el respaldo de Washington y por su trayectoria institucional, pero el regreso de Machado a Venezuela, recibida por multitudes, introduce nuevas tensiones y exigencias sobre las negociaciones.
La experiencia demuestra que la capacidad para negociar, la legitimidad para representar a la oposición y el liderazgo político no tienen necesariamente que recaer en una misma persona.
En Cuba, esa separación sería todavía más compleja. A diferencia de Venezuela, donde la oposición ganó elecciones nacionales y conservó estructuras políticas reconocidas internacionalmente, el régimen cubano ha impedido la consolidación de instituciones opositoras democráticamente elegidas.
Tampoco existe una figura que reúna un respaldo comparable al de María Corina Machado.
¿Una «Dinorah cubana» o una representación plural?
Por ahora, no hay indicios públicos de que Washington esté buscando específicamente una figura semejante a Figuera para Cuba. Estados Unidos mantiene contactos con La Habana, pero el régimen continúa rechazando cualquier negociación que cuestione su sistema político.
Sin embargo, si la política de presión estadounidense consiguiera abrir una negociación sobre una transición, surgiría inevitablemente el problema de la representación.
¿Debería Washington escoger a un interlocutor, como hizo en Venezuela, o correspondería a la oposición cubana acordar previamente quiénes pueden negociar en su nombre?
Una fórmula posible sería una representación plural, que reuniera dirigentes políticos, representantes de organizaciones cívicas, especialistas en justicia transicional y voces de la oposición dentro de la isla.
Figuras como Diversent podrían contribuir a establecer garantías para la liberación de presos políticos, la restitución de derechos, la independencia judicial y los mecanismos de justicia necesarios para impedir que una reconciliación negociada termine convirtiéndose en impunidad.
El precedente venezolano ofrece posibilidades, pero también advertencias. Que Estados Unidos reconozca a determinados interlocutores no significa que estos dispongan automáticamente de legitimidad para representar a toda una sociedad.
Y una negociación capaz de facilitar el fin de una dictadura no garantiza, por sí misma, que quienes ejercían el poder acepten construir una democracia.
La pregunta sobre una eventual «Dinorah cubana» no es, por tanto, únicamente quién podría sentarse a negociar con el régimen, sino en nombre de quién lo haría, con qué mandato y bajo qué garantías.
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