Tania Elena Velázquez Rodríguez, presidenta ejecutiva del monopolio estatal de telecomunicaciones ETECSA, fue incluida en la Lista de Represores del portal Represores Cubanos, por su rol directo en el establecimiento de tarifas prohibitivas para el acceso a internet en Cuba, una medida considerada por organizaciones y analistas como una forma de racionamiento digital y represión económica.
La decisión se basa en su intervención televisiva del pasado 1 de junio, donde justificó públicamente el tarifazo como una “necesidad” para inyectar divisas a la empresa estatal, en medio de una grave crisis económica, y a otras declaraciones que siguieron en la televisión estatal.
El nuevo esquema tarifario establece que 3 GB cuestan 3,360 CUP, 7 GB, 6,720 CUP y 15 GB, 11,760 CUP. Mientras tanto, el salario medio en Cuba fue de 5,839 pesos en 2024, y el salario mínimo de 2,100 CUP, lo que hace inaccesible incluso el paquete más básico para millones de cubanos. En contraste, en EE.UU. el consumo promedio de datos móviles fue de 22 GB por mes en 2024.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), que desde 2011 reconoce el acceso a internet como un derecho humano, establece que los servicios de conectividad deben costar menos del 2% del ingreso mensual per cápita en los países de ingresos bajos o medios. El caso cubano sobrepasa con creces ese umbral.
Durante su intervención en televisión, Velázquez Rodríguez justificó el incremento por falta de divisas, fraudes financieros y una deuda acumulada que impide la importación de tecnología. Afirmó que la empresa necesita 150 millones de dólares al año para sostener su infraestructura.
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Sin embargo, el diario Miami Herald reveló que RAFIN S.A., una financiera del grupo militar GAESA con participación en ETECSA, tenía en agosto pasado 407 millones de dólares en efectivo, lo que cuestiona el argumento de insolvencia.
Un ingeniero de la empresa declaró a Diario Las Américas que ETECSA “no es una empresa al servicio de la sociedad, sino una caja chica del régimen”, que entre 2012 y 2020 recaudó entre 8 y 12 mil millones de dólares, invirtiendo apenas entre 7% y 11% de esos ingresos en infraestructura.
El expediente contra Tania Velázquez incluye los delitos de:
- Violación de la libertad de opinión, expresión e información (Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos).
- Internet inasequible mediante altos precios.
- Violación del derecho de acceso a tecnologías de la información y comunicación.
Estos cargos la categorizan como "represora de cuello blanco", término que designa a funcionarios civiles que reprimen mediante decisiones administrativas con impactos sistemáticos.
Analistas advierten que el llamado tarifazo tiene un doble propósito: forzar a los familiares en el exterior a cubrir los altos costos del servicio, beneficiando económicamente al Estado, y limitar el acceso a internet como medio de organización, protesta y difusión de ideas, en momentos de creciente descontento social.
La medida ha provocado inconformidades estudiantiles en al menos diez universidades del país, y una ola de indignación visible en redes sociales.
Mientras el régimen cubano promueve una imagen de modernización y soberanía tecnológica, millones de ciudadanos quedan desconectados, no por falta de infraestructura, sino por políticas deliberadas que convierten el acceso a internet en un privilegio de clase.
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