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Una investigación periodística reveló un dato que contradice frontalmente la narrativa oficial de ETECSA —el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba—, que sostiene estar en números rojos para justificar el aumento drástico en sus tarifas.
Según reveló el Miami Herald este lunes, RAFIN S.A., una de las principales accionistas de la empresa estatal, controlada por los militares del régimen cubano, disponía de más de 407 millones de dólares en efectivo en agosto de 2024.
Este hallazgo, basado en documentos financieros confidenciales obtenidos por el diario estadounidense, vuelve a poner bajo el foco el rol del aparato económico-militar cubano en la gestión de sectores clave como las telecomunicaciones.
Acorde al citado medio, la cifra de 407.750.591 dólares estaba depositada en cuentas consolidadas de RAFIN S.A., una entidad financiera vinculada al conglomerado militar GAESA, lo cual contradice el discurso de precariedad con el que las autoridades han intentado justificar la escalada de precios en los servicios básicos.
La presidenta de ETECSA, Tania Velázquez Rodríguez, declaró recientemente en televisión que la empresa atraviesa una “situación extremadamente crítica” marcada por "fraudes", endeudamiento y falta de divisas.
Sin embargo, las cifras expuestas por el Miami Herald revelan que, mientras los usuarios deben pagar más de 800 % adicionales por un paquete móvil extendido, una empresa vinculada directamente a ETECSA y controlada por las Fuerzas Armadas maneja cientos de millones de dólares sin rendir cuentas a la población ni a estructuras civiles del Estado.
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ETECSA: Estructura accionarial y control militar
RAFIN S.A. no es simplemente una empresa “vinculada” a ETECSA: es una de sus principales accionistas.
En 2011, la entidad adquirió el 27% de las acciones de la empresa que estaban en manos de Telecom Italia, en una operación por la que se pagaron 706 millones de dólares. Desde entonces, el capital de ETECSA es completamente cubano.
Actualmente, la propiedad de ETECSA está distribuida entre varias entidades, todas de capital nacional:
- Telefónica Antillana S.A. (TELAN): 51,006% del capital social. Es una sociedad mercantil cubana domiciliada en La Habana, creada para representar los intereses del Estado en la principal empresa de telecomunicaciones del país.
- RAFIN S.A.: 27,003% del capital social. Entidad financiera no bancaria, creada en 1997, autorizada por el Banco Central de Cuba y vinculada a GAESA.
- Universal Trade & Management Corporation S.A. (UTISA): 11,086% del capital social. Empresa cubana registrada en el extranjero, asociada a otros consorcios estatales.
- Banco Financiero Internacional S.A. (BFI): 6,157% del capital social.
- Negocios en Telecomunicaciones S.A.: 3,825% del capital social.
- Banco Internacional de Comercio S.A. (BICSA): 0,923% del capital social.
Este esquema societario deja en evidencia que el capital estatal y militar controla absolutamente ETECSA, y que el sector de las telecomunicaciones en Cuba está subordinado a decisiones políticas, militares y financieras, fuera del alcance de mecanismos de rendición de cuentas.
RAFIN, GAESA y el control del régimen sobre las divisas
RAFIN S.A. está estrechamente ligada a GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el conglomerado económico más poderoso de Cuba, subordinado directamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
GAESA controla desde bancos y casas de cambio hasta hoteles, inmobiliarias, empresas portuarias, navieras y aerolíneas. En su estructura, RAFIN opera como una especie de fondo financiero interno que canaliza y administra ingresos provenientes de sectores estratégicos, como las telecomunicaciones y el turismo.
De acuerdo con el Miami Herald, los fondos que gestiona RAFIN provienen, en buena medida, de los ingresos que ETECSA genera a través de las recargas internacionales y los servicios en dólares que ofrecen a la población, especialmente a través del pago de emigrados cubanos a sus familiares en la isla.
“GAESA utiliza RAFIN para financiar sus operaciones; por eso tiene tanto dinero”, explicó una fuente al diario, bajo anonimato por temor a represalias.
Aunque RAFIN no opera como un banco convencional, su función es la de financiar proyectos de interés estratégico para los militares, como la construcción de nuevos hoteles o el mantenimiento de la infraestructura empresarial de GAESA.
El hecho de que ETECSA no tenga acceso a esos fondos para pagar sus deudas o actualizar su tecnología revela un modelo en el que las prioridades del régimen están orientadas a la captación de divisas, incluso a costa del deterioro de los servicios básicos y del bienestar de la población.
La falta de transparencia y el malestar social
A pesar del acceso que estas entidades tienen a fondos millonarios, el discurso oficial insiste en presentar una imagen de precariedad operativa, forzando medidas impopulares como el incremento de tarifas, que afectan directamente a una población sumida en una crisis económica profunda.
Mientras tanto, el uso de esos ingresos millonarios permanece oculto, sin auditorías públicas ni explicaciones claras sobre el destino del dinero.
Estas revelaciones se producen en un momento de creciente descontento social, evidenciado por las miles de críticas publicadas en sitios oficiales como Cubadebate tras el anuncio del alza de tarifas.
Incluso sectores tradicionalmente alineados con el gobierno, como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), han emitido comunicados cuestionando las decisiones de ETECSA.
Organizaciones del exilio, como el Grupo de Estudio de Cuba, han advertido que este tipo de decisiones forma parte de una estrategia más amplia del régimen para extraer divisas sin implementar reformas estructurales.
Por su parte, voces como la de la congresista María Elvira Salazar han llamado a cortar el flujo de remesas a ETECSA, como forma de presión ante el uso opaco de estos recursos.
¿Crisis real o modelo extractivo?
La existencia de más de 400 millones de dólares en RAFIN S.A., mientras ETECSA supuestamente no puede sostener sus operaciones, plantea interrogantes esenciales sobre la estructura económica del Estado cubano y la prioridad que este concede al bienestar de la ciudadanía frente al control de divisas.
Lejos de ser una excepción, este patrón se repite en otros sectores administrados por GAESA. La misma investigación del Herald reveló que la empresa turística Gaviota —también parte del conglomerado— acumulaba más de 4,300 millones de dólares en efectivo en 2024, mientras los hospitales, los sistemas eléctricos y la agricultura enfrentan crisis operativas por falta de presupuesto.
La revelación no solo añade una dimensión crematística al debate sobre la conectividad, el derecho a la información y la censura en Cuba, sino que también deja en evidencia cómo el aparato económico del régimen prioriza sus intereses corporativos y militares, incluso cuando el país se enfrenta a un colapso en su sistema de servicios esenciales.
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