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El gobierno cubano defendió este lunes en la Asamblea General de Naciones Unidas su modelo de salud pública y las llamadas “misiones médicas internacionales”, en medio de crecientes cuestionamientos de organismos internacionales que han descrito estos programas como una forma de trata de personas y trabajo forzoso.
Durante el debate del tema “Salud global y política exterior”, el embajador Yuri Ariel Gala López, encargado de negocios de la Misión Permanente de Cuba ante la ONU, afirmó que la isla mantiene un “compromiso invariable con la cooperación solidaria” y con la idea de que la salud es “un derecho humano y no una mercancía”.
El diplomático sostuvo que, a pesar de lo que denominó el “impacto devastador del bloqueo económico de Estados Unidos”, Cuba ha garantizado por más de seis décadas un sistema de salud universal y gratuito.
Gala denunció la “arbitraria inclusión” de la isla en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo y acusó a Washington de desarrollar campañas de descrédito contra los servicios médicos cubanos.
Según el comunicado de ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), el discurso de Gala López argumentó que esas acciones buscan impedir la presencia de brigadas de profesionales cubanos en otras naciones y afectan a comunidades vulnerables que dependen de esta cooperación.
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El representante del régimen insistió en que la cooperación médica internacional de Cuba se basa en la solidaridad y no en intereses económicos. Recordó que desde 1963 más de 605 mil colaboradores sanitarios han prestado servicios en 165 países, y que la isla ha contribuido a la formación de decenas de miles de médicos en América Latina, África y Asia.
“Nada ni nadie impedirá que Cuba siga allí donde se nos pida ayuda y una vida humana lo necesite”, concluyó.
Denuncias internacionales por explotación laboral
El discurso oficial contrasta con múltiples informes de organismos internacionales que han cuestionado duramente las condiciones de los médicos cubanos enviados al exterior.
En los últimos años, relatores de Naciones Unidas especializados en formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas han advertido que los programas de exportación de servicios médicos presentan “indicios de trabajo forzoso” y restringen derechos fundamentales de los profesionales.
Los expertos han señalado prácticas como la confiscación de pasaportes, la retención de entre el 75 y el 90 % de los salarios que pagan los países receptores, y la vigilancia o amenazas contra quienes deciden abandonar las misiones.
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido aún más categórica, calificando estas misiones como una “forma de esclavitud moderna”. Su ex secretario general, Luis Almagro, ha denunciado que el modelo de cooperación médica cubana constituye explotación laboral bajo control estatal y viola normas básicas de derechos humanos.
El tema también ha generado controversia dentro de la propia Unión Europea, cuyo Parlamento aprobó en 2021 y volvió a ratificar en 2025 enmiendas que reconocen las brigadas médicas como trabajo forzado y trata de personas. Eurodiputados denunciaron que, además de la apropiación de salarios, los médicos son sometidos a un régimen de disciplina militarizada y coerción política.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), oficina regional de la OMS, enfrentó incluso una demanda en tribunales estadounidenses por actuar como intermediaria en el programa Mais Médicos en Brasil, donde miles de profesionales cubanos trabajaron bajo condiciones cuestionadas. La organización debió pagar una indemnización millonaria para cerrar el litigio, aunque evitó admitir responsabilidad.
Rebelión de médicos en Angola contra GAESA
Mientras en la ONU el gobierno cubano insiste en presentar sus misiones médicas como un ejemplo de cooperación solidaria, en el terreno crece el malestar entre los propios profesionales.
En Angola, cientos de médicos cubanos han denunciado recientemente el “robo” de sus salarios y se preparan para una inédita demanda contra la corporación Antillana Exportadora S.A. (Antex), perteneciente al conglomerado militar GAESA.
Los galenos aseguran que el régimen incumple los contratos firmados al negarles la entrega en efectivo de los dólares que Angola paga por sus servicios. En su lugar, reciben una parte del estipendio en una tarjeta bancaria de uso restringido en Cuba y apenas 100 dólares en mano, la mitad de lo pactado inicialmente para su manutención en el país africano.
La diferencia, según la empresa, se transfiere en moneda libremente convertible (MLC) a cuentas en la isla, pese a que este dinero pierde valor real en un mercado interno que prioriza el dólar físico.
Las protestas de los médicos, documentadas por medios independientes como 14ymedio y CubaNet, desembocaron en reuniones tensas en Luanda en las que incluso especialistas militares cuestionaron abiertamente a los administradores de Antex.
“Violada, robada, decepcionada, así me siento”, confesó una doctora con más de cuatro años en misión. Otro colega resumió: “No vine a Angola para comprar puré de tomate ni papel sanitario, vine a mejorar la economía de mi familia”.
El trasfondo económico apunta a GAESA, sancionada por Estados Unidos y señalada por el Observatorio Cubano de Auditoría Social (OCAC) de haber saqueado al sistema de salud pública en Cuba por más de 69 mil millones de dólares entre 2009 y 2022.
Según ese informe, los recursos captados a través de las brigadas médicas no se han destinado al sector sanitario, sino a inversiones hoteleras y empresariales bajo control militar.
La abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, afirmó que la situación de los médicos en Angola encaja en la definición de esclavitud moderna establecida por la Organización Internacional del Trabajo.
“Ellos no comparten su salario de manera voluntaria, lo hacen porque están en una condición de pobreza. Es una forma de explotación”, sostuvo en declaraciones recientes.
Los afectados aseguran que sus ahorros se convierten en cifras sin valor real, mientras deben sobrevivir con apenas 200 dólares en kuanzas locales para cubrir necesidades básicas en un país donde enfrentan además riesgos de salud como la malaria y la separación forzosa de sus familias.
Ante la falta de respuestas oficiales, han decidido llevar a tribunales su caso contra Antex, un paso sin precedentes que podría exponer judicialmente el sistema de explotación que sostiene el negocio de las misiones médicas.
Entre el discurso solidario y las acusaciones de trata
El gobierno cubano rechaza sistemáticamente estas denuncias y acusa a Washington de liderar una campaña de manipulación política contra lo que presenta como un “ejemplo de solidaridad internacionalista”.
Para La Habana, las críticas buscan desmontar una de sus principales fuentes de divisas, ya que la exportación de servicios médicos constituye el primer rubro de ingresos externos del país, por encima incluso del turismo.
Mientras en la ONU el embajador Gala López reiteraba el apoyo de Cuba a la Organización Mundial de la Salud y defendía su cooperación médica como “genuina y humanista”, informes independientes y pronunciamientos internacionales continúan describiendo las misiones como una práctica de explotación laboral organizada desde el Estado.
La dualidad quedó en evidencia en Nueva York: por un lado, el discurso oficial que presenta a Cuba como referente de solidaridad sanitaria; por otro, los señalamientos de expertos de Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, que ven en esas mismas brigadas un mecanismo de control político y de generación de ingresos bajo condiciones que vulneran los derechos fundamentales de los propios médicos cubanos.
Crecen los señalamientos globales por trabajo forzoso en las brigadas médicas de Cuba
Las denuncias sobre la explotación laboral en las llamadas “misiones médicas” cubanas no son nuevas y han ocupado espacio en informes internacionales y en múltiples investigaciones periodísticas en los últimos años.
En enero de 2020, CiberCuba adelantó que relatores de Naciones Unidas podrían considerar las misiones médicas como una forma de trabajo forzoso, tras recibir testimonios de médicos que describieron restricciones de movimiento, vigilancia y confiscación de documentos de identidad durante su labor en el extranjero.
Un año después, en febrero de 2021, el medio recogió la inclusión del gobierno cubano en los reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, que acusó a La Habana de ser responsable de trata de personas mediante la exportación de profesionales de la salud.
Según esos informes, el régimen obtiene la mayor parte de los ingresos generados por los contratos con gobiernos receptores, reteniendo hasta el 90 % del salario de los médicos.
En junio de 2021, la investigadora cubanoamericana María Werlau, directora de la ONG Archivo Cuba, advirtió en entrevista con CiberCuba que las denuncias contra las brigadas médicas crecían en foros internacionales y organizaciones de derechos humanos. Werlau destacó que el sistema estaba diseñado para controlar políticamente a los galenos y garantizar divisas al Estado cubano.
El año 2022 marcó un nuevo hito. En enero, la organización Prisoners Defenders amplió una denuncia ante Naciones Unidas acusando a Cuba de someter a sus médicos en el exterior a condiciones de esclavitud moderna, con testimonios de profesionales que relataron presiones, vigilancia constante y represalias contra sus familias en caso de deserción.
Pocos días después, en febrero de 2022, CiberCuba informó que Estados Unidos volvió a señalar a Cuba en su informe anual sobre tráfico de personas, reiterando que el esquema de las misiones médicas constituye una de las principales fuentes de explotación laboral organizada desde el Estado.
Estos pronunciamientos, sumados a las resoluciones posteriores del Parlamento Europeo y la OEA, consolidan un patrón de denuncias internacionales contra el programa de exportación de servicios médicos que el gobierno cubano insiste en presentar como ejemplo de solidaridad internacional.
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