El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha detenido temporalmente el retorno a territorio estadounidense de Kilmar Ábrego García, un inmigrante salvadoreño que fue deportado por error y confinado en una de las prisiones más temidas de El Salvador.
La decisión responde a una apelación de emergencia interpuesta por el Departamento de Justicia tras la orden de la jueza federal de distrito Paula Xinis, quien había exigido que el gobierno federal “facilitara y efectuara” su regreso antes de la medianoche del lunes.
La suspensión fue firmada por el presidente del Supremo, el conservador John Roberts, quien además pidió a las partes que presenten argumentos adicionales antes de las 5:00 p.m. de este martes, hora de Washington.
Esta maniobra judicial alarga el plazo otorgado por la corte inferior, lo que impide, de momento, que se ejecute la repatriación del migrante.
Un “error administrativo” que llevó a un hombre sin antecedentes a una prisión de máxima seguridad
Ábrego García, de 29 años, residía en el condado de Prince George, en el estado de Maryland.
Estaba casado con una ciudadana estadounidense, tenía permiso de trabajo legal emitido por el Departamento de Seguridad Nacional y trabajaba como aprendiz de hojalatero.
Según sus abogados, no tenía antecedentes penales.
Sin embargo, fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 12 de marzo, bajo el argumento de un cambio en su estatus migratorio.
A pesar de que un juez de inmigración había prohibido su deportación en 2019 -debido al riesgo que enfrentaría si regresaba a El Salvador por posibles represalias de pandillas- fue embarcado en uno de los tres vuelos que el 15 de marzo trasladaron a más de 200 venezolanos y decenas de salvadoreños al país centroamericano.
Allí fue ingresado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miembros de bandas criminales.
Durante una audiencia judicial, el propio gobierno reconoció la equivocación.
Un abogado del Departamento de Justicia admitió que Ábrego García no debía haber sido deportado, y posteriormente, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, suspendió de sus funciones al abogado Erez Reuveni, implicado en el caso.
La defensa del gobierno: Separación de poderes y autoridad ejecutiva
El gobierno de Estados Unidos ha argumentado que la jueza Xinis excedió su autoridad.
En su apelación, sostuvo que la Constitución confiere al presidente, y no a los tribunales federales de distrito, la conducción de la política exterior y la protección del país frente a amenazas, incluida la deportación de presuntos terroristas.
El procurador general D. John Sauer fue contundente al tachar la orden judicial de “manifiestamente ilegal”, describiéndola como parte de “un diluvio de órdenes judiciales ilegales” que obstaculizaron la agenda migratoria del presidente Donald Trump.
En este contexto, el gobierno alegó que, dado que Ábrego García ya no se encontraba bajo custodia estadounidense, no podía obligarse al Ejecutivo a organizar su regreso.
La respuesta de los tribunales: Ilegalidad y violación de derechos
Sin embargo, tanto la jueza Xinis como el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, sostienen una postura contraria.
Para Xinis, la deportación fue “totalmente ilegal”, pues no existe evidencia creíble de que Ábrego García pertenezca a la pandilla MS-13, como alegó la Casa Blanca.
El juez J. Harvie Wilkinson, al respaldar de forma unánime la negativa a suspender la orden de retorno, escribió: “No hay duda de que el gobierno cometió un error aquí”.
Los abogados del migrante advirtieron que el caso podría sentar un precedente grave si se permite al Ejecutivo ignorar sentencias judiciales.
“El poder ejecutivo no puede aprehender a individuos de las calles, depositarlos en prisiones extranjeras en violación de órdenes judiciales, y luego invocar la separación de poderes para proteger sus medidas ilegales del escrutinio judicial”, escribieron.
Este caso no es aislado. Paralelamente, la Administración Trump ha solicitado al Supremo autorización para reanudar las deportaciones de inmigrantes venezolanos presuntamente vinculados con pandillas, también con destino al CECOT.
Para justificar esta medida, invocan una ley del siglo XVIII utilizada durante tiempos de guerra.
La insistencia en usar esta prisión salvadoreña como destino para presuntos pandilleros, sin juicio ni verificación previa, refuerza la tensión entre las decisiones judiciales y la política migratoria del Ejecutivo.
Archivado en:
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.