Un cubano con antecedentes penales en Estados Unidos fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Washington D.C., en medio de la creciente ofensiva contra inmigrantes.
Se trata de Pablo Enrique Sosa-Elizalde, acusado de estar en el país de forma ilegal y con condenas previas por dos cargos de hurto en el condado de Loudoun, Virginia. Por esos delitos cumplió una sentencia de 12 meses en prisión, según informó ICE en sus redes sociales junto a una foto del detenido.
El caso de Sosa-Elizalde no es aislado. En las últimas semanas, ICE ha reportado múltiples detenciones de ciudadanos cubanos con condenas penales, como parte de su estrategia para sacar de las calles a inmigrantes con estatus irregular y antecedentes delictivos.
En Nueva Orleans, los agentes arrestaron a Rainel Pedroso, sentenciado a 15 meses de cárcel por transportar a un extranjero indocumentado, y a Osmani Mompié, acusado de conspirar para trasladar a inmigrantes ilegales poniendo en riesgo sus vidas.
También en esa ciudad fue detenido Robert Santiesteban, con condenas por tráfico de drogas, posesión ilegal de un arma y robo de servicios. En tono irónico, ICE comentó sobre su arresto: “Él lo llamaba traficar. Nosotros lo llamamos billete de ida”.
Uno de los casos más graves es el de Joaquín Palacios Juncal, capturado recientemente y señalado como “delincuente en serie” por el Departamento de Seguridad Nacional, con un prontuario que incluye abuso infantil agravado, agresión con arma mortal, violencia doméstica y posesión de cocaína.
Aunque muchos de estos cubanos son candidatos a la deportación inmediata, el régimen de La Habana suele negarse a recibir a quienes tienen condenas por delitos graves o han vivido fuera de la isla desde antes de 2017. En esos casos, Estados Unidos ha optado por enviarlos a terceros países.
En operativos recientes, tres cubanos condenados por delitos graves fueron deportados a Sudán del Sur y Esuatini, en África.
ICE ha insistido en que no habrá “tolerancia alguna” para inmigrantes ilegales con historial criminal y que se usará “toda la autoridad legal disponible” para expulsarlos del país.
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