Trump pide a la Corte Suprema eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes

El mandatario pidió a la Corte Suprema que avale su orden para eliminar la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes, medida bloqueada por varias cortes que consideran inconstitucional su aplicación

Corte Suprema de Estados Unidos (Imagen de referencia) © Wikimedia Commons
Corte Suprema de Estados Unidos (Imagen de referencia) Foto © Wikimedia Commons

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema que avale su orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en el país.

La información fue reportada este sábado por la agencia Associated Press (AP), que explicó que la apelación presentada por el Departamento de Justicia inicia un proceso que podría desembocar en una decisión definitiva de los jueces hacia mediados de 2026.

El decreto, firmado por Trump en su primer día del segundo mandato, desafía más de un siglo de interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que consagra la ciudadanía para toda persona nacida en suelo estadounidense, salvo excepciones como los hijos de diplomáticos extranjeros.

Hasta ahora, cortes federales en diferentes estados han bloqueado la entrada en vigor de la medida al considerar que viola la Constitución.

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determinó que era necesaria una suspensión a nivel nacional, y un juez federal en New Hampshire emitió otro fallo en el mismo sentido dentro de una demanda colectiva.

En el recurso presentado, el procurador general D. John Sauer argumentó que las decisiones judiciales han invalidado “una política de máxima importancia para el presidente y su administración” y que conceden “sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía a cientos de miles de personas no calificadas”.


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Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes calificaron el intento de Trump como inconstitucional.

Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que “esta orden ejecutiva es ilegal, punto, y no hay maniobra que cambie esa realidad”.

Aunque la Corte Suprema limitó recientemente el uso de las suspensiones judiciales de alcance nacional, todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta orden.

Casi todos los tribunales que la han examinado han coincidido en que viola o probablemente viola la Enmienda 14, diseñada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los afroamericanos liberados de la esclavitud.

La apelación de la administración de Trump abarca dos casos que se encuentran en curso.

Una eventual audiencia ante los jueces del Supremo podría celebrarse entre el invierno y la primavera próximos, pero la decisión de aceptar o no el caso tardará todavía varios meses.

La intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha generado un intenso pulso judicial desde que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva en su segundo mandato.

La medida plantea un cambio radical en la interpretación de la Enmienda 14, que históricamente ha garantizado ese derecho a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, salvo algunas excepciones como los hijos de diplomáticos.

La orden fue recibida con demandas inmediatas por parte de organizaciones de derechos civiles y varios estados, que lograron suspensiones judiciales en diferentes cortes.

En medio del litigio, la batalla legal escaló a distintas instancias federales, con fallos contradictorios sobre la validez de la orden.

Mientras algunos jueces cuestionaron la constitucionalidad del decreto, otros permitieron que avanzaran ciertas partes del plan del gobierno.

La incertidumbre generó una cascada de procedimientos legales y administrativos sin precedentes, afectando tanto a familias inmigrantes como a agencias estatales responsables del registro civil.

En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a implementar un plan interno para redefinir quién califica como ciudadano al nacer.

El documento, filtrado a medios y analizado por expertos, propone establecer criterios que excluyan a hijos de inmigrantes en situación irregular o temporal.

Aunque su aplicación depende del fallo definitivo de la Corte Suprema, el borrador revela la intención de aplicar retroactivamente nuevas normas de elegibilidad, lo que podría afectar miles de certificados de nacimiento emitidos previamente.

Preguntas frecuentes sobre la propuesta de Trump para eliminar la ciudadanía por nacimiento

¿Qué busca la propuesta de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?

La propuesta de Trump busca eliminar el derecho a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en EE.UU. Este derecho está actualmente protegido por la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense, independientemente del estatus migratorio de sus padres.

¿Cuál ha sido la reacción de los tribunales a la orden ejecutiva de Trump?

Varios tribunales federales han bloqueado la entrada en vigor de la orden ejecutiva de Trump, considerándola probablemente inconstitucional. El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, en San Francisco, fue uno de los que ratificó su bloqueo a nivel nacional. Sin embargo, la Corte Suprema permitió que algunas partes de la orden avanzaran, aunque no se ha pronunciado sobre su constitucionalidad.

¿Qué implicaciones tendría eliminar la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.?

Eliminar la ciudadanía por nacimiento podría dejar a miles de niños nacidos en EE.UU. de inmigrantes en situación irregular en un limbo jurídico. Esto significaría que no tendrían acceso automático a los derechos asociados a la ciudadanía, como atención médica, educación o protección legal, afectando profundamente su futuro y el de sus familias.

¿Qué justificación da Trump para su propuesta de eliminar la ciudadanía por nacimiento?

Trump argumenta que la ciudadanía por nacimiento ha sido malinterpretada y se ha convertido en un incentivo para la inmigración ilegal. Su administración defiende que la ciudadanía debe concederse solo a quienes nazcan de padres ciudadanos o residentes legales, y busca restringir este derecho a través de su orden ejecutiva.

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