El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Corte Suprema que avale su orden ejecutiva que elimina el derecho a la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes en situación irregular o con estancia temporal en el país.
La información fue reportada este sábado por la agencia Associated Press (AP), que explicó que la apelación presentada por el Departamento de Justicia inicia un proceso que podría desembocar en una decisión definitiva de los jueces hacia mediados de 2026.
El decreto, firmado por Trump en su primer día del segundo mandato, desafía más de un siglo de interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que consagra la ciudadanía para toda persona nacida en suelo estadounidense, salvo excepciones como los hijos de diplomáticos extranjeros.
Hasta ahora, cortes federales en diferentes estados han bloqueado la entrada en vigor de la medida al considerar que viola la Constitución.
El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco determinó que era necesaria una suspensión a nivel nacional, y un juez federal en New Hampshire emitió otro fallo en el mismo sentido dentro de una demanda colectiva.
En el recurso presentado, el procurador general D. John Sauer argumentó que las decisiones judiciales han invalidado “una política de máxima importancia para el presidente y su administración” y que conceden “sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía a cientos de miles de personas no calificadas”.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes calificaron el intento de Trump como inconstitucional.
Cody Wofsy, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), afirmó que “esta orden ejecutiva es ilegal, punto, y no hay maniobra que cambie esa realidad”.
Aunque la Corte Suprema limitó recientemente el uso de las suspensiones judiciales de alcance nacional, todavía no se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de esta orden.
Casi todos los tribunales que la han examinado han coincidido en que viola o probablemente viola la Enmienda 14, diseñada tras la Guerra Civil para garantizar la ciudadanía a los afroamericanos liberados de la esclavitud.
La apelación de la administración de Trump abarca dos casos que se encuentran en curso.
Una eventual audiencia ante los jueces del Supremo podría celebrarse entre el invierno y la primavera próximos, pero la decisión de aceptar o no el caso tardará todavía varios meses.
La intención de eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos ha generado un intenso pulso judicial desde que el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva en su segundo mandato.
La medida plantea un cambio radical en la interpretación de la Enmienda 14, que históricamente ha garantizado ese derecho a todas las personas nacidas en territorio estadounidense, salvo algunas excepciones como los hijos de diplomáticos.
La orden fue recibida con demandas inmediatas por parte de organizaciones de derechos civiles y varios estados, que lograron suspensiones judiciales en diferentes cortes.
En medio del litigio, la batalla legal escaló a distintas instancias federales, con fallos contradictorios sobre la validez de la orden.
Mientras algunos jueces cuestionaron la constitucionalidad del decreto, otros permitieron que avanzaran ciertas partes del plan del gobierno.
La incertidumbre generó una cascada de procedimientos legales y administrativos sin precedentes, afectando tanto a familias inmigrantes como a agencias estatales responsables del registro civil.
En paralelo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzó a implementar un plan interno para redefinir quién califica como ciudadano al nacer.
El documento, filtrado a medios y analizado por expertos, propone establecer criterios que excluyan a hijos de inmigrantes en situación irregular o temporal.
Aunque su aplicación depende del fallo definitivo de la Corte Suprema, el borrador revela la intención de aplicar retroactivamente nuevas normas de elegibilidad, lo que podría afectar miles de certificados de nacimiento emitidos previamente.
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