El régimen cubano parece haber convertido una contradicción inexistente en uno de sus principales argumentos para responder a la nueva narrativa que impulsa Washington sobre Cuba: Estados Unidos, sostiene La Habana, no puede describir a la Isla como un Estado fallido y simultáneamente presentarla como una amenaza para su seguridad nacional.
La idea ya no puede atribuirse a una ocurrencia individual. El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Gerardo Hernández Nordelo, la utilizó recientemente para intentar desacreditar las advertencias del secretario de Estado, Marco Rubio, y el último análisis del Observatorio de Medios de Cubadebate vuelve a colocarla entre sus principales objeciones al discurso estadounidense.
La reiteración revela que el falso dilema está adquiriendo una función concreta dentro de la respuesta oficial: si Washington considera que Cuba está económicamente destruida y sus instituciones atraviesan una profunda crisis, entonces —según ese razonamiento— no podría atribuirle simultáneamente capacidades de espionaje, influencia o desestabilización.
El problema es que una cosa no excluye la otra. Un Estado puede fracasar en unas funciones y conservar otras capacidades
El concepto de Estado fallido es discutido y no existe una definición universal. Pero los principales marcos sobre fragilidad estatal no exigen que desaparezca el gobierno, que pierda completamente el control territorial o que deje de tener policías, militares y servicios de inteligencia.
Indicadores como el deterioro económico, el éxodo de población, la pérdida de legitimidad, el colapso de los servicios públicos, las violaciones de derechos humanos o la existencia de élites cerradas forman parte del análisis de la fragilidad estatal.
Cuba presenta numerosos síntomas de ese deterioro: crisis energética, escasez de alimentos y medicamentos, degradación de infraestructuras, emigración masiva y una economía incapaz de ofrecer perspectivas a una parte creciente de su población.
Al mismo tiempo, el régimen conserva una considerable capacidad coercitiva.
La aparente paradoja desaparece cuando se distingue entre capacidad institucional y capacidad coercitiva. Un gobierno puede fracasar proporcionando electricidad, alimentos, transporte, vivienda o prosperidad y seguir siendo eficaz para vigilar, controlar, encarcelar, recopilar inteligencia y proteger su propia supervivencia.
De hecho, una de las características más evidentes del sistema cubano es precisamente esa asimetría: ha demostrado mucha mayor capacidad para conservar el poder que para administrar eficazmente el país.
Ser pobre no significa ser inofensivo
La nueva narrativa estadounidense tampoco sostiene que Cuba constituya una amenaza porque pueda competir militar o económicamente con Estados Unidos.
Ese no es el argumento que plantea Washington.
El informe «Cuba: la capital del comunismo en el siglo XXI» intenta trasladar parte del debate hacia otro terreno: inteligencia, operaciones de influencia, relaciones con adversarios de Estados Unidos y utilización estratégica de la posición geográfica cubana.
El documento tiene una evidente finalidad política y no debe confundirse con una investigación académica independiente. Pero la posibilidad que plantea —que un régimen económicamente arruinado conserve capacidades de inteligencia— no tiene nada de contradictoria.
Existen, además, antecedentes comprobados judicialmente.
Ana Belén Montes, quien llegó a ocupar una posición relevante como analista de inteligencia del Pentágono, espió durante años para La Habana. Víctor Manuel Rocha, antiguo embajador estadounidense, se declaró culpable en 2024 de actuar durante décadas como agente clandestino de Cuba.
Ninguno de esos casos requirió que Cuba fuera una potencia económica o militar. Demuestran algo bastante más sencillo: la pobreza material de un Estado no determina automáticamente la capacidad operativa de sus servicios de inteligencia.
Ser pobre no equivale a ser inofensivo.
La fragilidad también puede producir amenazas
Hay otra debilidad en el argumento oficial: presupone que las amenazas internacionales solo pueden proceder de Estados fuertes.
La experiencia internacional demuestra lo contrario. Los Estados frágiles pueden generar riesgos mediante crisis migratorias, tráfico de personas, economías ilícitas, conflictos regionales, crisis humanitarias o la utilización de su territorio por actores extranjeros.
En Cuba, la emigración masiva constituye el ejemplo más evidente de cómo una crisis interna puede producir consecuencias fuera de las fronteras nacionales. El deterioro económico y social no queda contenido dentro de la Isla: también repercute sobre los sistemas migratorios de otros países y favorece redes de tráfico humano.
Por eso, incluso antes de discutir las acusaciones estadounidenses sobre espionaje e influencia, la premisa de La Habana ya falla: la fragilidad de un Estado puede ser precisamente una de las fuentes de riesgos externos.
Un argumento demasiado débil para responder a Washington
El régimen podría cuestionar las evidencias del informe estadounidense, exigir pruebas sobre determinadas acusaciones, discutir su metodología o señalar la intencionalidad política de la administración Trump.
Todo eso formaría parte de un debate razonable. Lo que no desmonta el nuevo marco de la actual administración es repetir que Washington tiene que escoger entre señalar a Cuba como un Estado fallido o identificarlo como una amenaza.
Washington está intentando cambiar la manera en que el régimen cubano es interpretado: no solo como un problema de derechos humanos, autoritarismo o conflicto bilateral, sino también como un asunto de seguridad, inteligencia e influencia geopolítica.
Responder a ese cambio exige discutir las evidencias concretas que sustentan esa interpretación.
La cuestión relevante, por tanto, no es si un Estado profundamente deteriorado puede conservar capacidades capaces de afectar los intereses de otro país. La historia demuestra que puede.
La cuestión que debe examinarse es qué capacidades conserva hoy el régimen cubano, cómo las utiliza y hasta qué punto Washington puede demostrar las que le atribuye.
Ese sería el debate serio.
Seguir respondiendo con “Estado fallido o amenaza” no resuelve ninguna de esas preguntas. Solo convierte un falso dilema, fácil de desmontar conceptual e históricamente, en uno de los pilares defensivos de la propaganda oficial frente a una estrategia estadounidense bastante más compleja.
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