Foro Madrid ha pedido a España que refuerce la investigación sobre patrimonio, movimientos financieros y posibles estructuras económicas de dirigentes del régimen cubano y personas de su entorno, incluidos familiares, para impedir que el país pueda convertirse en refugio de capitales de procedencia ilícita.
La propuesta aparece en el informe Cuba: un régimen criminal sostenido desde el exterior, que reclama utilizar los instrumentos españoles contra el blanqueo de capitales cuando existan indicios suficientes y reforzar la coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil, jueces, fiscales y servicios de inteligencia.
La petición abre un ángulo particularmente sensible: España lleva años investigando el destino de fortunas procedentes del entorno del chavismo venezolano, pero no existe públicamente un esfuerzo comparable dirigido a determinar si personas vinculadas a la élite política, militar y empresarial cubana mantienen en territorio español patrimonio que merezca un escrutinio similar.
La cuestión adquiere mayor relevancia por la estrecha relación económica que España ha mantenido durante décadas con Cuba y por el peso de empresas españolas en sectores dominados por el Estado cubano y, especialmente, por el conglomerado militar GAESA.
España ya siguió el dinero procedente del chavismo
El precedente venezolano demuestra que las instituciones españolas disponen de experiencia para hacerlo.
La propia Audiencia Nacional ha descrito entre sus investigaciones sobre PDVSA las pesquisas destinadas a esclarecer las presuntas irregularidades en la administración de fondos públicos de la petrolera venezolana, así como las transferencias de dinero realizadas a España y el destino final de esas cantidades.
Las investigaciones han alcanzado durante años a exfuncionarios, directivos, empresarios, intermediarios y familiares relacionados con diferentes tramas venezolanas.
Una investigación de El País calculó ya en 2018 que una decena de personas vinculadas al chavismo había introducido en España más de 160 millones de euros, aproximadamente la mitad destinados a inversiones inmobiliarias, incluidas viviendas de lujo, grandes propiedades y otros negocios.
En algunos casos, las pesquisas españolas terminaron en procedimientos de extradición. La Audiencia Nacional acordó, por ejemplo, entregar a Estados Unidos a Adrián Velásquez, esposo de la extesorera venezolana Claudia Díaz, para responder por una presunta trama de blanqueo y corrupción.
En otros, los investigadores españoles han perseguido directamente el patrimonio.
En 2024, un juez de la Audiencia Nacional propuso juzgar a la viuda y a un socio de Juan Carlos Márquez Cabrera, antiguo directivo de PDVSA, por delitos fiscales, falsedad documental y blanqueo. El procedimiento incluyó incluso una petición de la Fiscalía para ejercer el decomiso autónomo contra los hijos del fallecido.
Las actuaciones muestran que el escrutinio patrimonial español sobre Venezuela no se ha limitado a los altos funcionarios, sino que ha alcanzado también a socios, intermediarios y familiares cuando las investigaciones han encontrado razones para seguir el dinero.
Y las pesquisas continúan. La Audiencia Nacional mantiene investigaciones sobre grandes cantidades de capital presuntamente procedentes de PDVSA y su posible blanqueo mediante sociedades, inversiones y otros mecanismos en España.
Una de las investigaciones más recientes ha puesto también el foco sobre Plus Ultra, la aerolínea española rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros durante la pandemia.
Una causa abierta a partir de información remitida por las autoridades de Francia y Suiza investiga posibles movimientos de fondos procedentes de Venezuela y sus conexiones con sociedades y empresarios relacionados con la compañía aérea, dentro de pesquisas más amplias sobre capitales presuntamente desviados de programas estatales venezolanos y operaciones con oro.
En ese contexto también ha aparecido el nombre del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, por sus relaciones con dirigentes y empresarios venezolanos y por las gestiones que habría realizado en favor de Plus Ultra. Su aparición en informaciones relacionadas con la investigación no implica que esté acusado de blanqueo ni permite atribuirle participación en las operaciones bajo sospecha.
El caso, todavía en investigación, ilustra hasta qué punto las pesquisas sobre capitales procedentes de Venezuela han terminado extendiéndose en España hacia entramados empresariales, intermediarios y conexiones políticas, más allá de los antiguos funcionarios del chavismo inicialmente situados bajo la lupa.
¿Y el dinero de la élite cubana?
Es precisamente ese precedente el que aporta contexto a la propuesta de Foro Madrid.
Que un funcionario cubano, empresario, familiar o persona relacionada con el régimen posea bienes, participe en una sociedad o resida en España no constituye por sí mismo indicio de delito. Tampoco existen elementos que permitan asumir que cualquier patrimonio relacionado con la élite cubana tenga un origen ilícito.
La cuestión que plantea el informe es otra: si España ha sometido durante años a escrutinio el dinero procedente de redes vinculadas al chavismo, ¿debería hacer lo mismo con el patrimonio y las estructuras económicas relacionadas con la cúpula cubana cuando existan elementos que justifiquen investigarlas?
El interrogante cobra especial importancia por la estrecha relación mantenida durante décadas entre los gobiernos de Cuba y Venezuela y por la presencia cubana en diferentes ámbitos del aparato estatal venezolano.
También por la propia naturaleza de la economía cubana, donde importantes sectores generadores de divisas están controlados por GAESA, conglomerado empresarial perteneciente a las Fuerzas Armadas.
España ha hecho negocios durante décadas con GAESA
España ocupa una posición particular en este escenario.
Durante décadas, sus empresas han sido protagonistas del desarrollo turístico cubano y han mantenido operaciones en sectores estratégicos de la economía de la isla.
Hasta el reciente endurecimiento de las sanciones estadounidenses, compañías españolas mantenían alrededor de un centenar de contratos de gestión hotelera en Cuba, muchos sobre establecimientos propiedad de GAESA.
Según datos de la Oficina de Información Diplomática española citados por EFE, más de 280 empresas españolas estaban implantadas en Cuba mediante delegaciones y más de 60 mediante proyectos de inversión. El stock de inversión española rondaba los 442 millones de euros, fundamentalmente en tabaco, servicios financieros y comercio mayorista.
En el turismo se produjo durante años una relación especialmente estrecha: cadenas españolas administraban hoteles cuya propiedad permanecía en manos cubanas, numerosos de ellos pertenecientes a Gaviota, brazo turístico de GAESA.
Esa relación ha comenzado a desmantelarse en 2026 ante la presión de Washington. Iberostar abandonó la gestión de 12 hoteles vinculados a GAESA y Meliá inició posteriormente su retirada hasta anunciar el cese de todos sus contratos y servicios en Cuba.
El cambio estadounidense ha puesto además bajo un nuevo foco la estructura financiera del conglomerado militar y sus relaciones con compañías extranjeras.
Familiares de la cúpula con actividad empresarial fuera de Cuba
En los últimos años también han aparecido informaciones sobre la actividad económica internacional de familiares de dirigentes cubanos.
Uno de los ejemplos que toca directamente a España es Manuel José Anido Cuesta, hijo de Lis Cuesta e hijastro de Miguel Díaz-Canel.
El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) acredita que en abril de 2025 Anido Cuesta se convirtió en administrador único y socio único de Meridian Wealth Group SL, una sociedad domiciliada en Madrid.
Entre los objetos de la empresa figuraban la consultoría estratégica para clientes internacionales —especialmente americanos, latinoamericanos y caribeños— en el establecimiento de negocios y plataformas de inversión, así como la prospección del mercado europeo.
La sociedad fue disuelta y extinguida en enero de 2026, figurando Anido Cuesta como liquidador.
No existe en esos datos registrales indicio alguno de actividad ilícita. El caso resulta relevante únicamente porque demuestra que personas pertenecientes al entorno familiar inmediato de la cúpula cubana han desarrollado actividad societaria en España, precisamente uno de los espacios sobre los que Foro Madrid pide mayor vigilancia patrimonial.
Otros integrantes de la élite cubana han protagonizado movimientos internacionales difíciles de explicar únicamente a partir de sus funciones oficiales.
Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro conocido como El Cangrejo e hijo del fallecido jefe de GAESA Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, realizó al menos 25 vuelos a Panamá entre 2024 y 2025 en aviones privados, según documentos obtenidos por Martí Noticias, La Prensa de Panamá y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Los registros mostraron, entre otras aeronaves, un jet que anteriormente utilizó matrícula venezolana. Rodríguez Castro ha mantenido además frecuentes vínculos con Venezuela y ha aparecido junto a la cúpula cubana en acontecimientos políticos de alto nivel.
Estos movimientos tampoco prueban por sí mismos ninguna irregularidad financiera. Sí ilustran, sin embargo, la existencia de redes internacionales y desplazamientos de personas pertenecientes al núcleo de poder cubano que trascienden las estructuras administrativas ordinarias de la isla.
Cuba y Venezuela, dos redes estrechamente relacionadas
La comparación con Venezuela tampoco surge únicamente de que ambos países hayan sido aliados políticos.
Durante más de dos décadas, La Habana y Caracas desarrollaron una integración que abarcó petróleo, cooperación médica, seguridad, inteligencia, administración pública y numerosos acuerdos empresariales y financieros.
Esa relación hace especialmente relevante conocer hasta qué punto las redes económicas desarrolladas alrededor del chavismo —algunas de las cuales terminaron siendo investigadas por blanqueo y corrupción en España y otras jurisdicciones— mantuvieron conexiones con actores cubanos.
Pero esa relación política y económica no permite atribuir automáticamente a funcionarios cubanos responsabilidad en las tramas venezolanas investigadas en España. Determinar la existencia de esas conexiones, cuando haya indicios concretos, corresponde precisamente a las autoridades competentes.
Ahí reside uno de los puntos de la propuesta de Foro Madrid: no asumir la existencia de fortunas ilícitas, sino dotar a las instituciones españolas de una estrategia más activa para detectarlas si existen.
Seguir el dinero, también en el caso cubano
El informe reclama que España evite convertirse en refugio para capitales vinculados a la cúpula cubana y que examine posibles estructuras utilizadas para ocultar patrimonio o mover recursos mediante familiares, intermediarios u otras personas cuando existan indicios suficientes.
También propone reforzar la cooperación de Policía, Guardia Civil, jueces, fiscales e inteligencia frente a posibles redes de crimen organizado relacionadas con intereses del régimen.
El precedente venezolano muestra hasta dónde puede llegar ese tipo de escrutinio: investigación de transferencias internacionales, sociedades, cuentas bancarias, propiedades inmobiliarias, intermediarios y beneficiarios reales; procedimientos de extradición; y, cuando las pruebas lo permiten, acusaciones por blanqueo o solicitudes de decomiso.
La diferencia es que no existe públicamente en España una investigación patrimonial de dimensiones comparables sobre la élite cubana, pese a la profundidad de las relaciones económicas mantenidas entre ambos países y a décadas de negocios españoles con sectores controlados por el Estado y las Fuerzas Armadas.
La propuesta de Foro Madrid coloca ahora esa diferencia sobre la mesa.
No se trata de presumir que los funcionarios cubanos o sus familiares con intereses en España hayan cometido delitos.
Se trata de una pregunta distinta: si España lleva años siguiendo el rastro de fortunas relacionadas con el chavismo, ¿hay razones para que el patrimonio y las redes económicas internacionales de la cúpula cubana queden fuera de un escrutinio equivalente cuando aparezcan indicios que lo justifiquen?
Foro Madrid considera que no.
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