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La reciente gira de Miguel Díaz-Canel por Vietnam, China y Laos, presentada oficialmente como un esfuerzo para atraer inversiones extranjeras, provocó la reacción airada de la periodista cubana Mónica Baró Sánchez, quien denunció la contradicción de un gobernante que viaja miles de kilómetros para ofrecer la isla a empresarios foráneos mientras continúa cerrando la puerta a sus propios ciudadanos.
En su mensaje, Baró lamentó que “tanto machete que se dio en las guerras por la independencia en Cuba para que un siglo más tarde cualquier extranjero valga más que un cubano, por decisión de Fidel Castro, y para que todavía hoy cualquier extranjero siga teniendo más derechos en Cuba que cualquiera de nosotros”.
Sus palabras reflejaron un sentimiento compartido por amplios sectores de la diáspora, que han logrado prosperar en distintos países, pero no encuentran condiciones legales para invertir ni siquiera en pequeños negocios dentro de su país de origen.
El contraste es evidente. En Beijing, Díaz-Canel se reunió con unos 70 empresarios chinos, ante quienes aseguró que “Cuba está abierta a todas las propuestas”. En su agenda incluyó acuerdos en el sector biotecnológico, con empresas conjuntas que ya distribuyen medicamentos cubanos en más de 2,000 hospitales de China.
También buscó compromisos financieros en Vietnam, país que incluso organizó una colecta de 14 millones de dólares para entregar al régimen cubano. En Laos, el gobernante cubano rubricó memorandos de cooperación política y económica.
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Pero mientras mendiga inversiones en Asia, en Cuba sigue vigente un marco legal que prohíbe a los nacionales residentes en la isla o en el exilio participar en proyectos productivos de envergadura.
El acceso a licencias se limita a pequeños oficios autónomos, y la participación en sectores estratégicos —energía, telecomunicaciones, banca, comercio exterior o turismo— permanece reservada a empresas extranjeras o militares, dejando fuera al capital humano y financiero cubano.
Para críticos como Baró, esta política constituye una prolongación de la lógica instaurada por Castro desde 1959: una finca nacional administrada como propiedad privada del régimen, que decide quién accede a oportunidades económicas y quién queda relegado.
“Sobran cubanos con ganas de emprender e invertir en su país”, denunció la periodista, pero el gobierno prefiere “hacerle la tortica a 70 chinos antes que permitir que los cubanos tengan derechos sobre su tierra”.
El trasfondo histórico acentúa la paradoja: después de 66 años de dictadura, los cubanos ven cómo las riquezas nacionales se entregan a autocracias aliadas, mientras ellos continúan sin derecho a decidir ni a invertir en el país por el que tantos dieron la vida.
El viaje de Díaz-Canel buscó mostrar apertura, pero solo hacia fuera. Hacia dentro, Cuba sigue cerrada a sus propios hijos.
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