La administración Trump elaboró un dictamen jurídico clasificado que autoriza el uso de fuerza letal contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos narcotraficantes, según revelaron a CNN varias fuentes con conocimiento del texto.
La opinión, redactada por la Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia, sostiene que el presidente puede ordenar ataques porque dichos grupos representan una “amenaza inminente” para los estadounidenses.
Juristas consultados por CNN consideran que el criterio abre la puerta a una guerra abierta contra una nómina no pública de organizaciones, al equiparar a presuntos narcotraficantes con “combatientes enemigos” susceptibles a ejecución sumaria sin revisión judicial.
Históricamente, el tráfico de drogas se ha tratado como delito con debido proceso —interdicciones de la Guardia Costera y arrestos—, no como conflicto armado.
Un memorándum del Departamento de Defensa remitido al Congreso la semana pasada adopta esa lógica: afirma que EE.UU. está en “conflicto armado” con los cárteles y que el presidente ha determinado que sus operadores son “combatientes ilegales”.
Según las fuentes, ese documento se apoya en gran medida en el dictamen de la OLC. Legisladores han reclamado reiteradamente al DOJ y al Pentágono una copia del análisis jurídico —incluida la semana pasada—, sin éxito.
La fiscal general Pam Bondi deberá testificar el martes en el Capitolio y podría enfrentar preguntas sobre la justificación legal de los ataques.
El ejército estadounidense ha realizado al menos cuatro ataques contra embarcaciones en el Caribe, con muertos que, según la administración, estaban “afiliados” a cárteles designados como organizaciones terroristas.
El ataque más reciente, la semana pasada, dejó cuatro fallecidos, hecho citado por el secretario de Defensa Pete Hegseth en redes sociales.
En el Pentágono, abogados militares —incluidos especialistas en derecho internacional— han expresado preocupación por la legalidad de los ataques.
Varios actuales y exintegrantes del cuerpo de JAG dijeron a CNN que no parecen legales. Aun así, el dictamen de la OLC es la interpretación prevalente dentro del Ejecutivo, y muchos juristas del DoD evitan disentir públicamente.
La opinión del DOJ es pieza clave de una campaña más amplia que incluye ampliar facultades de la CIA para ataques letales y operaciones encubiertas en la región.
Fuentes señalan que Trump actualizó esas facultades coincidiendo con una directiva secreta que ordenó al ejército atacar cárteles latinoamericanos a inicios del verano.
La CIA, que ya revisaba su margen para usar fuerza letal en México y otros países, opera drones de vigilancia armados sobre territorio mexicano, y la Casa Blanca trabaja en actualizar una antigua “conclusión” presidencial de los años 80 que regula acciones encubiertas antinarcóticos.
Ofensiva contra el narcotráfico
A finales de septiembre, Donald Trump anunció que su administración entraría en una nueva fase de su campaña contra el crimen organizado con epicentro en Venezuela: tras frenar la entrada de drogas por mar, ahora el foco se dirigiría a las rutas terrestres del narcotráfico.
Fuentes del Pentágono han confirmado que entre las opciones se contempla el uso de drones armados para atacar líderes criminales y laboratorios de droga dentro de Venezuela, aunque Trump aún no ha dado la autorización final.
El giro hacia el frente terrestre se produce después de semanas de operaciones en el Caribe. Estados Unidos ha desplegado más de 15 buques de guerra, submarinos nucleares, cazas F-35 en Puerto Rico y unos 7,000 efectivos, en la mayor movilización de este tipo desde la década de 1980.
En ese marco, el Comando Sur ha hundido al menos tres embarcaciones procedentes de Venezuela en lo que describe como golpes al narcotráfico. Uno de esos incidentes dejó 11 muertos, atribuidos por Washington al Tren de Aragua, designado como organización terrorista.
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