A pesar del discurso oficial que habla de compromiso y sensibilidad social, la realidad en la provincia de Las Tunas revela que las políticas dirigidas a personas empobrecidas funcionan con presupuestos mínimos, ejecución limitada y profundas desigualdades territoriales que condenan a miles a la espera eterna de soluciones.
Las cifras del primer semestre muestran que apenas una tercera parte de los recursos asignados a programas sociales han sido ejecutados.
“Eso repercute en la atención a las comunidades en situación de vulnerabilidad y mantiene en ʻinsuficienteʼ la calificación de la infraestructura social”, reconoció el periódico provincial 26.
Las acciones gubernamentales que supuestamente deben beneficiar a madres con tres hijos o más, personas con discapacidad o adultos mayores, operan “con una cobertura de recurso al límite”. Asimismo, la infraestructura social sigue siendo calificada como “insuficiente”, sin avances tangibles en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
En los municipios más golpeados por la pobreza, como Jobabo, Amancio y Majibacoa, la falta de recursos es crítica. Aunque se reconocen esfuerzos puntuales, como la creación de casitas infantiles o grupos de prevención comunitaria, los avances son marginales frente a una realidad de abandono.
En Jobabo, por ejemplo, el 40% de los planteamientos de la población siguen sin resolverse, mientras que en Amancio la ejecución presupuestaria en temas sociales es baja en comparación con otras áreas.
Las cifras fiscales maquillan una economía desequilibrada. Si bien Las Tunas muestra una alta recaudación y un déficit provincial reducido, la llamada “economía bifurcada” -en la que el sector financiero y fiscal mejora, pero no la producción material- evidencia que esos avances no se traducen en mejoras reales para la población.
La recaudación de multas y los controles estrictos sostienen los ingresos, pero los recursos no fluyen hacia donde más se necesitan.
La supuesta “mejora” en la ubicación laboral de personas desvinculadas también es cuestionable, ya que la mayoría de los empleos generados caen en la informalidad y no ofrecen garantías reales. Según la fuente, “es alta la resistencia al empleo formal”, reflejo de un mercado laboral sin atractivo ni condiciones.
Las desigualdades entre municipios refuerzan la percepción de abandono institucional. En la cabecera provincial hay más círculos infantiles, se percibe el déficit de viviendas y la producción láctea sigue incumpliendo.
Puerto Padre destaca en la atención a adultos mayores, “pero son demasiadas las comunidades rurales desatendidas”. En Majibacoa, la baja productividad se combina con un aparato ineficaz en la recaudación fiscal.
La gobernadora Yelenis Tornet asegura que Las Tunas priorizará la inversión en agricultura y ganadería para disponer de alimentos, y también se ha propuesto “acelerar proyectos de infraestructura social, viviendas y servicios enfocados, por ejemplo, en las comunidades menos favorecidas”.
Pero esas declaraciones, repetidas año tras año, ya no convencen. El discurso sobre sensibilidad, creatividad y entrega no puede sustituir la falta de financiamiento real y la incapacidad de transformar los programas en acciones concretas.
En una provincia marcada por la migración, el envejecimiento y la pobreza, las promesas sociales sin fondos no bastan. El contraste entre las cifras fiscales y la precariedad de la vida diaria expone un modelo que sigue fallando donde más importa: en el bienestar de su gente.
El propio gobierno reconoció el 16 de julio que más de 310,000 personas residentes en la isla se encuentran actualmente en situación de pobreza o vulnerabilidad social, en medio de una profunda crisis económica y una intensa polémica pública por recientes declaraciones oficiales que negaban la existencia de la indigencia en la isla.
El régimen cubano atribuye el incremento de personas en situación de calle a la desatención familiar y al endurecimiento del embargo de Estados Unidos.
Lejos de cualquier autocrítica, el Estado no reconoce su responsabilidad en esa crisis y opta por medidas reactivas para esconder sus síntomas. Tampoco ataca las causas estructurales del fenómeno centradas en el colapso del modelo económico, la desintegración familiar, el envejecimiento demográfico y la emigración masiva.
Mientras las autoridades maquillan la indigencia con eufemismos y cifras irreales, una población creciente de personas ancianas, enfermas y marginadas sobrevive a la intemperie en la provincia de Matanzas, sin políticas efectivas que los amparen ni voluntad real de ver lo que el país esconde bajo la alfombra.
A fines de abril, un reportaje del periódico oficial Girón dejó al descubierto una de las realidades más dolorosas de la Cuba actual: la precariedad extrema en la que viven miles de jubilados que, tras décadas de trabajo, se ven obligados a subsistir en las calles.
Vídeos relacionados:
Archivado en: