La ambiciosa agenda migratoria del presidente Donald Trump atraviesa múltiples desafíos judiciales en tribunales de Estados Unidos.
Desde restricciones a la ciudadanía por nacimiento hasta deportaciones exprés, las políticas del mandatario han generado un aluvión de demandas, decisiones divididas y medidas cautelares que mantienen en vilo a millones de personas.
A continuación, presentamos un repaso de los principales frentes legales que enfrenta el gobierno de Trump en materia migratoria.
Uso de la Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno de Trump intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente solo durante guerras declaradas, para expulsar a personas supuestamente vinculadas a la pandilla Tren de Aragua, principalmente ciudadanos venezolanos.
Las autoridades los deportaron a una prisión en El Salvador, alegando que eran una "fuerza invasora" y que los tribunales estadounidenses no tenían jurisdicción para liberarlos.
Sin embargo, una corte federal de apelaciones del Quinto Circuito, en Nueva Orleans, bloqueó la semana pasada esa aplicación de la ley, considerando que no fue diseñada para este tipo de casos.
La American Civil Liberties Union (ACLU), que presentó la demanda, celebró el fallo como un freno al uso discrecional del poder ejecutivo en materia de deportación.
La Casa Blanca, por su parte, defiende que el presidente tiene autoridad para actuar en defensa de la seguridad nacional y anticipó que llevará el caso a instancias superiores.
Orden ejecutiva para eliminar la ciudadanía por nacimiento
En una medida sin precedentes, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que busca redefinir la ciudadanía por nacimiento, excluyendo a hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal.
Varios estados, entre ellos Washington, Illinois y Arizona, impugnaron la orden, señalando que viola la 14ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a toda persona nacida en suelo estadounidense.
Una corte federal de apelaciones en San Francisco declaró la orden como inconstitucional y ratificó su bloqueo a nivel nacional.
Deportaciones a terceros países sin vínculos personales
El gobierno ha ejecutado deportaciones a países como El Salvador y Sudán del Sur, incluso cuando los migrantes no tienen lazos familiares ni históricos con esos destinos. La administración Trump asegura que muchos de ellos tienen antecedentes criminales o provienen de países que se niegan a recibirlos.
No obstante, grupos de defensa han presentado demandas por violaciones al debido proceso y por exponer a los deportados a graves riesgos en países con registros de abusos a los derechos humanos.
Un juez federal ordenó detener temporalmente estas expulsiones, pero la Corte Suprema revirtió esa decisión, permitiendo reanudarlas.
En julio, cinco hombres deportados a Esuatini, en África, permanecían detenidos sin cargos ni acceso a abogados, según informaron sus defensores.
Redadas masivas en California y acusaciones de perfilamiento racial
Redadas de inmigración en el sur de California, especialmente en negocios, paradas de autobús y tiendas, llevaron a la detención de muchas personas latinas, e incluso ciudadanos estadounidenses. Los operativos derivaron en una demanda por perfilamiento racial.
Un juez federal ordenó detener estas acciones en siete condados, al considerar que violan la Constitución. El gobierno de Trump respondió con una apelación ante la Corte Suprema, argumentando que esas restricciones limitan la capacidad operativa de los agentes federales.
El TPS y los paroles humanitarios
La administración Trump ha buscado desmantelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el programa del parole humanitario que protege a más de 1.5 millones de migrantes de países como Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.
Aunque la Corte Suprema permitió inicialmente la revocación del TPS, una corte federal de San Francisco, este 5 de septiembre, lo restituyó.
El juez Edward Chen, en la nueva sentencia considera que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, actuó sin base legal al cancelar las prórrogas otorgadas en el gobierno anterior.
Mientras tanto, otra corte en Boston evalúa si suspende la cancelación de los paroles humanitarios para cerca de 430,000 migrantes de la región.
Expansión de la deportación acelerada
El primero de agosto se informó que un juez federal en Washington D.C. bloqueó varias directivas de la administración Trump que autorizaban la deportación acelerada de inmigrantes beneficiarios del parole humanitario, medida que afectaba a miles de cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
El gobierno también amplió el uso de la "expulsión inmediata", permitiendo deportar a migrantes que llevan menos de dos años en el país sin pasar por un juez. Anteriormente, esta medida solo aplicaba a personas detenidas cerca de la frontera y con menos de dos semanas en EE.UU.
Esta ampliación fue bloqueada de forma temporal por la jueza federal Jia Cobb, quien argumentó que podría violar el derecho al debido proceso. La jueza también frenó la deportación exprés de personas con permiso humanitario.
Las políticas migratorias de Donald Trump avanzan entre demandas, recursos legales y decisiones divididas en las cortes. Aunque algunas medidas han sido respaldadas por el sistema judicial, otras han sido frenadas o declaradas inconstitucionales.
Mientras tanto, miles de familias migrantes enfrentan un futuro incierto, pendientes de fallos judiciales que podrían cambiar el rumbo de sus vidas en cualquier momento.
Vídeos relacionados:
Archivado en: