Bajo la administración de Joe Biden se crearon los programas de parole humanitario CHNV (para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), que permitieron la entrada temporal de hasta 532,000 personas a EE.UU. por razones humanitarias o de beneficio público.
En enero de 2025, al asumir Donald Trump la presidencia, emitió órdenes ejecutivas para terminar todos los programas de parole categóricos. DHS anunció en marzo de 2025 la cancelación inmediata de CHNV y la revocación anticipada de todos los permisos vigentes, con apenas 30 días de plazo.
No obstante, los beneficiarios (parolees) demandaron y el tribunal de distrito de Massachusetts concedió un amparo preliminar, bloqueando la cancelación temprana y manteniendo los permisos hasta que expiraran naturalmente. El gobierno, después de esto, apeló.
La resolución de la Corte Suprema
Un tribunal federal de apelaciones autorizó este viernes a la administración de Trump a avanzar con la revocación del estatus legal de más de medio millón de migrantes cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario (CHNV).
La decisión de la Corte Suprema revoca la suspensión previa dictada por un juez federal de Boston, que había bloqueado temporalmente los intentos de deportación. Según la Suprema Corte de EE.UU, la ley exige un análisis caso por caso para otorgar el beneficio, pero no impone la misma limitación para su revocación.
Los demandantes —un grupo de migrantes y organizaciones de apoyo— argumentaron que la medida era ilegal y que violaba el debido proceso al cancelar de forma masiva permisos previamente otorgados.
Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito respaldó la postura del gobierno de Trump, concluyendo que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tiene la autoridad para poner fin al programa en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
El fallo incluyó razones de seguridad, presión sobre recursos, falta de beneficio público, y consideración (aunque desfavorable) de los intereses de los beneficiarios.
Aunque la Corte reconoce los daños severos para los migrantes (pérdida de estatus, riesgo de deportación, separación familiar, pérdida de trabajo), esos perjuicios no bastan si no hay probabilidad fuerte de éxito legal en el caso.
Puntos clave
El fallo no resuelve todas las demandas (por ejemplo, las de debido proceso constitucional siguen abiertas en instancias inferiores).
En la práctica, significa que medio millón de migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que entraron con parole podrían ver cancelado su estatus antes del vencimiento natural de sus dos años.
El tribunal dejó claro que el poder ejecutivo sí tiene autoridad para terminar en bloque estos programas de parole. También confirma que el Ejecutivo (DHS y el Presidente) tiene la facultad de terminar en bloque programas de parole humanitario, sin necesidad de revisar caso por caso.
Esto sienta un precedente que limita la capacidad de los tribunales inferiores de bloquear medidas similares bajo el argumento de “arbitrarias o caprichosas”.
Vulnerabilidad de los beneficiarios de CHNV
Los 532,000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que recibieron parole bajo Biden pueden ver cancelado su estatus de forma anticipada, incluso si aún no vencían sus dos años. Perderían automáticamente autorización de trabajo y estatus legal temporal, quedando expuestos a:
- Procedimientos de deportación (expedited removal o procesos regulares).
- Detención migratoria.
- Inadmisibilidad futura para otros beneficios migratorios.
El tribunal sostuvo que el DHS dio razones suficientes (seguridad, recursos, falta de beneficio público). Esto dificulta que futuras demandas similares prosperen alegando que la medida es “arbitraria y caprichosa”.
Deja abierta solo la vía de reclamos constitucionales (de debido proceso), que siguen en curso pero con menor probabilidad de éxito.
Consecuencias prácticas inmediatas
El fallo avala la visión de Trump de que los programas categóricos de parole no cumplen con el requisito legal de “caso por caso”.
Limita a futuras administraciones para usar el parole humanitario masivo como herramienta de política migratoria, salvo que el Congreso lo autorice explícitamente.
Los migrantes en EE.UU. con CHNV deberán buscar otra vía migratoria (asilo, TPS, residencia, etc.) o enfrentar la pérdida del estatus.
El fallo convierte al parole humanitario CHNV en un estatus frágil y revocable en cualquier momento por decisión política, deja a cientos de miles en riesgo de deportación, y consolida la autoridad presidencial sobre programas migratorios sin intervención del Congreso.
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