Un anciano de 92 años y su nieta denunciaron que un poder notarial presuntamente fraudulento habría permitido revocar un mandato previo y despojar a la familia de su única vivienda, en un caso que involucra a notarías, Vivienda, Planificación Física y la Fiscalía municipal de Bauta, en La Habana.
En diversas denuncias de redes sociales, la familia asegura haber presentado denuncias formales por falsificación de documentos públicos y robo, pero afirma que las instituciones no han ofrecido una solución tras meses de gestiones.
El abuelo niega haber firmado o consentido el poder que anula el que había otorgado antes a su nieta —copropietaria por derecho de representación— y que habría facilitado la venta o transferencia del inmueble a terceros.
Un nuevo poder supuestamente emitido en la Notaría de Bauta por la notaria Arais Hernández Loyola revocaría el anterior y facultaría a terceros a “comprar, permutar, vender, acordar precios y recibir pagos”, llegando incluso a establecer que el anciano “regalaba” su vivienda. La familia sostiene que jamás existió ese consentimiento.
Según la denuncia de la nieta, Yenisey González, la revocación del poder a su favor no se registró oportunamente en el sistema notarial, lo que “ocultó” el acto y permitió que el nuevo apoderado avanzara trámites en Vivienda, Planificación Física y bufetes.
El anciano cuestiona la lógica del documento que lo dejaría a él y a su familia sin hogar.
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“¿Ustedes creen que… yo voy a hacer un poder tan grosero como este para entregarle mi casa a nadie?… Sería lo más bajo… quitarle la casa a su nieta y a sus nietas, que son las que lo han cuidado”, declaró, pidiendo “que se haga justicia”.
La nieta relata que, tras su salida temporal del país con su hija, dejó la vivienda bajo cuidado de conocidos y regresó ocho meses después, cuando se encontró con que esas personas afirmaban haber “comprado” la casa.
Denuncia que fue desalojada de hecho, que la propiedad fue objeto de mediciones por funcionarios de Vivienda y Planificación Física, y que circulaba un “nuevo poder” —con actos de última voluntad y declaratoria de herederos adjuntos— que desconoce y considera nulo.
La familia menciona a las notarias Yanet Cabañas, Arais Hernández Loyola, Iris Moreno Villamil (o Iris Villamil), y directivos como Nora (dirección de la notaría) y Mariceli (Registro de la Propiedad).
Afirman que, pese a alertas tempranas, se les dijo que “todo estaba en orden” y, más tarde, que la revocatoria del poder “no había subido al sistema”.
Funcionarios municipales habrían tramitado un nuevo dictamen técnico sobre el inmueble sin la voluntad del titular (el abuelo) y admitido que la propiedad “había sido vendida”, pese a que antes negaron la existencia de fraude, según la versión familiar.
La familia asegura haber presentado denuncias; la Fiscalía habría explicado que iniciaría investigación y citaciones, pero —siempre según los denunciantes— el caso entró en una “deriva de plazos” (entre semanas y meses) sin una respuesta definitiva.
Se reportan contactos con el PCC en Bauta (funcionario Leonardo), con el PCC provincial (funcionario de apellido Vinajera), con la Dirección Provincial de Justicia de Artemisa (directora Dialeidis), con el Ministerio de Justicia, Atención a la Ciudadanía y el Ministerio de la Vivienda, sin avances concluyentes, de acuerdo con la familia.
La familia afirma contar con pruebas y reitera que el abuelo no acudió a ninguna notaría ni prestó consentimiento para el poder “revocatorio” que habría anulado el mandato en favor de la nieta y transferido facultades para disponer de la vivienda.
También cuestionan que el acto no exigiera dictamen médico ni testigos capaces de acreditar la capacidad del otorgante dada su edad y condiciones sensoriales (baja visión y audición), y que se diera por buena la versión de que “todos los familiares estaban fuera de Cuba”.
La familia reclama anulación del poder impugnado, restablecimiento de la titularidad y protección frente a nuevos intentos de despojo.
Exigen que Fiscalía y Justicia actúen con celeridad, que se determinen responsabilidades y que el caso no se dilate más, ante la vulnerabilidad del abuelo. “Este abuelo merece justicia”, dice el escrito de denuncia difundido en redes.
Preguntas frecuentes sobre la estafa de poderes notariales en Cuba
¿Cómo ocurrió la estafa con el poder notarial en Cuba?
Un anciano de 92 años y su nieta denunciaron que un poder notarial presuntamente fraudulento revocó un mandato anterior y despojó a la familia de su única vivienda. El abuelo niega haber firmado o consentido el documento que anuló el poder otorgado a su nieta. La familia asegura que las instituciones no han ofrecido una solución tras meses de denuncias formales.
¿Qué instituciones están involucradas en este caso de estafa en Cuba?
El caso involucra a varias instituciones cubanas, como notarías, Vivienda, Planificación Física y la Fiscalía municipal de Bauta, en La Habana. La familia ha presentado denuncias formales por falsificación de documentos públicos y robo. Sin embargo, afirman que no ha habido una respuesta adecuada de las autoridades.
¿Cuál es la situación actual de la familia afectada por la estafa notarial en Cuba?
La familia se encuentra en una situación vulnerable, ya que han sido desalojados de hecho de la vivienda que legalmente les pertenece. La nieta denuncia que funcionarios de Vivienda y Planificación Física han permitido que se realicen trámites sin la voluntad del titular. La familia sigue exigiendo justicia y la anulación del poder impugnado.
¿Qué otras denuncias de estafas y abusos se han reportado en Cuba recientemente?
Recientemente se han reportado múltiples denuncias de estafas y abusos en Cuba, como el caso de cobros alterados por la Empresa Eléctrica, y robos de documentos a cubanoamericanos para obtener recompensas. La crisis económica ha impulsado nuevas modalidades delictivas, exponiendo la vulnerabilidad de los ciudadanos frente al abuso institucional. Las redes sociales se han convertido en el principal medio para denunciar estas situaciones.
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